El pueblo libio vive en libertad desde el pasado 23 de octubre. Se ha liberado del yugo de la dictadura que durante 42 años se sostuvo en la figura de Muamar Gadafi. Ahora, los mismos países que mantuvieron al dictador son los encargados de presionar al Consejo Nacional de Transición para la construcción de un Estado a imagen y semejanza de Occidente que satisfaga los intereses que países como Francia o Reino Unido han depositado en la operación Protector Unificado. El petróleo es el principal caballo de batalla de estos intereses, pero no el único. Por el contrario, pocos miembros de la comunidad internacional son capaces de reconocer que Libia es un país africano y que el modelo que surja dentro de siete meses en las futuras elecciones reflejará, si todo se hace con consenso y transparencia, únicamente los intereses y la idiosincrasia propia del país magrebí.
«El primer desafío y el de mayor importancia para las autoridades libias ahora es garantizar la seguridad», Ian Martin (ONU) / AFP
El pasado 23 de octubre se abrió un nuevo horizonte para Libia. Con los cuerpos del fallecido dictador Muamar Gadafi y uno de sus hijos, Mutasim, todavía expuestos en una cámara frigorífica de un polígono de Misrata y centenares de Libios haciendo cola con el objetivo de comprobar la veracidad de la noticia, Mustafa Abdul Jalil, presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT), tomaba el micrófono en la Plaza Tahrir de la ciudad de Bengasi –cuna de las revueltas– para declarar la «liberación total de la tierra libia». Clavando su rodilla en el suelo, el presidente declaró que «toda ley contraria a los principios del Islam» quedaría anulada, hizo múltiples referencias a la «ley de Dios» y llamó al pueblo a tener «paciencia», ser «tolerantes» y confiar en la ley y no en las armas para resolver sus diferencias. Abdul Jalil abrió con sus palabras el camino hacia la transición democrática de Libia.
De este modo, los interrogantes que se presentan ahora para la construcción de una nueva Libia son amplísimos: ¿Qué sistema político adoptará? ¿Qué representación tendrán en él los diferentes intereses y etnias del país? ¿Cuándo se recuperará la capacidad productiva de hidrocarburos y cómo se afrontará la reconstrucción? ¿De qué manera se garantizará el orden y la desmilitarización y reinserción de los combatientes en la población?... Todas estas preguntas suponen grandes desafíos para un CNT que ha perdido su principal interés común, terminar con el hombre que durante más de cuatro décadas había ejercido su poder de forma represiva, y en el que comienzan a aflorar una serie de diferencias que solo podrán ser resueltas mediante una trabajosa política de consenso e integración.
Representatividad ante todo
Libia es un país que ocupa una superficie de casi 1.760.000 kilómetros cuadrados, algo más del triple de España, y que tiene una población siete veces inferior a la de nuestro país, formada por 6.600.000 habitantes. Esta pequeña población, tal y como afirma Haizam Amirah (Investigador principal del Mediterráneo y el Mundo Árabe del Real Instituto Elcano), presenta una característica ventajosa para la política inclusiva que debe adoptar el gobierno transitorio. Las etnias bereber y árabe son las mayoritarias y el 97% de la población profesa el islamismo sunní, según el The World Factbook de la CIA. Esta homogeneidad «en términos étnicos, lingüísticos y religiosos», sostiene Amirah, «pude facilitar la búsqueda de consensos nacionales».
Sin embargo, no debemos perder de vista las diferencias existentes tanto en la población como en el propio seno del CNT. Hasta ahora, el sistema geopolítico de organización en Libia ha sido el de las tribus. Cerca de 140 clanes se encuentran repartidos en tres grandes regiones: la Cirenaica, Tripolitana y Fezzana y es casi seguro que cada uno va a reclamar su parte de poder en el nuevo Gobierno libio.
