Hasta aquí…suma y sigue…

Puesto porJCP on Jul 30, 2012 in Autores

En el Consejo Europeo del pasado 28 de junio se sentaron pretendidamente las bases para la solución definitiva de la crisis de la Eurozona. Con los resultados, no por esperados, menos frustrantes por todos conocidos. Desde entonces –¡y hace apenas un mes!— se han multiplicado las intervenciones y los debates en el Congreso de los Diputados sobre la crisis económica y financiera, y el anterior mutismo del gobierno del PP ha trocado en una atropellada catarata parlera en la semana previa a las vacaciones estivales.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció para dar cuenta del Consejo Europeo ante el pleno el de las Cortes el 11 de julio; con un retraso parlamentariamente descortés –por decir lo menos—, que ni siquiera sirvió para aclarar mínimamente los términos de lo allí acordado. El 17 de julio, Luis Linde, nuevo presidente del Banco de España, ante la comisión de economía. El 23 de julio, el ministro de economía De Guindos, para explicar el memorándum del rescate del sector financiero, en la misma comisión. El 24 de julio, el ministro de hacienda Montoro, en el debate plenario sobre la ley de techo presupuestario. Y los días 24 y 26 de julio la comisión de economía ha escuchado al ex-viceministro de economía Campa, al ex-presidente del Banco de España Fernández Ordóñez, al ex-presidente de CaixaNova Fernández Gayoso, al ex-presidente de Bankia Rato, al ex-presidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y a la ex-ministra de economía Elena Salgado sobre los motivos de la crisis financiera.

El aplazamiento durante meses de este debate sobre las causas y las medidas adoptadas por el gobierno Rajoy para hacer frente a la crisis financiera, así como sobre la herencia recibida del gobierno Zapatero, ha sido excusado en la comisión de economía por el PP con el argumento del posible daño a la negociación del rescate por la UE del sector financiero español: no quería alentarse un clima de desconfianza que perjudicara a la prima de riesgo de la deuda soberana y agravase las condiciones del rescate. Firmado el Memorándum, la mayoría parlamentaria del PP, tras rechazar la comisión de investigación solicitada por la Izquierda Plural, y aceptadas varias querellas judiciales contra los directivos de Bankia, ha impuesto un procedimiento encorsetado de debate en la comisión de economía. El objetivo era evidente: la culpa de todo ha de cargarse en el Debe de la herencia recibida.

Mientras el poder de las palabras se manifestaba en otra parte –el 26 de julio, el presidente del BCE, Mario Draghi, aseguraba tautológicamente que su función es salvar al euro y puede hacerlo: y al punto, la tasa de interés de la deuda cayó, la prima de riesgo bajó y la bolsa recuperó los 6.000—, la facundia parlera escenificada en las Cortes sobre la etiología de la crisis financiera española servía al menos para despejar algunos interrogantes y abrir otras dudas. La apabullante homogeneidad ortodoxa de unos y otros en el “análisis” de las causas se enfangaba en un pantano de disparidades a la hora de dirimir y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas sin solución de continuidad por los dos gobiernos, el del PSOE y el del PP, para concluir que la culpa la tenía una doble recesión sin precedentes desde 1930 y los dos decretos de febrero y mayo del gobierno Rajoy.

El relato “ortodoxo” de la crisis y reestructuración del sector financiero

Podemos ahorrarnos por ahora la intervención de Montoro sobre el techo presupuestario, dedicada a flagelar a las comunidades autónomas que en los días siguientes acudirían a la línea de crédito del Gobierno central para ser rescatadas (Valencia, Murcia y…Cataluña, por ahora).

Las de Linde y De Guindos supusieron un auténtico esfuerzo por fijar los parámetros de lo “ortodoxo” en el debate, y restringir a ese marco “teórico” la búsqueda de las causas y la identificación de responsabilidades en el proceso que culminó con la nacionalización de Bankia y, como consecuencia,  con el rescate por la UE de casi el 50% del sector financiero español. Estas cinco resultaron particularmente destacadas:  1) “politización” de las Cajas de Ahorro; 2) fallos de supervisión y regulación del Banco de España; 3) una burbuja inmobiliaria, y el consiguiente endeudamiento privado, que el primer gobierno Zapatero debería haber pinchado entre 2004 y 2008; 4) pérdida de competitividad y crecimiento desmesurado de la deuda externa comercial como consecuencia de la “rigidez” del mercado laboral; y 5) el crecimiento incontrolado del déficit público por las políticas “populistas” del segundo gobierno Zapatero entre 2009 y 2011.

