Extradición de GONI: ¿Una decisión más política que jurídica?

La no extradición de Sánchez de Lozada, más política que jurídica

La negativa de Estados Unidos de extraditar a Sánchez de Lozada responde a una protección política, coinciden los entrevistados, aunque los actores jurídicos del caso reclaman que hubo poco acompañamiento de parte del Estado.
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont00:04 / 16 de septiembre de 2012
La afirmación de que la negativa de Estados Unidos de extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada tiene un sustento más político que jurídico   es generalizada en opinión de los entrevistados. “Que sea una determinación política es insoslayable”, dice el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín.
Como adelantó La Razón el 6 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el 4 de septiembre a la Cancillería de Bolivia la negativa a la solicitud de extradición del ex presidente de la República, uno de los principales acusados del caso Octubre, referido a la muerte de 67 ciudadanos durante la intervención militar de 2003, que terminó con la dimisión de Sánchez de Lozada.
Sobre esa decisión, el analista Ricardo Paz menciona que Estados Unidos tiene una “conocida doble moral” con relación a los Derechos Humanos (DDHH) tanto “externa como internamente”. Es que “protege a dictadores y gente acusada de masacres, y se rasga las vestiduras con personalidades como Julian Assange” (quien, hay que añadir, no es sospechoso de la muerte de nadie, como sí lo es Gonzalo Sánchez de Lozada).
Quizás por esos mismos antecedentes el presidente Evo Morales haya expresado su pesimismo sobre el caso el viernes 7. “¿Creen que Estados Unidos va a devolver a estos delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad? Imposible”, dijo.
No obstante, la mayoría de nuestras fuentes da a entender que en el trámite de repatriación de los ex emenerristas (Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague) hubo una falta de gestión política y diplomática del Estado.
El más crítico es el ex fiscal Milton Mendoza, quien fue parte del equipo que preparó la solicitud de extradición. No concuerda el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, quien opina que el rechazo de Estados Unidos no es resultado del fracaso de la política exterior boliviana. Para el jurista, la buena relación entre Estados Unidos y Sánchez de Lozada es conocida por todos, por lo que es necesario que un caso como éste sea abordado desde varias aristas; “no es algo que va caer por su peso”.
Mendoza cree que se debió hacer conocer a toda la comunidad internacional el “sentimiento” boliviano sobre la necesidad de extradición del exgobernante. “Los portadores de ese mensaje y de ese sentir son nuestros diplomáticos, pero hay una ausencia de gestión”, juzga.
Cita como ejemplo las acciones asumidas en el caso de Luis Posada Carriles, terrorista anticastrista confeso actualmente refugiado en Estados Unidos. “Cuba ha hecho del caso de Posada un asunto de Estado, igualmente lo hizo el Perú con el caso de (Alberto) Fujimori y, de ese modo, éste país logró extraditarlo”.
Según Mendoza, las gestiones diplomáticas son “muy importantes” en casos en los que se quiere llevar a la justicia a exjefes de Estado que tienen relaciones políticas importantes. “Las decisiones se tienen que tomar en ese mismo nivel. Lo que ha hecho Alurralde ha sido confesar lo patético de este caso”, opina.
Animal Político intentó sin éxito comunicarse con Alurralde, pues éste se encontraba de viaje, tal como informó Consuelo Ponce, responsable de Prensa de la Cancillería. Sin embargo, el domingo, la autoridad expresó en la red Patria Nueva que, aunque ya hay una respuesta negativa de Estados Unidos, la Cancillería no tiene potestad de manifestarse en algún sentido “respecto a los elementos jurídicos”. No obstante, rescató que “al menos” exista una respuesta y Estados Unidos rompa su silencio. “Estoy seguro de que esto (la respuesta) es mejor, obviamente es indignante y frustrante, pero permite seguir avanzando. Esto no se queda aquí y seguramente ellos (las partes demandantes) ya están diseñando las acciones a seguir. En la medida de nuestro mandato, vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias para canalizar todas las acciones”.
