Islandia, en el norte de Europa
Islandia es una isla-estado en el Atlántico Norte que durante años fue un paraíso de las libertades financieras y campo abonado de la especulación. En 2008, resultó uno de los más golpeados con el estallido de la crisis financiera internacional.
Y en contraste con prácticamente el resto del mundo, Islandia lejos de optar por los paquetes de rescate y la austeridad, buscó una salida de la crisis en dejar caer a la banca y llevar a políticos y banqueros a la justicia.
Desde este lunes 06-03-2012, se sienta en el banquillo de los acusados el ex primer ministro Geir Haarde, conservador, de 61 años y jefe de gobierno entre 2006 y 2009. Los cargos: negligencia en la crisis financiera por no tomar medidas adecuadas para preparar al país de un inminente desastre financiero.También se le acusa de no controlar a los bancos, que ampliaron sus hojas de balance unas nueve veces el valor de la economía islandesa en los años precedentes a la crisis. Haarde, se enfrenta a dos años de prisión si se le declara culpable. Haarde, que considera el juicio una farsa y una persecución política, carga ya con la etiqueta de ser primer líder mundial que enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en la crisis.
El gobierno socialista de Rodriguez Zapatero derrotado en las urnas el 20 de noviembre de 2011 dejó a España en una situación de caos económico-financiero y lo que es peor con las cuentas falseadas publicando como datos oficiales de deficit lo que a posteriori se ha comprobado que había sido manipulado a la baja cuando el nuevo gobierno ha destapado las cifras verdaderas muy alejadas de las publicadas oficialmente.
Hasta el momento en ESPAÑA no existe instrumento legal, como en Islandia para procesar a los gobernantes responsables de desastres económicos por su mala gestión. Por ello el nuevo gobierno del Partido Popular, en boca del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que entre los mecanismos que el nuevo Gobierno introducirá para garantizar el control del déficit público se incluye una reforma de la Ley de Transparencia del Gobierno para que los gobernantes que gasten por encima de lo que marca el presupuesto tenga que afrontar "responsabilidades penales". "Lo que no es correcto son las facturas en el cajón , la falta de transparencia y acumular deudas que se vuelven impagables", ha afirmado el ministro Montoro concretando también que la nueva regulación afectará tanto a los políticos como a los gestores nombrados por los políticos. F.J.