Todo ello habría provocado una serie de “desequilibrios” en la economía española a partir de 2003; hubo un momento óptimo de corrección entre 2009 y 2011, pero se desaprovechó. La fórmula de “equilibrio” del modelo se desconoce, pero volver al buen camino se supone que exige ineluctablemente: “consolidación fiscal y ahorro” (eufemismo de recortes), “reformas estructurales para ganar competitividad” (devaluación interna) y “saneamiento del sector financiero”. La combinación de los “desequilibrios” internos, la crisis financiera internacional y los problemas de diseño institucional del euro habrían provocado en 2011 una gravísima segunda recesión, tras la de 2008-2009, que ni los servicios del Banco de España ni otros analistas fueron capaces de prever. El fantaseado “equilibrio”, ni que decir tiene, dispensa de cualquier análisis dinámico y de la descripción empírica del carácter cíclico de la economía española tras los 15 años de crecimiento, consolidación y crisis de un modelo basado en el ladrillo y el salvaje endeudamiento del sector privado (empresas y familias) en un contexto de salarios reales prácticamente estancados.

Sí se ofreció una descripción cronológica –que no dinámica— del desarrollo de la reforma del sector financiero desde 2008. En claro contraste con la posición de todos los intervinientes ante la comisión de economía, Luis Linde no tuvo empacho en opinar sobre lo hecho por sus antecesores, para asumir sus errores y situar la futura orientación del Banco de España –en los estrechos límites marcados por la cesión de competencias exigidas en el Memorandum y ante una vagarosamente futura unión fiscal de la UE— en una línea de continuidad.

La reforma del sector financiero aparece claramente dividida en dos fases: de 2008 a 2011 y los dos decretos del gobierno Rajoy de 2012. La primera, que Elena Salgado calificaría de política “gradualista”, e inspirada, según Fernandez Ordoñez, por el Banco de España tenía como objetivo transformar las Cajas de Ahorro en bancos: concentrarlas (de 45 a 17), obligarlas a la reestructuración a través de un desapalancamiento del sector inmobiliario con un crecimiento paulatino de las exigencias de capital principal y de provisiones ante la morosidad, teledirigir este proceso desde el FROB y, finalmente, facilitar la compra del 50% del sector financiero más débil por los grandes bancos privados. Según Linde, este proceso fue obstaculizado por el mal diseño del llamado “sistema institucional de protección” (SIP) –que consintió en retrasarlo—, por la cesión del Banco de España ante las instituciones internacionales a la hora de aplicar su mecanismo de provisión anticíclica –que hubiera hecho las veces de anticipada política macroprudencial— y por los efectos imprevistos de la doble recesión.

Ello habría obligado a “adoptar un enfoque más radical”, según Linde, con los dos decretos De Guindos de febrero y mayo del 2012, cuyo objetivo era “reestablecer la confianza” y la capacidad de financiación en los mercados internacionales del sector bancario español en proceso de concentración, elevando las provisiones ante posibles pérdidas futuras de los créditos morosos y substandard. Solo en 2012 ello suponía un aumento de las provisiones en 59.000 millones de euros, y de 10.000 millones en capital principal, para el conjunto del sector bancario español.

En total, el proceso de reestructuración bancaria iniciado en 2008 habría supuesto unos 200.000 millones de euros, el 20% del PIB, lo que bloqueó el flujo de crédito en la economía española, induciendo su asfixia paulatina.