Reclamo. Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la masacre de 2003, también siente que faltó “contundencia” de parte de la diplomacia boliviana. Cuenta que hace dos años solicitó mayor acompañamiento, cuando se consideró que el caso tenía un sustrato político. “Sobre la base del requerimiento judicial, nosotros pedíamos a la Cancillería el despliegue de una estrategia político-diplomática. Lamentablemente, no hemos visto que se haya ejecutado” la petición.
Subraya lo clara que es la línea política de Estados Unidos, por lo que él y sus defendidos esperaron —dice— que la Cancillería procure “sumar fuerzas” en escenarios como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y  crear una campaña de información en Europa. “Así se podía exhortar a Estados Unidos para que oiga la solicitud en los términos jurídicos y de justicia que correspondían”. Sin embargo, Mayta admite que, probablemente, haciendo una campaña de ese tipo ese país habría tenido la misma determinación.
Consultado sobre una eventual ausencia de gestión política en el caso, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, considera que es de conocimiento público que existe una relación compleja entre Estados Unidos y Bolivia. Sin embargo, afirma que haber encaminado un convenio marco entre ambos países ha sido un esfuerzo “muy grande” de parte de la Cancillería. “Creo que hablar de la necesidad de un lobby político diplomático para la extradición resulta muy relativo, más aún cuando la contundencia de las acusaciones contra los tres imputados tiene como punto de partida un delito mayor (masacre sangrienta)”.
El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín también siente que el Estado boliviano debe trabajar de manera más “diligente” y critica a quienes formularon la solicitud y demanda. “A veces, para encubrir nuestra propia inoperancia, se acude al discurso antiimperialista, pero en determinado momento, cuando ya se acusaba a Estados Unidos de proteger a Sánchez de Lozada, un funcionario norteamericano dijo: ‘pero por qué reclaman si nunca se ha solicitado ninguna extradición’”, recuerda.
Afirma que el proceso se ha dilatado por “una demanda pésima que inclusive acusaba a Sánchez de Lozada de violación sexual. Por esas fallas se burocratizó la querella, haciendo correcciones”.
Además, “una vez que se hace la solicitud, tiene que haber un acompañamiento, lo cual incluye un apoyo político, pues el distanciamiento diplomático entre ambos países influye. Nunca tenemos la valentía de admitir nuestros errores, el Estado tiene que gestionar e impulsar la extradición”, dice Albarracín Paz va más allá, considera que hay una suerte de una “alianza perversa” entre Sánchez de Lozada y Morales. “Al primero le conviene que Morales siga en el Gobierno, porque eso le asegura que Estados Unidos nunca permitirá su extradición bajo el argumento de que no tendrá un juicio justo; y a éste le conviene el rechazo de extradición para activar su discurso antiimperialista”.
Sin embargo, en criterio del analista, Estados Unidos no tiene ninguna intención de entregar a los acusados por razones políticas. Acepta que hubo errores formales en cómo se encaró la solicitud de extradición, política y jurídicamente, aunque dice que si se hubiera hecho todo correctamente se habría desenmascarado la “doble moral de ese país”.
Jurídico. La experta en Derecho Internacional Karen Longaric explica los aspectos jurídicos de la cuestión, aunque evita los matices políticos. Señala que para la extradición debe haber una “doble incriminación” del delito en ambos países. Esto significa que el crimen por el que se acusa a una persona a la que se quiere extraditar debe estar tipificado en ambos ordenamientos legales. “Esto no significa que tengan que ser idénticos, sino que la conducta subyacente del delito sea considerada delictiva en los dos países involucrados, esto es así más allá de la opinión que se tenga de Estados Unidos”.
Dice que en el caso hubo un error al querer demandar a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague por una serie numerosa de delitos, porque así era más posible que una de las acusaciones no esté tipificada en las normas estadounidenses. Adicionalmente, no ve posible pedir una revisión de la determinación de Estados Unidos, pues significaría que ese país “pase por alto los errores del pedido de extradición”. “Si el ánimo de los fiscales era extraditar a estas personas entonces, al hacer la imputación formal, debían haberse cuidado de hacerlo sólo de los delitos comprendidos en la norma norteamericana. Es un razonamiento elemental. La responsabilidad por la denegación de la extradición recae únicamente en la forma de plantear el proceso”. Longaric afirma que no se puede hablar de que se haya soslayado el tema de fondo por razones políticas porque el tratado “es muy claro”, debe existir la “doble incriminación”.
