Derechos Humanos
Mediante un informe, el Grupo IDEA pidió a la CPI que actúe preventivamente para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela
El expresidente colombiano, Andrés Pastrana, quien habló desde la sede de la CPI, explicó que en el documento entregado al Fiscal, se hace referencia al informe presentado previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la OEA. Este informe califica los hechos ocurridos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio como prácticas de terrorismo de Estado. El comunicado destaca la reciente orden de detención contra Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como el presidente electo de Venezuela.
En el escrito, los exlíderes señalan que "los crímenes de lesa humanidad ejecutados y que siguen ocurriendo en Venezuela son la obra de una estructura militar bajo el mando directo de Nicolás Maduro Moros", en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Este control se oficializó con la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2020, lo que le ha permitido ordenar sin mediación las operaciones militares de represión en todo el país.
El Grupo IDEA advirtió que "Maduro Moros ejecuta su política represora de Estado a través del Comando Estratégico Operacional y sus regiones militares de defensa integral, que están desplegadas por todo el territorio venezolano", lo que ha convertido al régimen en una dictadura militar que domina los poderes del Estado y las riquezas del país. Según los exjefes de Estado, esta situación evoca las dictaduras militares del Cono Sur, que también fueron responsables de crímenes sistemáticos contra los derechos humanos.
Llamado a la CPI
El Grupo IDEA solicitó a la Corte Penal Internacional que, además de sancionar a los responsables dentro de la cadena de mando militar, actúe preventivamente para detener la ola de violaciones de derechos humanos que sigue ocurriendo en Venezuela. Estas violaciones incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
"Hacemos un llamado urgente para que la Corte cumpla su función preventiva, además de sancionar, y detenga las continuas violaciones sistemáticas de derechos humanos", concluye el comunicado firmado por los 31 exjefes de Estado y de Gobierno.
El documento fue firmado por Mario Abdo B. (Paraguay), Óscar Arias S. (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), José María Figueres (Costa Rica), Vicente Fox Q. (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Felipe González (España), Osvaldo Hurtado L. (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad W. (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), Carlos Mesa G. (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana A. (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mariano Rajoy (España), Miguel Ángel Rodríguez E. (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Álvaro Uribe V. (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay)
El expresidente colombiano, Andrés Pastrana, quien habló desde la sede de la CPI, explicó que en el documento entregado al Fiscal, se hace referencia al informe presentado previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la OEA. Este informe califica los hechos ocurridos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio como prácticas de terrorismo de Estado. El comunicado destaca la reciente orden de detención contra Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como el presidente electo de Venezuela.
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