Como es suficientemente obvio, esta estrategia de “privatización” y bancarización de más del 50% del ahorro popular en favor de la gran banca privada ha fracasado, hasta el punto de obligar al gobierno Rajoy a pedir el rescate europeo de este proceso, perder su control sobre el mismo en los términos condicionados del Memorándum y abrir una tercera fase de la reforma financiera con un coste para el erario público de entre 60.000 y 100.000 millones de euros (entre el 6% y el 10% del PIB). Sin embargo, como Linde se encargó de subrayar, el objetivo de la fase actual sigue siendo el mismo: la venta a los grandes bancos privados de las entidades bancarias viables y convenientemente saneadas con dinero público, descartando sin mayores argumentos cualquier programa alternativo de desarrollo de una banca pública.

Esta narrativa “ortodoxa” del nuevo presidente del Banco de España presenta esa estrategia como la única posible. El sinnúmero de problemas y tropiezos que han terminado por llevar a las exigencias de rescate serían el resultado de presiones exógenas, obstaculizadoras del normal desarrollo de las medidas previstas: la “politización” de los órganos de gestión de las Cajas, en el caso de los SIP (como si las direcciones del Santander o del BBVA, por ejemplo, no tuvieran nada que ver con la política y los políticos); las decisiones desreguladoras del sector bancario por parte de las instituciones internacionales en cuanto a la previsión anticíclica; los efectos de la doble recesión en las tasas de morosidad, etc. Falta, en suma, de capacidad regulatoria por parte de la institución supervisora del sistema.

¿Tuvo la culpa la herencia del gobierno Zapatero?

Las intervenciones que siguieron, los días 24 y 26 de julio, abrieron no pocos boquetes en el mostrenco dique levantado por esta versión “oficial”. Campa y Elena Salgado se han centrado en defender la orientación de la estrategia de reforma del sector financiero, la solvencia de la “mayoría [sic] del sistema”, capaz de rentabilizar la reestructuración (el objetivo) y su carácter gradual y controlado, en los límites de los avales públicos. “Las decisiones que se han tomado después de mi salida son legítimas. Las consecuencias están a la vista de todos, así que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio”, concluiría Elena Salgado.

La interpretación del PP es que la orientación, efectivamente, era correcta, pero que las políticas “populistas” del gobierno Zapatero y su incapacidad para reducir el déficit público en la primera fase de la recesión, de 2008 a 2011, obligó a una política de ajuste de choque para mantener la capacidad de financiación exterior del Estado, limitando al mismo tiempo la capacidad de intervención pública reforzada del FROB, forzándole a exigir nuevas garantías y provisiones al sector financiero para mantener la “confianza” de los mercados y, finalmente, ante el agotamiento de su margen de maniobra, con la tasa de interés de la deuda soberana al 7,5%, pedir el rescate de la UE en unas “condiciones muy favorables”. La legitimidad de la mayoría absoluta del PP, su principal aunque menguante activo en esta situación, queda así justificada: “hago lo que hay que hacer, aunque no me guste”, como repite Rajoy.

¿Se justifican los decretos de febrero y mayo sobre la reforma del sector financiero, igual que los sucesivos recortes presupuestarios de 20.000 millones de euros, primero, y 65.000 millones, después, por el déficit cercano al 9% —y no del 6%—, heredado del gobierno Zapatero? A pesar de las reticencias de Rajoy a utilizar este argumento, ha ido cogiendo fuerza en los últimos meses, especialmente en las intervenciones del PP en el Congreso estos días, como respuesta al doble fracaso de su programa oficialmente público (“un gobierno que de confianza a los mercados y la UE”) y de su verdadera agenda oculta, como hemos analizado en SP. Hasta el punto de convertirse en un argumento central en el debate. Cuando Elena Salgado lo desmontó en su intervención, asegurando que había advertido a Rajoy en el traspaso de poderes en diciembre que el déficit dependía del cierre contable del año de las autonomías y que, dada la mayoría de gobiernos autonómicos del PP, él, sin duda, estaría en mejores condiciones de saber y orientar lo que harían, la vicepresidenta Sáez de Santamaría se consideró obligada a desmentirla al día siguiente, asegurando tener “pruebas escritas” de esa falta de información.

De igual manera, la justificación de los decretos De Guindos de febrero y mayo pasados por el “déficit oculto” heredado es igualmente contradictoria. El aumento del capital principal y de las provisiones del sector bancario español por encima de las exigencias del BCE, superando incluso lo previsto en el decreto de creación del FROB, parece chocar directamente con las dificultades ya existentes de financiación de la banca y las cajas en el mercado (que han multiplicado mientras tanto su dependencia de los créditos del BCE), como con las posibilidades de ampliar los avales y las contribuciones públicas al FROB. La búsqueda de la “recuperación de la confianza” se hacía erosionando las mismas bases de ésta en los balances auditados de unas entidades que acababan de pasar los stress tests europeos.

El nudo gordiano de Bankia

Al final, todo se concentra en Bankia: una entidad que, gracias a los decretos De Guindos pasa de un superávit de 300 millones en el cierre de su ejercicio de 2011 en diciembre a un pasivo de más de 3.000 millones, que obligaría a una recapitalización inicial de 7.000 millones (Rato), para acabar en la solicitud de ayuda de 23.000 millones (Goirigolzarri) que acabaría provocando el rescate del sector bancario español por la UE.

La intervención más esperada era, pues, la de Rato, que permite a su vez interpretar en todos sus matices la realizada dos días antes por Fernández Ordóñez. Rato comenzó describiendo el proyecto de bancarización de Caja Madrid como perfectamente viable en el marco de la primera fase de la reforma del sector. Tras distintos tanteos para establecer una estrategia de fusiones, fue Fernández Ordóñez el que reunió en su despacho del Banco de España a Rato y a Olivas, presidente de Bancaja, para “culminar a la negociación” [sic] para la fusión de ambas y la constitución de un gran grupo bancario a partir de las dos cajas de ahorro, controladas por los gobiernos autonómicos de Madrid y Valencia, eje del poder político del PP.

El relato de la fusión que hace Rato es el de un proceso supervisado en todo momento por los inspectores del Banco de España entre julio de 2009 y mayo de 2012. La aportación del FROB de 4.700 millones de euros permitió superar los distintos stress tests, cada vez más severos –que no rigurosos— y con escenarios más difíciles tras la crisis griega e irlandesa. El principal activo en la fusión de las 7 cajas que darían paso a la matriz BFA y a Bankia eran las “sinergias”, con un ahorro alcanzado de 500 millones de euros. El decreto 2/2011 obligó a una nueva recapitalización mediante salida a bolsa, estimada en 1.795 millones de euros por el consejo de administración de Bankia y que el Banco de España solicitó aumentar a no menos de 3.000 millones.

Este es, por lo tanto, uno de los momentos claves de la primera fase de la reforma y su punto de inflexión hacia el desastre posterior. Resulta ahora evidente que el Banco de España consideró la salida a bolsa de Bankia como un paso fundamental en la recuperación de la confianza de los mercados internacionales y el éxito de su política de bancarización de las Cajas de Ahorros. Pero a pesar de un descuento del 70% del valor estimado de las acciones por los bancos colocadores, la salida a bolsa resultó un fracaso en los mercados internacionales (4,5%), y tuvo que ser cubierta con inversores institucionales y minoristas españoles, iniciándose una perdida de valor, desde 3,75 euros acción, del 80%. Según Rato, las dudas de Bankia sobre la conveniencia de esta salida a bolsa toparon con la presión del Banco de España, que la consideraba una apuesta esencial para la “marca España”.

A partir de ese momento, la escalada de las provisiones irá erosionando paralelamente la valorización de los activos. El 26 de octubre de 2011, el Consejo europeo exigió a 71 entidades financieras aumentar sus provisiones en relación a sus activos en deuda soberana a precios de mercado, lo que le suponía a Bankia 1.329 millones de euros en nueve meses (25.000 millones para todo el sector bancario español). El decreto 2/2012 de febrero aumentó las provisiones para los créditos substandard del sector inmobiliario, lo que suponía unos 4.000 millones más para Bankia y BFA (y 50.000 millones para el conjunto del sector). A pesar de todo ello, el Banco de España aprobó el plan estratégico de saneamiento de Bankia y BFA el 16 de abril.