De todas maneras, el caso sigue, aunque todavía impune. “Nos solidarizamos con la víctimas y llamamos al Estado Plurinacional a extremar todos sus alcances, y se haga una necesaria evaluación de lo que se ha hecho hasta el momento y continúe con las gestiones diplomáticas pertinentes, reparando los errores jurídicos”, dice el defensor del Pueblo, Rolando Villena. Los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, tal cual reclamaron los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, de visita en La Paz el fin de semana anterior
‘Rechazo de extradición es claramente político’: Rolando Villena es defensor del Pueblo
El rechazo de la extradición del expresidente Sánchez de Lozada responde a una posición claramente política. El análisis de los argumentos administrativo-jurídicos intenta soslayar el tema de fondo, es decir, que en Bolivia, durante octubre de 2003, se planificó y ejecutó un plan de violencia de Estado que terminó con decenas de compatriotas asesinados y centenares de heridos.
‘Estos casos necesitan apoyo diplomático’: Milton Mendoza fue fiscal del caso Octubre de 2003
Estos casos no salen por sí solos;  si bien es fundamental un soporte jurídico, necesitan apoyo diplomático y una determinación política. Si el vicecanciller Alurralde dice que la Cancillería sólo sirve para enviar el exhorto de la Justicia boliviana a la norteamericana, entonces sustituimos a nuestros diplomáticos y contratamos un courier, nos sale más barato y más cómodo.
‘No es un fracaso de la política exterior’: Juan Carlos Alurralde es vicecanciller
Es importante decir que (la decisión de Estados Unidos de no extraditar a Sánchez de Lozada) no es un fracaso de la política exterior, sino un tema de índole jurídica. Estoy seguro de que una vez que se analice en la Fiscalía e instancias competentes, van a poder dar una respuesta cabal; pero más importante es lo que viene, porque esto no debe significar que se detiene el proceso. (Patria Nueva)
‘Es un tema político insoslayable’: Waldo Albarracín fue Defensor del Pueblo
La negativa a la extradición es un tema político insoslayable. Hay que entender que más allá de las consideraciones jurídicas hay un tema político, factor que primó en la decisión de Estados Unidos. Uno se puede perder en el análisis jurídico, pero sabemos que los dos Sánchez fueron protegidos, al extremo de que Goni fue sacado del país sin que siquiera pida refugio.
‘No hay que quedarse cruzados de brazos’: Carlos Romero es ministro de Gobierno
Su argucia (de Estados Unidos) jurídica responde a una artimaña política. Hay que seguir agotando los medios que nos franquea el procedimiento del derecho internacional. Era lógico que Estados Unidos iba a proteger a Sánchez de Lozada. Obviamente, no hay que quedarse cruzados de brazos, sino hacer las denuncias y las gestiones jurídicas correspondientes.
‘Pedimos contundencia a nuestra diplomacia’: Rogelio Mayta es abogado de las víctimas de Octubre
Siempre hemos reclamado y pedido mayor contundencia a nuestra diplomacia. Es más, hace dos años lo hemos expresado públicamente. Ahora está claro que el rechazo de extradición tiene forma jurídica, pero el fondo queda al descubierto; es decir, la determinación política que ya tenía EEUU de proteger a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague.
‘Un error fue demandar por una serie de delitos’: Karen Longaric es experta en Derecho Internacional
Un error muy grave fue demandarlo (a Sánchez de Lozada) por una serie de delitos, corriendo el riesgo de que ellos no estuviesen tipificados en la norma norteamericana, y eso es lo que ocurrió. No creo que pueda ser posible que se haga una revisión, pues se han determinado errores de fondo y forma en el planteamiento de la demanda que ha hecho Bolivia.
‘La justicia boliviana es  el pretexto del rechazo’: Ricardo Paz es analista político
La situación de la Justicia boliviana, subordinada al poder político y reputada de que no es independiente, es el pretexto perfecto no sólo para Estados Unidos, sino para cualquier país que tenga algún tema relacionado a una extradición. Sánchez de Lozada debe ser la persona más interesada en que las cosas sigan como están, porque en estas condiciones nunca lo podrán extraditar.