Ha coincidido el tercer grado concedido en España a Ángel Carromero, el dirigente de las Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba a cuatro años de prisión por la muerte accidental de dos disidentes, con la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Tribunal Penal Internacional de que investigue a Israel por su asalto en 2010 a la Flotilla de la Libertad, frente a Gaza.
La flotilla penetró en zona de guerra, según Israel, que mató a nueve brigadistas internacionales, ninguno español, aunque deportó a los tres que viajaban con ellos.
Dos casos de, llamémosle, Imprudencia Solidaria (IS). Una solidaridad cuyas consecuencias nadie ajeno a su ideología debe pagar, y menos con dinero público.
Cuando uno va voluntariamente acuciado por sentido deportivo o por su conciencia a cualquier causa en lugares peligrosos debe pagar el precio de su aventura individualmente, o con el apoyo de sus camaradas.
No es lo mismo que secuestren a unos marineros que trabajan en aguas africanas a que lo hagan, conociendo los peligros, con unos turistas humanitarios como los tres de Barcelona Acció Solidària secuestrados por Al-Qaeda en Mauritania entre 2009 y 2010, y cuyo rescate multimillonario pagamos los españoles.
Otro caso fue el de la liberación en agosto pasado, también previo pago de un rescate en Mali, de dos cooperantes españoles en el Sahara Occidental.
Aunque luego el Ministerio de Exteriores advirtió a los voluntarios en la zona que podrían ser secuestrados, varias oenegés anunciaron que seguirían practicando la IS.
Lo mismo con Carromero y los brigadistas favorables al terrorismo de Hamas: que sus aventuras los paguen sus camaradas, no todos los españoles.
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