Fue el segundo decreto De Guindos, en mayo pasado, el que, según Rato, provocaría la crisis definitiva de Bankia, al no aceptar el ministerio de economía su segundo plan de saneamiento por un montante de 8.500 millones de euros, de los que 7.000 millones tendrían que ser cubiertos por el FROB. Un plan que contaba, según la intervención de Fernández Ordóñez, con el visto bueno del Banco de España: “No era necesario destituir a Rato…estuvo a punto de cerrarse, pero al dinero no le gusta el ruido, crea desconfianza. Se hubiera [sic] solucionado sin crear otras necesidades”.

La opción del gobierno Rajoy, como es harto conocido, fue el cese de Rato, el choque frontal con Fernández Ordóñez y el Banco de España, al que no se privó de descalificar internacionalmente, la designación de un burócrata jubilado de la banca privada, Goirigolzarri, al frente de una Bankia ya nacionalizada y la preparación de un nuevo plan de saneamiento a partir de una evaluación privada externa “independiente”. Eso empezaría por elevar el monto del rescate hasta 17.000 millones de euros, para, finalmente, concretarse en una solicitud de 23.000 millones, a la que el FROB no pudo hacer frente.

La intervención de Fernández Ordóñez, mucho más ambigua y meliflua que la de Rato, confirmaba de entrada este relato. Con una importante excepción: según el ex-presidente del Banco de España, la responsabilidad de la fusión de Caja Madrid y Bancaja era exclusivamente de sus gestores, de las Comunidades autónomas respectivas y de sus asambleas de accionistas, “no del Banco de España. Algunos se negaron a fusionarse y no lo hicieron: ni Unicaja se quedó con CCM, ni Cajastur con la CAM. Nos molestó en su momento, pero después fue mejor… No hay pistolas en el Banco de España. No se forzó a nadie”. Pero como recuerda Miguel A. Noceda, “la fusión ya se había precocinado entre el banco central, el gobierno y el PP, y Rajoy estaba al cabo de la calle” (El País, 29-7-2012).

La incoherencia de la explicación “ortodoxa”

¿Qué ocurrió entre el 16 de abril y el 7 de mayo, entre la aprobación del plan estratégico de Bankia por el Banco de España, la redacción del segundo decreto De Guindos de reforma del sector bancario y la dimisión de Rato al ser rechazado su nuevo plan de saneamiento? En esas tres semanas, sin consultar con el Banco de España ni advertir al sector bancario, el ministerio de economía optó por el rescate de la UE, y el gobierno Rajoy resolvió el ingreso del Reino de España en el vértigo de una verdadera espiral de la muerte. Que unas declaraciones vagamente alusivas al desempeño de sus propias funciones, como las hechas por Draghi el pasado 26 de julio, puedan bajar de golpe más de 50 puntos en la prima de riesgo y disparar dos días seguidos las cotizaciones del Ibex-35, lejos de desmentirlo, lo corroboran: hace ya muchos siglos que desapareció de la faz de nuestro continente la eficacia política de los monarcas taumatúrgicos, tan bien investigada, va ya para un siglo, por el gran Marc Bloch.

Es inútil repasar los textos de las intervenciones para encontrar respuesta a aquella pregunta, en especial –como en cambio parecería natural—, en las de Rajoy y De Guindos. El ministro de economía ofreció una explicación vagamente tópica de la lógica de los dos decretos de febrero y mayo: “aumentar la confianza”, elevando la cobertura del crédito promotor del 18% (diciembre del 2011) al 45%, “uno de los niveles más elevados de Europa”, y el del suelo, al 80%. Y ello porque los efectos de las dos inyecciones masivas de liquidez del BCE “empezaban a disiparse” en abril y porque aumentaban las presiones sobre el mercado de la deuda, sobre el diferencial de interés y “sobre nuestro sector bancario”. El rescate fue solicitado al Eurogrupo el 25 de junio; se llegó a un primer “acuerdo político” el 9 de julio, y la ratificación por el Consejo europeo vino el 25 de julio.

