¿Independencia judicial?

La confianza en la justicia nunca ha sido una característica de la sociedad española. Ahora lo confirman las encuestas, la Comisión Europea y la actualidad diaria. Muchos percibimos que el Gobierno viene preparando el andamiaje judicial necesario para salir de rositas de toda la podredumbre que el Partido Popular tiene encima con su inagotable cúmulo de corrupción o las sospechas de financiación irregular.

Es un principio democrático recogido en la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Y concreta: «La justicia emana del pueblo». La cuestión de la independencia judicial estriba en el nombramiento de unos miembros del poder judicial que son perfectamente reconocibles por sus afinidades políticas. El problema surge cuando, al amparo de una mayoría absoluta, se hace un uso partidista de la confianza otorgada propiciando situaciones contrarias a la ética y esencia democrática. Es necesario dudar de una democracia cuyo poder judicial está sometido o condicionado a los intereses de los partidos políticos, pero ¿habría democracia si la justicia estuviera al margen del control democrático de los ciudadanos? El sistema de designación para los cargos judiciales asentado sobre un reparto de cuotas, que reproduce la misma correlación de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, es observado como un obstáculo para hacer efectiva la deseada independencia judicial. El problema surge cuando los grupos parlamentarios optan por los elegir, entre los afines, a los más serviles.

¿Es razonable que los jueces encargados de juzgar la trama corrupta Gürtel, que han sido recusados por sus vínculos con el PP, sean quienes juzguen la caja B del Partido Popular? Desde la Transición se ha denunciado la insuficiente separación de poderes y la determinación política por controlar, de manera partidista, el llamado poder judicial. Convendría recordar que la división de poderes es un principio esencial de los estados democráticos, que la separación entre el poder ejecutivo y el judicial es una condición imprescindible en democracia, pero no se debe olvidar que «la justicia emana del pueblo».

Hay quienes proponen «despolitizar» la justicia en favor de un gobierno de jueces elegido por los jueces. Consideran que el gobierno de los jueces es un asunto interno de éstos, como si los afectados por sus decisiones no fuéramos todos los ciudadanos. Olvidan que los jueces tienen ideología y que se agrupan en colectivos que se identifican con las distintas opciones políticas según sean progresistas, conservadores o quienes, como si vivieran en burbujas de cristal, se autoproclaman independientes. ¡Cuidado con los neutrales!, la neutralidad no existe.

La visión de jueces sin ideales políticos es una ensoñación. Y en todo caso, ¿por qué un colectivo formado por unos cuantos miles de personas van a suplantar la soberanía de todo un pueblo? Los distintos órganos judiciales reproducen el equilibro de fuerzas parlamentarias. ¿Algún problema? Éste surge cuando los designados actúan como lacayos. Es cierto que, con demasiada frecuencia, el espectáculo abochorna, pero la solución que proponen algunos supone una claudicación democrática y una renuncia a la soberanía sobre uno de los pilares del Estado y de la democracia. Si se consumara esa «despolitización», ni los ciudadanos ni sus representantes tendrían opción de controlar la acción de la justicia. Entonces se engendraría una casta que se adueñaría de la justicia y de la democracia. ¡Cuidado!, los tergiversadores del lenguaje claman por cierta independencia para hacernos dependientes.

Es lunes, escucho a Cécile McLorin Salvant: