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Noticia:
El ex primer ministro de Islandia esquiva la cárcel por su gestión de la crisis
Haarde ha sido exculpado de tres de los cuatro cargos que se le imputaban aunque ha sido condenado por haber violado la ley de responsabilidad de los ministros
Pedían para él dos años de prisión que no hubiera cumplido y al final, oh decepción, ni eso ni multa ni costas, a pagar el pueblo. Teníamos esperanzas de que se le condenara al menos por sus responsabilidades aunque no fuera a la cárcel (¡qué ingenuo aquel que pensara en esto!). Ya en nuestro artículo “No sólo responsabilidad política, también penal”, tratábamos este asunto.
Lamentable. El Sistema se defiende con sus armas, las legales. El Sistema islandés, que no su pueblo, ha exculpado a este expresidente de negligencia, utilizando las leyes que los mismos poderosos se han dado, y encima le ha costado dinero al ciudadano. “Para que vean que no se puede ir contra ellos, contra los poderosos”. Una cosa es la justicia intrínseca y otra la que hace un Sistema (legislativo, ejecutivo y judicial) para su propia protección y supervivencia. Además, también puedes observar la diferencia de trato entre la prensa conservadora y la poca que queda de la otra; en los primeros, que consideran no se pueden evadir de dar la noticia, esta es escueta; mientras que en los segundos es mucho más extensa y comentada, aprovechando para completarla mostrando aspectos y recovecos que la enriquecen.
Ahora veremos cómo responde el pueblo islandés que ha empezado a tomar consciencia de la situación. Ahora veremos si en nuestra sociedad (los ciudadanos occidentales) se llega a ser consciente de ello.
Podía haber sido un gran paso en el camino de la transparencia y de la responsabilidad de los políticos, pero nos ha fallado.
Si alguna ley determinara que un político tuviera que tener responsabilidad económica por sus decisiones, y no sólo política, nadie querría ser político; por lo tanto hay que ser realista. Cualquier empresa privada sabe de la responsabilidad de sus directivos y asume que lo hacen en nombre de la empresa, por lo que es esta al final quien se hace cargo de las decisiones de sus ejecutivos (para bien o para mal). Lo mismo ocurre en el caso de la Administración Pública, que asume la responsabilidad de sus funcionarios independientemente de que luego proceda contra ellos.
Pero una cosa es la responsabilidad política o la económica… y otra muy distinta la penal por acción u omisión. Ya se cuidaría alguien de “cometer errores” si supiera que puede ir a la cárcel. En otras palabras, que aunque los estamentos superiores al político asumieran los desaguisados de este, el ministerio público (fiscalía) debería exigir responsabilidad penal por una acción u omisión que causara grave perjuicio a la comunidad. La política no puede ser Jauja; hay mucha responsabilidad en ello. Debería entenderse como un servicio público y no con el cachondeo que se asume ahora. También se tiene que estar más preparado técnicamente. Una nueva clase de políticos son los que deberían tener acceso al poder. ¿Para cuando?
Pero para ello hay que cambiar las leyes. Y mucho me temo que, como no lo exijamos, no lo van a hacer. Y si lo hacen (obligados por la opinión pública) lo harán de forma que no salgan demasiado perjudicados. Por lo que hay que estar siempre vigilantes.
Y ojo con las condenas. ¿No te ha sorprendido más de una vez la desproporción de las condenas de nuestro régimen jurídico? Prometo una exposición comparada de algunos casos respecto a la diferencia de trato en condenas, basado en las mínimas e incluyendo los beneficios penitenciarios que las reducen o alivian y los indultos de los gobiernos de turno a los de “guanteblanco”.
Caña a nuestro pragmatismo que acepta “las cosas como son”, se resigna, y no intenta cambiar nada.
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