Inmigración. Soluciones.

Una de las cuestiones más desalentadoras de los últimos años es que el gobierno ha sido la punta de lanza de la gran estafa de la inmigración.
Aquí hay varios antecedentes que tratar, aunque lo que pretendo es centrarme en las soluciones. Lamentablemente, la propaganda progresista en este tema ha desarmado intelectual y éticamente a la sociedad española para que pueda actuar de forma responsable. La mala conciencia histórica, el elitismo, la compasión mal entendida y el autoodio, son complejos progresistas de los que personalmente me siento muy desvinculado a la hora de tratar los temas.
La inmigración es en estos momentos el tercer problema de los españoles. La inmigración ilegal supone, hoy: una pérdida de espacios públicos, un problema de convivencia, un aumento de competencia por los servicios públicos, una sangría de divisas, un problema de seguridad pública, un despilfarro de las administraciones, y un golpe mortal al Estado del bienestar. Por algo es el tercer problema y en ascenso.
No hay que olvidar que el gobierno de Aznar también fue culpable. Durante el gobierno de Aznar se regularizó la situación de inmigrantes con la misma falta de rigor que los posteriores gobiernos socialistas. El gobierno de Aznar instrumentalizó la inmigración, previendo la necesidad de mano de obra barata para desarrollar el sector de la construcción. Además, fue este gobierno quien, igualó legalmente a los extranjeros con los españoles en España.
La oposición del PP es igualmente culpable. Es culpable de silencio ante la gran estafa al Estado de la inmigración. Esto se debe que, igualmente, ha considerado la inmigración ilegal como un instrumento para el desarrollo de sus gobiernos autónomos y locales. También es culpable de sostener la estafa con su seguidismo del discurso socialista de caridad mal entendida, falta de ética y desprecio a la legalidad. Por ese motivo no ha sostenido en 5 años un solo debate creíble, porque al menos los socialistas tienen un discurso.
Eso sí: el gobierno socialista es el mayor culpable de todos. Las regularizaciones han sido un papeles para todos encubierto y una burla la legalidad. Los socialistas han permitido por puro interés egoista, que se den, y se sigan dando, todo tipo de estafas puntuales, públicas y privadas, para mantener engrasada la maquinaria de traer nuevos inmigrantes. Pero sobre todo, el gobierno socialista nos ha engañado arguyendo que no se puede hacer nada contra inmigración.
Oyendo al nuevo ministro de Trabajo e Inmigración esta semana, decir que la contratación en origen va a ser cercana 0, cuando el año pasado apenas llegó a 1000 extranjeros, mientras por otro lado llegaron más de medio millón de extranjeros a trabajar, es cuando no puede callarse uno ante semejante empecinamiento en estafarnos a todos los españoles.
Las soluciones:
Naturalmente, sí que hay soluciones para acabar con esta lacra de la inmigración ilegal, paralegal y administrativamente consentida. Pero para ello es imprescindible el Control de la extranjería basado en la exigencia de corresponsabilidad a los extranjeros y a sus países de origen._La principal herramienta es la creación de un Censo de Países Inamistosos por sus políticas irresponsables o por su laxitud con el tema de la emigración irregular de sus ciudadanos hacia España. Inclusión de aquellos países que no se hagan cargo de los gastos públicos generados por sus nacionales en España. Las medidas a tomar con los nacionales de estos países:
- Exigir visados inmediamente.
- Revisar y anular los tratados que permiten la doble nacionalidad española con esos países.
- Crear un listado de extranjeros que han superado en algún momento sus estancias permitidas, por tanto han estado incumpliendo la legalidad española; estén o no regularizados y con permisos de trabajo. Estos extranjeros no podrán renovar ninguno de sus permisos (estancia, residencia y trabajo) una vez caducados.
- Crear un Banco Especial para la Inmigración, dependiente del Banco de España, en el que se ingresen todas las nóminas, y donde se gestionen todos los ingresos y salidas de dinero de los nacionales de esos países.
- Excluir del uso de servicios públicos (sanidad, escolarización) a los naturales de países cuyos gobiernos no se hagan cargo puntualmente de las facturas generadas por los servicios prestados a sus nacionales.
- Internamiento durante tiempo indefinido de aquellos extranjeros que se nieguen a colaborar con las Autoridades para su expulsión.
- Exigencia de los gastos de internamiento y expulsión por este orden: a los expulsados, a sus países de origen, al Banco Especial para la Inmigración.
- Control de los matrimonios mixtos entre españoles y nacionales afectados por el Censo de Inamistosos, mediante la prohibición de contratar del cónyuge extranjero, por un plazo no menor de 2 años.
- Internamiento inmediato y expulsión de los extranjeros sin permiso de trabajo que se encuentren ejerciendo actividades antisociales como el vagabundeo, la prostitución, la seguridad, el menudeo de drogas, la venta en la vía pública, el merodeo.
- Incluir penas de cárcel en el Código penal por la contratación de extranjeros sin permiso de trabajo.
- Penas de cárcel para quienes alquilen y subarrienden naves, buhardillas, sótanos, etc., con el fin de alojar extranjeros sin permiso de residencia.
- Expulsión de las familias reagrupadas por la condena de cualquier delito cometida por uno de sus miembros, especialmente los de los menores de edad.
- Exigencia del pago de los gastos de internamiento y expulsión a aquellos que han cursado invitaciones a extranjeros que luego no han cumplido con las condiciones de su visado.
- Creación de un nuevo cuerpo de Seguridad del Estado, independiente de la Policía y la Guardia Civil encargado de la vigilancia de fronteras, del control de la inmigración en el interior y facultado para investigar y procesar a los particulares y a los funcionarios que violen las leyes de extranjería y favorezcan la inmigración ilegal.
La aplicación de estas medidas en bloque supondría en menos de seis meses la desaparición de la inmigración ilegal, paralegal y administrativamente consentida.
Evidentemente supondría la salida de España del sector de la inmigración que ha elegido este país porque les permite beneficiarse personalmente a costa del sistema, ya que se acabaría ese incentivo. También supondría la axifisia de aquellos, incompetentes y mediocres políticos y empresarios, que han visto en la importación de mano de obra barata su El Dorado particular, sin pensar en las consecuencias sociales de su egosimo.
Ventajas, además de las expuestas, y a corto plazo: empleo, seguridad, reducción de la administración, mejora de servicios públicos, ganar espacios públicos, mejora de la convivencia.
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