La rebelión surgió en la Cirenaica, en el Este, por lo que casi todos los rebeldes forman parte de la tribu dominante en esta zona, la Zuwayya. Además aquí se encuentra la ciudad de Bengasi, cuna de los primeros focos de rebelión.
Por otra parte, en el Oeste, la Tripolitania está dominada por el clan Warfalla, el más grande del país, que tardó algo más en sumarse a las revueltas. Además, en esta zona la tribu de los Gaddadfa, que mantenía ciertos privilegios por ser a la que pertenecía Gadafi, se vio desprotegida desde la desaparición del dictador y su unidad se resquebrajo, manteniéndose solo algunos grupos fieles al régimen.
Por último, cabe destacar los intereses de Misrata, ciudad al Oeste del país, que se jacta de haber realizado los mayores sacrificios por haber sido la ciudad más asediada durante los siete meses de guerra civil. A todo esto hay que sumarle las ambiciones individuales de determinadas personalidades políticas y las rivalidades tribales que ya han dejado entrever su interés por formar parte del nuevo proyecto político del país.
Todas estas divisiones en el interior del CNT hacen augurar a Amirah una fragmentación del propio Consejo en diferentes partidos políticos. Un paso que se puede calificar como positivo siempre que se garantice un sistema representativo y democrático inexistente hasta la fecha en el país.
Con el nombramiento de un nuevo Gobierno de transición, que tomó juramento la penúltima semana de noviembre, el CNT ha intentado reflejar tímidamente esta intención de dar voz a todos. Así el perfil del nuevo jefe de Gobierno, Abdelrahim Elkib, representa el modelo de juventud que debe intentar atraer el país. Elkib es un ingeniero de 38 años nacido en Trípoli, que se formó en EEUU y que, providencialmente, forma parte del Cartel de expertos del Instituto del Petróleo de Abu Dabi. Además, Abdelrahim Elkib sustituyó en el cargo a Mahmud Yibril, personaje que despierta pocas simpatías entre los sectores islámicos. Esta misma línea sigue el nombramiento del resto de ministros transitorios, entre los que se incluyen algunas mujeres como la ministra de Salud, Fatima Aljush, o la de Planificación, Aisa al Tuwajar, otorgando su cuota de participación también a las mujeres. Este grupo, según lo previsto, se mantendrá en su cargo hasta la celebración de elecciones dentro de siete meses.
Sin embargo, esta pretendida representatividad no es del gusto de todos. Según Reuters, cinco miembros del CNT pertenecientes al pueblo Amazigh (bereber) decidieron no asistir a su toma de posesión para expresar su protesta por el hecho de que su grupo étnico no haya conseguido más puestos ministeriales.
Solo cinco miembros del nuevo Gobierno de transición no acudieron a su toma de posesión para denunciar la poca representación del pueblo bereber en el ejecutivo / REUTERS
La controvertida aplicación de la ley islámica
Al mismo tiempo que se propone una integración política, Libia debe enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el modelo legal que aplicará en el futuro Estado. Las manifestaciones que sus líderes hicieron en octubre a cerca de aplicar la Sharia, interpretación legal de los contenidos del Corán, hicieron correr la voz de alarma sobre el posible surgimiento de un foco de radicalismo islamista. Por este motivo, Abdul Jalil se vio obligado a suavizar sus afirmaciones del 23 de octubre asegurando que se aplicaría de una forma moderada.
Algunos periodistas como Marta Riesgo (Intereconomía), sostienen la teoría de que la revolución libia no es más que un pretexto de los radicalistas islámicos para llegar a las estructuras de poder del país. Para defender esta hipótesis se basan en la localización de la ciudad de Darnah en la zona Cirenaica donde surgieron las revueltas. Los documentos encontrados por las fuerzas norteamericanas en Irak en 2007 revelaron que de los 112 combatientes extranjeros procedentes de Libia, Darnah, con una población de 48.000 habitantes, había suministrado un total de 52 efectivos, lo que sitúa, según Riesgo, a esta ciudad como uno de los principales focos de exportación de terroristas del mundo.
