Un error en la prueba de amniocentesis ha provocado que la Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) tengan que pagar una pensión mensual de 1.500 euros, revalorizables con el IPC, a un niño que nació con síndrome de Down al que no diagnosticaron la enfermedad en la prueba que se realiza durante el embarazo.
Además, según la sentencia del Tribunal Supremo, los padres del niño recibirán una indemnización de 150.000 euros que correrá a cargo de la Generalitat.
El Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 9 de julio de 2008, excepto en la cuestión de que la pensión mensual que recibirá el niño con síndrome de Down, en lugar de ser abonada únicamente por la Generalitat, se hará de forma subsidiaria entre ésta y el laboratorio de la UMH, que realizó la prueba con la muestra de otra persona.
Durante el proceso judicial, la Generalitat alegó que la indemnización sólo debía cubrir el daño moral “de privar a la madre de la posibilidad de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo“. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que “los gastos derivados de la crianza de los hijos no constituyen un daño en circunstancias normales; pero, cuando las circunstancias se separan de lo normal implicando una carga económica muy superior a la ordinaria, se entiende que puede haber daño y proceder la indemnización”.
La amniocentesis es una prueba prenatal, en la cual se extrae líquido amniótico que rodea al feto para analizarlo y descartar ciertos defectos genéticos que impliquen anomalías en los cromosomas, como el síndrome de Down. Normalmente se realiza en el cuarto mes de embarazo, pero no está exenta de riesgos, entre otros, de aborto espontáneo.
Fuente | Europa Press
Foto | jemsweb
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Indemnización a niño con síndrome de Down debido a fallo en amniocentesis
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