Esta opción, como hemos argüido en distintos artículos publicados en SinPermiso, se fundaba en un diagnóstico totalmente equivocado de la situación europea, de los márgenes de maniobra del gobierno Merkel tras la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe sobre la contribución alemana al FEEF y al MEDE y de la capacidad de reacción del Eurogrupo. Incluso para los fanáticos de las doctrinarias supercherías económicas neoliberales que en buena parte inspiran el diagnóstico, eso tenía que resultar ya suficientemente claro, en el plano de los hechos, tras los cinco días de infarto en los que la tasa de interés alcanzó el 7,6%, la prima de riesgo, los 647 puntos y la bolsa se hundió por debajo de los 6.000. Y todo, para obtener, mientras no se desbloquee en septiembre el dictamen del Tribunal Constitucional alemán que permitiría crear el MEDE, un adelanto de 30.000 millones de euros al FROB, contabilizable inmediatamente en la deuda pública del Reino, y dar liquidez a los nacionalizados BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y el Banco de Valencia.

Con independencia de la cuestión, más profunda, y más que legítima, sobre el grado de condicionalidad para todo el sector financiero español que implica un Memorándum que trae consigo una peligrosísima cesión de soberanía –entre otras cosas, sobre las funciones del Banco de España—, y que pone fuera de todo control parlamentario la reestructuración de unos bancos nacionalizados y toda la tercera fase de la reforma financiera, la pregunta más inmediata es: ¿era de verdad imprescindible? ¿Era esta la opción, no ya mejor, sino “menos mala” para los intereses, no ya del Estado o de la Nación, o de la población española, sino de la oligarquía financiera y las clases económica, política y socialmente rectoras del Reino de España? Eso plantea en toda su crudeza la cuestión que venimos planteando en SinPermiso desde hace varias semanas, y es a saber: la de la capacidad del actual núcleo dirigente del PP para representar fiduciariamente esos intereses.

La necesidad de una banca pública y el papel deslucido del centro-izquierda y de la izquierda en la Comisión parlamentaria

Hay que destacarlo: estas últimas cuestiones no son siquiera incompatibles con la aceptación del objetivo y de la estrategia de la reforma del sector financiero emprendida en 2008 por el gobierno Zapatero. Con un poco de esfuerzo, las hubiera podido plantear el portavoz del PSOE en la comisión de economía, el señor Valeriano Gómez. Ni siquiera eso hizo, acaso más preocupado por mantener un tono de “unidad nacional”.

Yendo ahora a preguntas más profundas: ¿era el objetivo de una reestructuración a cargo del presupuesto público y la posterior reprivatización el único posible? Y en lo tocante a estrategia para acercarse al objetivo, ya “gradual” (Fernández Ordóñez y Salgado), ya de “choque” (Guindos y Rajoy), ¿eran opciones ineludibles?

Esa era la orientación interrogativa que cabía esperar en las intervenciones de los distintos portavoces de la Izquierda Plural, del BNG, de Amaiur. Pero, con la excepción de algunas cuestiones muy generales planteadas por el diputado Alberto Garzón, lo que acaparó su esfuerzo parlamentario fue la defensa de los derechos de los estafados por las preferentes, sin duda justísima, pero menor. Estamos asistiendo, en Europa y en EEUU, al asalto del poder político por parte de una verdadera bancarrotocracia financiera privada fracasada y corrupta, como han dado nuevas y sobradas muestras precisamente estas últimas semanas los indescriptibles episodios de Morgan en Wall Street y Barclays en la City londinense. Se estaba investigando en las Cortes españolas el clamoroso fracaso del sistema financiero español (“el mejor del mundo”, hasta hace tres años), y más particularmente, el fracaso de la operación de saqueo y privatización del 50% del ahorro popular español y liquidación y entrega de las Cajas de Ahorros a la banca privada. Pues bien; resulta asombroso –y para decirlo todo, deprimente— que en ningún momento fueran capaces los señores diputados de la izquierda de defender claramente y con un arsenal de buenos argumentos críticos y constructivos un modelo alternativo de reforma del sector financiero a partir del desarrollo de una banca pública, tal y como aparece en el programa de todos esos grupos parlamentarios. Si no en ocasión tan a propósito, ¿cuándo?

