Instituciones lentas, problemas eternos

Hace apenas unos días se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión para el estudio de la reforma de la Ley Electoral del Estado. La medida, promovida por el PSOE y Ciudadanos, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PNV. En el ámbito autonómico también existen propuestas similares. Sin ir más lejos, se ha abierto en Canarias otra Comisión de Estudio para la modificación de su sistema electoral, mundialmente conocido por sus elevados niveles de desproporción, desigualdad del valor del voto y aplicación de altísimas y duplicadas barreras electorales, que colocan a nuestro archipiélago a la cabeza de las normativas electorales más injustas del planeta.

En este concreto asunto, lo más llamativo es el plazo de tiempo que venimos arrastrando los problemas que de él se derivan. Y es que estas deficiencias en la representatividad de nuestros parlamentarios se remontan ya varias décadas atrás. En realidad, a los mismos orígenes de nuestro actual modelo constitucional. Así, la configuración del actual sistema electoral proviene de una norma preconstitucional, la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, cuyos principios fueron recogidos de forma prácticamente íntegra en el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas. Posteriormente, la Constitución de 1978 elevó a rango constitucional los aspectos sustanciales del citado Decreto-Ley. En el marco de la referida previsión constitucional, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, reguló de forma concreta el sistema electoral español diseñado en la Transición. Al cabo de varias décadas, con más experiencia y, sobre todo, tras descubrir los fallos y los déficits de aquella primera regulación, resulta necesario afrontar los cambios para garantizar una serie de valores y principios que actualmente se encuentran muy difuminados, por no decir caricaturizados.

Se suele atribuir a Napoleón Bonaparte la siguiente frase: “Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable. Si quieres que el problema perdure, crea una Comisión”. Ciertamente, los antecedentes referidos a otras Comisiones no son muy halagüeños. En el año 2012, por ejemplo, se anunció la constitución de una destinada a estudiar la supuesta modificación del Senado para convertirlo en lo que realmente debería ser: una Cámara de representación territorial. Casi cinco años después, no existen resultados efectivos de la misma. Cada legislatura finaliza sin acuerdo y, tras la celebración de nuevas elecciones, la tarea se retoma con escasas esperanzas.

Los datos que invitan a ser pesimista y a no esperar a corto plazo un mejorado sistema electoral a nivel nacional son varios. Para empezar, dicha Subcomisión no posee capacidad legislativa y tan sólo emitirá un dictamen con conclusiones a la finalización de sus trabajos. Durante la última legislatura del presidente Zapatero, y por espacio de dos años, una Subcomisión del Congreso de los Diputados ya abordó sin éxito la reforma de la Ley Electoral. Además, los fuertes reparos de los partidos mayoritarios (que son mayoritarios, precisamente, a causa del actual sistema electoral) no invitan a pensar que vayan a  poner facilidades para aumentar ni la proporcionalidad ni la igualdad del valor del voto.

En el fondo, estamos hablando de un problema político. De hecho, cuando existe voluntad por parte de los partidos, las leyes se reforman con celeridad. Baste recordar la reciente modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que las Elecciones Generales no se celebraran el día de Navidad. Se tramitó y aprobó con extrema rapidez, en apenas unos meses. Es obvio que, desde el punto de vista jurídico, los problemas de nuestro sistema electoral están más que estudiados desde hace largo tiempo y se vienen denunciando sistemáticamente por numerosos profesionales de diversas disciplinas del Derecho. Si hubiera un verdadero interés en resolver este asunto, no se debería prolongar década tras década. Es por ello que esa imagen de lentitud que transmiten las instituciones, decididas a eternizar determinados problemas por razones de estrategia partidista, cala profundamente en la ciudadanía. Y con mucha razón.

En todo caso, procede aplaudir y apoyar estas comisiones (la nacional y las autonómicas) ya en marcha, aunque también urge exigirles soluciones efectivas a corto y medio plazo. De lo contrario, Napoleón tendría razón cuando afirmaba que recurrir a estos comités no era más que una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía.

Los objetivos de la Subcomisión son ambiciosos y el ámbito del debate muy amplio. Así, entre las cuestiones a estudiar, se encuentran las siguientes:  mejorar la capacidad de la ciudadanía de expresar su voluntad en los procesos electorales, facilitando un mayor grado de decisión de los electores sobre quiénes han de ser finalmente sus representantes, con el desbloqueo de las listas electorales mediante el establecimiento de un sistema de preferencias; avanzar hacia el objetivo de conseguir una presencia cada vez más equilibrada de ambos sexos en el ámbito de la representación política, profundizando en el camino ya abierto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre; mejorar la capacidad de participación política de los españoles residentes en el exterior, constatada la injusticia de un modelo que ha hecho disminuir notablemente la participación electoral de este colectivo, mediante la supresión del voto rogado; abordar las reformas e impulsar los medios necesarios para facilitar el voto electrónico; posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto de las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo; regular la celebración de debates electorales; buscar instrumentos que permitan el ejercicio de una rendición de cuentas individual de los candidatos y fomentar la vinculación directa de todos ellos, no sólo de los cabezas de lista, con sus electores; o abrir el debate sobre el derecho de sufragio de los jóvenes mayores de 16 años. Son todos temas importantes y que podrían mejorar notablemente la calidad de nuestra democracia.

Dos de los objetivos que se persiguen, tanto a nivel nacional como canario, son mejorar la proporcionalidad de la representación de la población según el territorio y paliar los déficits de igualdad en el valor del voto. La manifiesta descompensación que existe entre la población y el territorio produce distorsiones que merecen ser corregidas. Tanto el Congreso de los Diputados como los Parlamentos Autonómicos son cámaras legislativas que representan al pueblo. Esa es su naturaleza y su esencia. La inclusión de elementos territoriales en dichas asambleas es lícita, pero siempre y cuando no desvirtúen su verdadera razón de ser.

Como ha señalado el Consejo de Estado en un informe emitido en 2009 sobre propuestas de modificación del Régimen Electoral General, el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho de sufragio sino que, además, exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan un similar peso para la obtención de representación. Sin embargo, actualmente el valor del voto difiere de manera ostensible en función de la circunscripción en la que se ejerza el derecho de sufragio. Ese mismo Consejo de Estado apuntó en el citado texto que la correspondencia entre el número de escaños y el número papeletas de algunas candidaturas electorales genera hoy en día importantes desajustes que afectan a la igualdad de oportunidades de los partidos. El sistema electoral del Congreso de los Diputados se caracteriza por una importante restricción de la proporcionalidad, beneficiando a los partidos que concentran sus votos en determinadas circunscripciones y penalizando la dispersión de los mismos, aunque se trate de partidos que en el cómputo nacional obtienen mayor apoyo popular.

En el concreto caso de Canarias, la situación es especialmente dramática. Nuestra Constitución establece un principio de proporcionalidad en la representación de las Asambleas Legislativas en función de la población, consecuencia lógica de su función primordial de representación del pueblo. Sin embargo, hasta la fecha se ha prescindido de dicho elemento a la hora de configurar nuestro sistema, primando las equivalencias territoriales sobre las poblacionales y creándose en la práctica una especie de Senado o Cámara territorial cuando, en teoría y con la normativa en la mano, debería ser una Cámara que representase al pueblo de Canarias.

Nuestra realidad se basa en un elemento geográfico insular y en una distribución nada homogénea de la población. En torno al ochenta y dos por ciento de los canarios residen en las dos islas capitalinas, mientras que el dieciocho por ciento restante habita en las cinco islas no capitalinas. Sin embargo, Tenerife y Gran Canaria eligen exactamente los mismos diputados que las denominadas islas periféricas. Tomando los datos del censo electoral de los últimos comicios celebrados en el archipiélago, 1.386.537 personas con derecho a sufragio eligen a 30 diputados, mientras que 274.735 ciudadanos eligen a los otros 30 diputados. Esta manifiesta descompensación genera una distrofia del sistema y desnaturaliza el Parlamento.

Sin duda, el problema trasciende al mero debate político y académico, y produce efectos prácticos muy relevantes que afectan a la calidad de nuestra democracia. Es por esa deformación de nuestras reglas electorales por lo que, al final, el tercer partido en número de votos se convierte en el primero en número escaños, y candidaturas con cincuenta y cuatro mil votos se quedan sin representación  parlamentaria, mientras que otras con cinco mil obtienen tres diputados. Dicho de otra manera, nuestro sistema electoral manipula la voluntad de la ciudadanía canaria expresada en las urnas y configura una composición de la institución parlamentaria distorsionada y sin la imprescindible conexión directa con lo manifestado en las urnas el día de las elecciones.

Como se refleja en el texto de la citada propuesta aprobada en el Congreso, una reforma electoral puede constituir un instrumento adecuado para mejorar la calidad democrática y, específicamente, puede ayudar a mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la calidad de su representación política. Por lo tanto, manos a la obra. Sin pausa y con rigor. Son ya demasiados años de retraso en una cuestión tan trascendental para cualquier Democracia.