Lo que es innegable es que, independientemente de los métodos utilizados, Gadafi era bien visto a ojos de occidente, entre otras cosas, porque mantenía el control de los grupos de terroristas salafistas. Para desmentir esta teoría, el Gobierno del CNT debe afrontar una política clara en materia de terrorismo internacional.
Detrás de la controversia sobre la aplicación de la Sharía se esconde, sin embargo, una gran oportunidad. Todo depende de cómo se decida aplicar esta ley. Para ello, los libios cuentan con dos modelos claramente diferenciados entre los cuales puede bascular su exégesis legal. En un extremo estaría el ejemplo de Irán, que ocupa el segundo lugar después de China en número de ejecuciones según un informe emitido en 2007 por Amnistía Internacional, y, en el otro, está el caso de Turquía, de donde se puede tomar el ejemplo de partidos islámicos de corte conservador y demócrata que conviven en el juego político y ayudan a «proteger una identidad cultural amenazada por el colonialismo», tal y como afirma Inés Eléxpuru, directora de comunicación de la Fundación para la Cultura Islámica en España.
Asimismo, el proceso de transición al que se enfrenta el pueblo libio estará claramente influenciado, para bien o para mal, por todo lo que pase en los procesos similares más avanzados de Túnez o Egipto.
Una transición plagada de intereses occidentales
Pocos días después del anuncio de la total liberación del país, el 31 de octubre, la OTAN anunció su retirada y puso fin a la operación Protector Unificado. Esta operación comenzó con la exigencia el 26 de febrero de 2011, mediante la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), del fin de la violencia y el respeto de los derechos humanos. Esta declaración vino auspiciada por la condena pública de los mismos puntos por parte de la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica. Para ello, el CSNU estableció en esa misma resolución el embargo de armas y la prohibición de viajar y la congelación de activos para Muamar Gadafi, sus familiares y los principales cargos de la Jamahiriya Árabe Libia, un “gobierno de las masas” sustentado en consejos locales y tribales cuyo privilegio dependía en última instancia del dictador Gadafi.
Estas medidas se endurecieron el 17 de marzo con la célebre resolución 1973 que otorgaba a los Estados la autorización para tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles sin llevar a cabo una ocupación sobre el territorio y establecía una zona de exclusión aérea y prohibición de vuelos. Todas estas medidas se vieron reflejadas en distintas operaciones militares acometidas por los países miembros y bautizadas de diferente forma. El nombre en clave más conocido fue “Operación Amanecer de la Odisea” u “Odisea del Amanecer”, otorgado por los estadounidenses.
Sin embargo, desde el 24 de marzo los norteamericanos se hicieron a un lado para conceder el protagonismo a la OTAN en una misión liderada por Francia y Reino Unido. Esta operación, que pasó a denominarse “Protector Unificado”, se sustentaba en las dos resoluciones del CSNU y pretendía mantener la seguridad de los civiles.
Durante algo más de siete meses de operación la Alianza ha contado con cerca de 8.000 efectivos, más de 260 medios aéreos (aviones de combate, vigilancia y reconocimiento, abastecimiento, aeronaves no tripuladas y helicópteros de ataque) que han realizado más de 26.500 salidas en las que han destruido más de 5.900 objetivos militares, incluyendo piezas de artillería, lanzacohetes y vehículos blindados, y han realizado más de 2.500 movimientos de asistencia humanitaria por tierra, mar y aire, según las estadísticas del operativo publicadas por la OTAN el pasado 2 de diciembre. España aportaba a este contingente cuatro cazabombarderos F-18, retirados por la ministra Carme Chacón a mediados de octubre; un submarino, el Tramontana, que también regresó antes del final de la operación; la fragata Álvaro de Bazán; dos aviones de reabastecimiento en vuelo y uno de patrulla marítima, con un total de 450 efectivos destinados a esta misión.