El proceso de saneamiento del sector financiero, su desapalancamiento de la burbuja inmobiliaria, tenía que haberse hecho con el objetivo de construir paulatinamente una banca pública que, partiendo del ICO y sumando los activos nacionalizados a partir de la intervención del FROB, hubiese creado una capacidad directa de intervención del Estado en el flujo del crédito. (Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: inyectar dinero público –o privado— en una banca quebrada o en dificultades no sirve de nada en un momento de recesión de balances y desapalancamiento del sector privado.) Que paralelamente hubiese creado un gran parque público de viviendas, espacios comerciales e industriales y suelo, apoyado en un programa de rehabilitación y mantenimiento, lo que supondría un giro social radical –y fácilmente comprensible para el grueso de la población— en la insostenible política de vivienda seguida en los últimos veinte años. Con eso se habría amortiguado el desplome del sector inmobiliario, dando tangible respuesta a la creciente demanda de alquileres y contribuyendo decisivamente a abaratar el coste de la vida y a aumentar por esta vía –y no por la de la devaluación salarial interna y la económicamente necia “flexibilización” del mercado laboral, que no produce otra cosa que más despidos, más paro y ulterior desplome de la demanda efectiva— la tan cacareada como mal comprendida competitividad internacional de la economía española. Todo ello se habría traducido en una presión sobre la deuda publica mucho menor, sobre todo si se hubiera acompañado de una reforma tributaria verdaderamente progresista, centrada en las grandes (y menos grandes) rentas no-productivas procedentes del sector inmobiliario y financiero y de las rentas no-productivas de capital dimanantes de posiciones de poder en mercados oligopólicamente constituidos. Es decir, atacando el núcleo mismo de poder del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos en que ha consistido la vida económica española construida y afianzada en la Transición.

¿Por qué esta evidente alternativa ha carecido de fuerza social en la que sustentarse? Una respuesta hay que buscarla con toda seguridad en la estrategia mantenida por los sindicatos obreros mayoritarios (CCOO y UGT) en el sector de banca en los últimos veinte años, y que resulta manifiesta en la negociación de los convenios sectoriales, pero muy especialmente en los acuerdos con la dirección de Caja Madrid y Bankia. Una visión corporativista de cogestión de la burbuja especulativa inmobiliaria, de la inflación de activos y de la inflación crediticia. Estallada la burbuja, se pasó a la táctica del “mal menor” y a la flexibilización sin discontinuidad a partir de 2008. Hay que decirlo: este ha sido un obstáculo no menor hasta ahora para que la izquierda política y social se planteara articular una alternativa real al callejón sin salida en el que se ha convertido para el Reino de España la reforma del sector financiero. Una trágica –y también deprimente— prueba de ello es que sólo UPyD y el 15 M han denunciado en los tribunales el escándalo de Bankia.

Europa y la izquierda política: entre la Escila de la desintegración de la Eurozona y la Caribdis del federalismo fiscal autoritario

Pero otra respuesta hay que buscarla seguramente en las dificultades que encuentra la izquierda política del Reino de España para entender y afrontar coherentemente la crisis política europea. Ya tuvimos ocasión de comentar y criticar la estupefaciente ausencia del problema europeo en la campaña electoral española del pasado otoño, siendo así, en cambio, que el núcleo de las decisiones políticas que están tomando las sucesivas autoridades gubernamentales españolas viene, desde mayo de 2010, impuesto por los mandamases europeos, como percibe con total claridad la población. El mal diseño institucional del euro y la incompetente política económica de la Troika a la que, de mayor o menor grado, han terminado por someterse los núcleos dirigentes del PSOE y el PP, han puesto al Reino de España al borde del colapso, y a la Eurozona, a pique de la desintegración. Y diríase que las respuestas del centroizquierda y de la izquierda política española a esa situación oscilan entre dos bajíos igualmente vitandos: entre la Escila catastrófica de la frívola aceptación de la salida del euro y la distópica Caribdis consistente en fiarlo frívolamente todo al avance fulminante hacia un federalismo fiscal autoritario tan imposible, hoy por hoy, como democráticamente indeseable.

La desintegración de la eurozona sería una catástrofe, económica, social y políticamente: para España, para Europa –también para Alemania—y para el conjunto de la economía mundial.

