España,el país más corrupto de Europa

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Puesto porJCP on May 11, 2014 in Autores

La corrupción y el fraude se han convertido en una auténtica lacra social sin el menor asomo de poder erradicarse, con niveles de implantación muy superiores a los de otros países de nuestro mismo entorno occidental y cada vez más semejantes a los del tercer mundo o a los propios de regímenes políticos dictatoriales. Claro está, sin que la llamada clase dirigente haga nada verdaderamente serio para atajarla; muy al contrario, todo indica que ya estamos ante un fenómeno ‘normalizado’, que ha saltado todas las barreras morales y políticas hasta el punto de que su práctica no conlleva castigo electoral alguno, no conmueve para nada las estructuras partitocráticas que soportan el sistema político y no amenaza de ninguna forma a las altas instituciones del Estado que toleran su desarrollo.

Prueba de ello es que el escándalo de los falsos ERE de Andalucía, con la evidencia en fase de instrucción judicial de que ingentes cantidades de dinero público han sido desviadas de su función social y con un centenar de imputados, sólo haya servido para que el electorado reafirme su confianza en la misma clase política corrupta que lo ha auspiciado. Al igual que ha sucedido también en la Comunidad Valenciana, cuando el PP de Francisco Camps, implicado en el ‘caso Gürtel’ y en otros muchos escándalos de corrupción pública, ganó las últimas elecciones autonómicas con mayoría absoluta.

Hoy es evidente que, saltando desde la política al conjunto de la sociedad, la corrupción está asumida por los ciudadanos como un mal irremisible y casi imposible de erradicar. Para acreditar esta situación, ahí tenemos, aún pendientes de resolución en los tribunales de justicia o juzgados de forma tardía e insatisfactoria, el saqueo de las cajas de ahorros; la posición de la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la propia Agencia Tributaria en el ‘caso Nóos’; el ejercicio discrecional del indulto gubernativo; el masivo privilegio del aforamiento político; las amnistías tributarias… y hasta la ligereza con que se comportan algunos miembros de la carrera judicial y fiscal en el ejercicio de su responsabilidad profesional, condicionados o no por una dependencia del poder político no sometido ,por no contemplarlo, al principio democrático de la separación de los poderes del Estado.

Por eso, hay constitucionalistas y expertos en Derecho Político que aseguran la inexistencia en España de una auténtica democracia, afirmando que vivimos en una pseudo-democracia, en un sistema de carta otorgada o en una dictadura institucional. Y atados además a un mecanismo legal o suerte de pecado original perverso que imposibilita la modificación sustancial del sistema, dejando aparte el recurso revolucionario.

De hecho, en los últimos tiempos, y mientras se siguen multitud de causas judiciales por corrupción y fraude, los medios informativos destapan cada día,porque no pueden ocultarlo, no nuevos casos vinculados a la política -que también-, sino otros con origen fuera de ella, identificados con personas de muy diversa procedencia, empresas privadas, organizaciones sindicales, clubs de fútbol…, y que bien por su alcance económico o por la singular condición de los protagonistas mueven a un repudio ético y a una total desesperanza ciudadana.

Así, hemos visto recientemente cómo bastantes personas de gran relieve social y prestigio profesional, muchos de ellos distinguidos con premios y honores institucionales, como Montserrat Caballé, Iker Casillas, Leo Messi, Neymar, Ana Torroja… han sido pilladas con las manos en la masa del delito fiscal. O cómo un nutrido grupo de miembros del Cuerpo de Policía tienen que declarar en la Audiencia Nacional implicados en el ‘caso Emperador’, al haber prestado al imputado principal, el empresario Gao Ping, favores administrativos tipificados como delitos según la Fiscalía Anticorrupción y que menoscaban seriamente la imagen pública de la institución policial, sin duda alejados de lo que en el ámbito político pueda suponer el ‘caso Faisán’ pero sintomático del crecimiento de la corrupción funcionarial.

O cómo, por poner ejemplos diversos, simples empleados de las empresas implicadas en el ‘caso Yogui’ (Isolux Corsan, ADIF y otras que puedan surgir en la investigación judicial) -y no solo los cargos políticos- han metido la mano en los desviados presupuestos de las obras del AVE Madrid-Barcelona para enriquecerse presuntamente de forma ilícita…

Todo ello sabiendo la ciudadanía que las grandes fortunas y empresas del país se manejan a las mil maravillas en los paraísos fiscales y en la llamada ‘ingeniería tributaria’ para enriquecerse a toda costa, desentendidas de las cargas económicas que soportan la viabilidad del Estado del bienestar y de la actual situación de crisis nacional. Unas actuaciones evasivas con las que algunos funcionarios públicos no dudan en colaborar de forma encubierta (es decir para facilitarlas y no para perseguirlas), y que según el Sindicato de Técnico del Ministerio de Hacienda (GESTHA) en el Ejercicio de 2012 ya concentraron el 71,8% del fraude fiscal del país con una pérdida superior a los 42.000 millones de euros en el balance recaudatorio del Estado.

¿Y quiere ello decir que, por ejemplo, los Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y fiscales o los funcionarios públicos en general son parte de la trama de corrupción nacional o la sirven de alguna manera? Desde luego que no; pero el continuo incremento de los casos de corrupción y fraude más allá del ámbito político no deja de realimentar una imagen-país en esencia tercermundista.

Esta es sólo una pincelada muy somera sobre el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Su percepción total es bastante más aterradora; hasta el punto de constituir desde hace tiempo la segunda gran preocupación de la sociedad española detrás del paro y muy por delante de todos los restantes males que la aquejan, que son muchos y graves. Preocupación que parece no ser tanta habida cuenta que van, votan y legitiman este régimen corrupto que nos está consumiendo.