El ministro de Defensa británico, Philip Hammond, ha reconocido recientemente que su país ha gastado 252 millones de euros en la operación en Libia. Francia declaró en octubre haber invertido 300 millones de euros y España ha gastado casi 15 millones de euros mensuales, según fuentes del ministerio de Defensa. Ante estas cifras, es evidente que los gobiernos europeos pensaban recuperar con creces estos beneficios.
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, el líder Mustafa Abdul-Jalil de Libia y el primer ministro británico, David Cameron, durante su visita a Benghazi (Libia, 15/09/2011) / AP
París y Londres han multiplicado por cien las ganancias por cada millón invertido en los ataques, según publicaba Javier Velilla el pasado 12 de diciembre en el diario vasco Deia. Por otro lado, el papel neutral y secundario que han jugado Rusia, China y EEUU también les pasará factura. Así la empresa aeronáutica británica Eurofighter se ha hecho con un contrato de fabricación de aviones para las Fuerzas Aéreas indias valorado en 25 millones de dólares y Francia ha acordado la venta de sesenta cazabombarderos de fabricación nacional para las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes que pueden suponer ingresos de entre 6.000 y 8.000 millones de euros para la empresa fabricante. Además, el país galo ya ha pactado, según Velilla, la explotación del 35% de los hidrocarburos libios.Por su parte Rusia es hasta ahora la gran afectada por la decisión de abstención en el CSNU al votar la resolución 1973. Como informa Velilla, ha perdido ante Reino Unido el contrato de fabricación de 126 cazas para la India y la empresa rusa Roboronexport ha visto decrecer en 4.300 millones de dólares sus ingresos en Libia.
Ahora bien, siguiendo la tesis de la investigadora del Real Instituto Elcano Alicia Sorroza, el presidente francés Nicolas Sarkozy ha encontrado al ponerse al frente de la intervención en Libia la oportunidad que necesitaba su país para alzarse con el liderazgo en materias de defensa y seguridad nacional en la Unión Europea y paliar así la preponderancia de Alemania en los asuntos económicos. Además, Sarkozy ha visto crecer su popularidad interna, muy beneficiosa de cara a la carrera por la reelección en las presidenciales del año próximo.
Por otro lado, Reino Unido ha seguido la estela francesa principalmente para defender sus intereses económicos. British Petroleum (BP) tiene un papel destacado a tener en cuenta, recalca Sorroza. «A pesar de un acuerdo de 2007 en el que se pretendía extraer recursos por el valor de un billón de dólares, las negociaciones (…) se estancaron debido a las reclamaciones por parte de Trípoli de que se liberara al responsable de la bomba de Lockerbie, Abdel Baset al-Megrahi». Sin embargo, ante las ingentes pérdidas económicas de BP tras el accidente en el Golfo de México, la posibilidad de redirigir sus intereses al país magrebí y no depender exclusivamente de EEUU ha sido un gran incentivo para la colaboración británica en la operación Protector Unificado.
Ya con el Consejo Nacional de Transición (CNT) en Trípoli, reconocido como representante del pueblo libio por la Asamblea General el 16 de septiembre, la ONU decidió abordar la construcción de unas bases para la futura transición. «Establecer un Gobierno de transición inclusivo y representativo con participación plena e igualitaria de las mujeres (…), respetar los acuerdos de no proliferación (…) y promover y proteger los derechos humanos» son los principales objetivos que estableció la resolución 2009. Además, para cumplir estas metas, la misma resolución creó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). Esta misión, cuyo mandato inicial de tres meses ha sido extendido hace unas semanas hasta el 16 de marzo de 2012, tiene por objetivo apoyar al CNT en la reconstrucción y restauración del Estado de Derecho, colaborar en la redacción de un proyecto de Constitución, promocionar la reconciliación y contribuir en la preparación de las futuras elecciones y, desde la prolongación del mandato, colaborar en el desarme y evitar la proliferación de armas en la región.