Por otro lado, hay que saber que la centralización fiscal autoritaria implicaría, al menos: 1) Una Unión Fiscal completa; 2) Un Tesoro Federal; 3) El nombramiento de un Zar económico europeo; 4) Un poder centralizado con capacidad legal para disponer de los activos nacionales de los Estados miembros; 5) La pérdida de todo resto de soberanía fiscal nacional parlamentariamente controlable; y 6) Cambios en los Tratados existentes.  Pues bien; aun en el supuesto de que este tipo de federalismo autoritario fuera políticamente deseable, lo cierto es que no es técnicamente factible: exige demasiados pasos legales y demasiados plazos, y nunca llegaría a tiempo para evitar la desintegración de la unión monetaria.

La izquierda política necesita hacer suyo un concepto y un programa de acción claro y distinto, que le permita navegar entre esos dos escollos catastróficos y ofrecer una alternativa realista y plausible para la población (que, como muestran todas las encuestas, ni quiere salir del euro, ni quiere políticas de austeridad: en Grecia, lo mismo que en España).

Un federalismo europeo democrático (no autoritario) no es mala idea, pero es una idea, en cualquier caso, para después de superada, eventualmente, la crisis del euro. Afrontar la cual, exige dos tipos de movimientos, sólo aparentemente incompatibles, como ha enseñado muchas veces Yannis Varoufakis, el principal inspirador del programa económico de Syriza, el partido de la izquierda griega:

1) Un movimiento neutralmente centralizador, conforme al principio: “Una institución, una tarea técnica”. Tres serían las tareas (y las correspondientes instituciones centrales ya existentes) necesarias:

a) La gestión de la deuda pública existente (Banco Central Europeo)

b) La gestión de la crisis bancaria (FEEF/MEDE), con medidas –como la garantía paneuropea de depósitos— que cortaran la peligrosísima hemorragia actual de fugas de depósitos y capitales de los países periféricos hacia Alemania.

c) La política de inversiones (Banco Europeo de Inversión), para poner fin a la austeridad tóxica y lanzar un programa expansivo a escala continental.

2) Un movimiento democrático de recuperación de la soberanía nacional y la responsabilidad presupuestaria de los Estados miembros:

a) Que diera margen para unas finanzas funcionales políticamente responsables (rompiendo con la absurda lógica de las “finazas sanas” de la austeridad neoliberal, incompatibles con una democracia política).

b) Que diera margen y estímulo a políticas públicas, sociales y económicas, inteligentemente contracíclicas.

Esos dos movimientos, perfectamente posibles con las instituciones ya existentes y en el marco legal existente, significarían:

a)   El comienzo del fin de la Europa fragmentada consagrado en los Acuerdos de Maastricht.

b)   El robustecimiento de la soberanía, la responsabilidad y el control democrático nacionales de los Estados miembros

c)   El fin de la austeridad procíclica y de los pseudorrescates diz-que-solidarios (y de las exigencias suicidas que van con ellos)

d)   La integración continental de las inversiones.

 En una encuesta realizada por Metroscopia ayer puede verse claramente el desplome del apoyo al PP en el “mes del rescate”: habría perdido en total –desde las elecciones del pasado noviembre— más de 16 puntos (pasando del 46,4% al 30,0%). El PSOE pasaría del 26,5% obtenido en noviembre a un 24,7%. En total, la suma de los grandes partidos responsables de la catástrofe de nuestro país habría pasado del 71,1% al 54,7%. El camino del PSOE a la pasokización parece –vía Felipe González y Rucalcaba— trazado. El desplome del bipartidismo, dimanante del creciente y claro rechazo de la población a secundar el suicidio antidemocráticamente impuesto a nuestra vida económica y social, parece ir perfilándose conforme al modelo griego. Que la izquierda pueda salir airosa de esa situación, que pueda surgir una Syriza capaz de agrupar al grueso de la izquierda política y social, depende, entre otras cosas, también de que sus parlamentarios comprendan mejor el mundo en que nos ha tocado vivir y sean capaces de actuar resueltamente en consecuencia.

Antoni Domènech