Respeto a los acuerdos de no proliferación
Centenares de armas continúan todavía en manos de la población civil / AFP
«El primer desafío y el de mayor importancia para las autoridades libias ahora es garantizar la seguridad», declaraba Ian Martin, representante de Naciones Unidas para Libia, en su último informe para el Consejo de Seguridad. El de las armas es quizás uno de los temas que más preocupan hoy a una comunidad internacional que, hasta el inicio de las operaciones y desde el levantamiento del embargo de armas en 2004, se ha estado lucrando de la venta de armamento al régimen de Gadafi. Entre 2005 y 2009 Italia recibió pagos que ascienden a 276,7 millones de euros, Francia obtuvo 210,15 millones y Reino Unido 119,35 millones por venta de armas a Libia. España, en el mismo periodo realizó ventas por 7,69 millones de euros, según datos publicados por The Guardian.El pueblo libio, esos rebeldes a los que debemos empezar a nombrar de otra manera, fue adueñándose de estas armas de fabricación europea que quedaban en las zonas ganadas a los fieles al régimen de Gadafi. Ahora, los estados que las vendieron declaran que es el momento de controlar esas armas y, con la ayuda de la UNSMIL, el Gobierno libio de transición anunció su intención de desarmar a los civiles antes de fin de año. Para ello, el Consejo Local de Trípoli (CLT) ha fijado el 31 de diciembre como fecha tope para que los civiles de la capital entreguen las armas y la munición que queda en sus casas.
Sin embargo, a todas estas medidas ha de seguir un proyecto de reinserción de los milicianos en la vida civil. El CLT ha dado hasta el próximo 20 de diciembre para que se disuelvan las milicias de la ciudad y les ha ofrecido la posibilidad de integrarse en las nuevas fuerzas armadas del país. Posiblemente esta sea la línea a seguir en todo el Estado, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los excombatientes son personas sin formación militar y esta puede ser la gran pega al proyecto de desmilitarización.
La reconstrucción no puede pagarse solo con oro negro
Por otro lado, la reconstrucción del país no solo puede depender de la ayuda extranjera. Como apunta Haizam Amirah, investigador del Real Instituto Elcano, Libia es el país que cuenta con las mayores reservas de petróleo de África. Casi un 80% del petróleo que se produce en Libia se exporta a Europa y es Italia el país que más depende de estas exportaciones, en un 32%.
A pesar del parón que ha sufrido la producción a lo largo de los cerca de ocho meses de conflicto, la extracción de petróleo en Libia ya ha repuntado hasta los 750.000 barriles por día (bpd), según anunció el jefe de la Corporación Nacional de Petróleo, Nuri Berruien. El mismo, declaraba hace algunas semanas que se espera llegar a una producción de 800.000 bpd antes de final de año, por lo que la cifra no deja de ser positiva. Sin embargo, todavía está lejos del ritmo de 1,6 millones de barriles diarios que se producían antes de la guerra. Un nivel que no se prevé recuperar hasta junio de 2012.
Es tal el interés petrolífero de Libia que en el nuevo cambio en el Gobierno se ha nombrado un ministro específico de Petróleo y Finanzas, Ali Tarhuni, que ha representado al país en la última cumbre de la OPEP celebrada el pasado 11 de diciembre.
Libia era, antes de la guerra, el decimoctavo productor mundial de petróleo y tiene unas reservas confirmadas de 46.000 millones de barriles, aparte de todo lo que queda por explotar. Sin embargo, no puede mantener su economía exclusivamente a costa de los hidrocarburos como ha estado haciendo durante 42 años de dictadura, sostiene Ronald Bruce St. John, antiguo miembro del consejo consultivo internacional de The Journal of Libyan Studies y del Grupo de Trabajo sobre Libia del Atlantic Council. Por lo tanto, otro de los retos del Gobierno libio será diversificar empresarialmente la economía del país.
Las pretensiones de Tarhuni en este sentido son privatizar al máximo un sector que antes estaba en su mayor parte en manos del Estado. Algo que indudablemente revertirá en mayores ingresos para el país. Asimismo, el ministro ha asegurado la permanencia de los contratos de las cerca de 40 empresas internacionales (incluida Repsol) que ya gozaban de ellos desde que en 2004 Gadafi relajara sus restricciones. Estos se respetarán siempre y cuando no se demuestren irregularidades en dichos acuerdos.
La española Repsol, la francesa Total, la alemana Wintershall, la italiana ENI (que ostentaba la mayor presencia en la Libia de Gadafi) y la British Petroleum (que apunta a convertirse en la actual empresa dominante), todas originarias de países miembros de la OTAN y participantes activos en la guerra, son las principales empresas a tener en cuenta en el país. La incógnita queda, por tanto, en qué actitud tendrá el Gobierno libio con los intereses petrolíferos de Rusia y China cuando comiencen las negociaciones. Además, la ONU y los Estados participantes en el embargo deberán desbloquear poco a poco esos fondos financieros que retuvieron al dictador, pero siempre mediante un proyecto consensuado que garantice la reutilización de estas importantes sumas de dinero para el beneficio de la población del país.
Cimientos transparentes: la necesaria depuración de responsabilidades
Sirte fue la última ciudad en caer. No en vano allí se encuentran aproximadamente el 80% de las reservas probadas de petróleo, unos dos tercios de la producción petrolera del país, y es la ciudad natal de Gadafi. Allí estaba escondido el dictador y allí fue capturado y maltratado no se sabe si por la intervención exclusiva del CNT, de tropas de la Alianza o por una mezcla de ambos.
Lo cierto es que multitud de vídeos sobre la captura han circulado por Internet poniendo a prueba el sensacionalismo de los medios de comunicación occidentales. En algunos, se escucha como ciertas voces piden que no lo maten, que debe ser juzgado. Finalmente murió, y su fallecimiento, asesinato o ejecución –según determine la comisión de investigación independiente solicitada por la comunidad internacional y creada por el CNT días después del suceso– cierra, en palabras de Amirah, «una etapa negra en la historia de Libia, sin que haya posibilidad de vuelta atrás».
Sin embargo, tanto el CNT como la comunidad internacional deben apostar por resolver con la mayor transparencia posible tanto este caso como los juicios inconclusos de Saif al Islam, hijo del dictador, o de Ali al Mahmudi, ex primer ministro gadafista. En esta línea son acertados los pasos dados por el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, reconociendo la posibilidad de celebrar los juicios el Libia siempre que se respete el marco del la legalidad internacional.
Asimismo, y para comenzar a levantar una nueva Libia sobre unos cimientos sólidos y sin resentimientos, el CNT debe poner una solución a la denuncia de diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos que hacía suya hace unos días el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, al señalar ante la Asamblea que 7.000 personas continúan retenidas en centros de reclusión improvisados, sin haber sido sometidos a un proceso judicial justo y sufriendo, en algunos casos, discriminación racial y malos tratos.
En definitiva, la construcción de una nueva Libia pasa por lo que el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, califica como la «estrategia de las ‘tres D’»: disuasión, diplomacia y desarrollo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no debemos olvidar que Libia es un país africano y que la estructura estatal que resulte de su proceso de transición tendrá sus propias particularidades, más o menos cercanas a los intereses occidentales y con mayor o menor intención de establecer relaciones bien hacia el mundo árabe, bien hacia África en general o hacia Occidente en particular. De lo que no cabe duda, es de que este proceso, si se aborda adecuadamente, reflejará la propia idiosincrasia del pueblo libio.
La democracia, el consenso, la representatividad y
la transparencia sentarán las bases para la construcción de una nueva Libia adaptada
a su propia personalidad / CRETHI PLETHI