IX Marcha: en medio de tropiezos políticos y naturales...

IX marcha, en medio de tropiezos políticos y naturales
 
La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz
00:05 / 20 de mayo de 2012
En artículo de La Razón de 2006 recuerda cuando se inauguró la oficina del Pacto de Unidad en Sucre. A la nueva infraestructura entraban del brazo —según la noticia— indígenas, originarios, campesinos, colonizadores y Bartolinas (mujeres campesinas). Hoy, puede decirse, sin temor a exagerar, que este pacto, que respaldó incondicionalmente al proceso de cambio, ha muerto a causa de insalvables diferencias respecto de la polémica por la construcción de la carretera por el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure).
La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) rompieron la alianza cuando se opusieron al “proyecto desarrollista”. Aunque el Pacto de Unidad sigue bajo tal denominación, puede afirmarse que del nombre completo con que se lo bautizó, únicamente queda, como fiel a la verdad, la primera palabra de las tres que lo componen.
Sin embargo, las fracturas que ha producido el proyecto de la carretera por el parque nacional no terminan ahí, sino que también se vieron en el tiempo previo al inicio de la IX marcha y en la actualidad dentro del mismo del movimiento indígena que agrupa la Cidob. La escisión entre los indígenas de tierras bajas ha tenido como consecuencia indudable una movilización numéricamente reducida (aproximadamente 300 marchistas; el año pasado, cuando la VIII marcha se encaminaba a San Borja, tal como lo hace la actual movilización, habían cerca de 800) y con falencias logísticas.
A esto se suma la objeción de buena parte de la población del municipio de San Ignacio de Moxos, que quiere carretera, que presionó para que la marcha no cruce por el centro de la capital provincial. El año pasado, la movilización no tuvo este problema. En cuanto a la causa del debilitamiento de la medida de presión, hay discrepancia de opiniones
Según el Gobierno, la división, que devino en una marcha diezmada se debe a que se puso en evidencia que en el parque se realizan actividades extractivas con el consentimiento de los dirigentes de la Cidob y además de que hicieron alianzas con la derecha boliviana. “Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen vínculos y convenios firmados con la derecha boliviana, como con Rubén Costas. También se ha logrado poner en evidencia que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas. Una tercera característica es que muchos de sus líderes han recibido recursos económicos de la Gobernación de Beni (en la gestión de Ernesto Suárez) para proyectos fantasma. Eso muestra y desnuda los intereses políticos que están detrás”, afirma el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, César Navarro.
Por ejemplo, la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Justa Cabrera, juró como subalcaldesa de Paurito, previo acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Hace dos semanas, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, fue sindicado de haber propiciado la venta de madera hace diez años. Aunque admitió que sí hubo ese negocio, del que participó su comunidad, negó haber recibido dinero por la transacción, como lo denunciaron.
Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tiene otra percepción de la situación de los liderazgos de la marcha y considera que no es de “buena fe” dividir un movimiento para luego afirmar que el mismo se encuentra debilitado. “Me parece una actitud hipócrita y cínica actuar con el objetivo de dividir para después decir que los indígenas están divididos”, dice el activista.
En efecto, el Gobierno comenzó una campaña de información para la consulta previa en el territorio del TIPNIS, sin embargo, ésta fue cuestionada de propagandista e inclusive de tener matices prebendales al ofrecerse una serie de regalos como antenas de telefonía móvil, postas de salud y motores de generación de electricidad.
De acuerdo con Navarro, los acuerdos firmados entre comunidades del parque y el Estado no han debilitado la marcha. “De hecho, la campaña se trata de impulsar la consulta previa y también de informar sobre ella. Lo que han hecho los dirigentes es descalificarla, entonces nosotros respondimos informando en qué consiste este proceso”, dice.  Según Navarro, muchas autoridades del TIPNIS se “desbautizaron” de la conducta de sus propios dirigentes con la información que se les dio.
En contraste, Tamburini opina que estas incursiones del Gobierno en el parque nacional son una manera de usar la pobreza. “Juegan con la necesidad de una manera cruel; no entiendo cómo no hay una condena pública de esto. Lo que el oficialismo resalta de estos hechos es que los indígenas están divididos y debilitados porque algunos, en su pobreza, fueron chantajeados ante la indefensión en que se los pone”, juzga.
Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, concuerda en que la marcha está débil. “Eso se nota en el número de personas que están participando y también en las dificultades que tienen algunas regionales para incorporarse a la movilización tras haber firmado acuerdos productivos y de servicios básicos con la condición de que no sean parte de las protestas”, analiza Colque.
El viceministro expresa, duramente, cuestionamientos a la dirigencia indígena, la cual sería la única causa de la división interna. “Para la sociedad boliviana, la VIII marcha representó a dirigentes indígenas que interpelaban a un presidente indígena que defiende la Madre Tierra: En síntesis, estaban defendiendo un territorio ‘celestial’ y los dirigentes se presentaban como ‘angelicales’. Termina la VIII y resulta que eran aliados fundamentales de la derecha boliviana; también se verificó que en el territorio ‘celestial’ se realizaban actividades privadas, estos hechos desnudaron la realidad del TIPNIS”, dice con ironía Navarro.
Tamburini insiste en la existencia de “mala fe” por parte del Gobierno y hace una inversión del sentido cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una marcha debilitada. “En términos de seguridad, es débil; pues, el Gobierno tiene militarizado el TIPNIS y en Beni está articulado con los sectores de choque provocando zozobra y miedo. Si de esa debilidad habla el propio oficialismo, entonces, claro, ahí si coincido, la movilización es vulnerable”, dice.
Según Tamburini, muchas personas que debían haberse sumado no lo hicieron por miedo a sufrir una represión igual a la de Chaparina el año pasado, “algunos han prometido no volver a marchar nunca más para no sufrir lo mismo que el año pasado. Sin embargo, la marcha tiene otras fortalezas que van más allá del número, que parece que es lo único que le preocupa al Gobierno”.
En todo caso, a los dirigentes de la marcha también parece que les interesa la cantidad, pues, el miércoles anunciaron a la prensa que al menos seis sectores organizados —“las bases” de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), el Pueblo Guarayo, la comunidad Chiquitana, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Departamental (COD) del Beni y universitarios de Cochabamba, según la presidenta del comité de movilización, Bertha Bejarano— se sumarán a la marcha indígena. Esperan que estas incorporaciones se den antes de ingresar al departamento de La Paz y lograr así el mismo efecto de la VIII marcha. Ésto demuestra que, a ambos lados del conflicto, los números harán la diferencia.
Iniciada el 27 de abril, en Trinidad, la IX marcha no tiene el mismo efecto que la del año pasado, que, a 24 días, por lo menos tuvo un intento frustrado de diálogo indígenas-Gobierno en San Borja. Esto puede verse también en la cobertura periodística.
La marcha y sus deficiencias logísticas
A las debilidades que se perciben en la IX marcha, a causa de la división al interior de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), se suma una serie de dificultades logísticas ocurridas la semana que termina.
Los obstáculos se fueron manifestando a raíz de las persistentes lluvias que comenzaron el anterior fin de semana y sólo terminaron el miércoles 16 de mayo, que ocasionaron una emergencia de salud por resfríos. Se anunció que 20 marchistas, la mayoría de ellos infantes, fueron trasladados a centros de salud a San Borja (según declaraciones del presidente de la Cidob, Adolfo Chávez).
Sin embargo, eso no fue lo único que causaron las precipitaciones, pues, el envió de aproximadamente una tonelada y media de ayuda —alimentos, ropa y medicamentos acumulada por una campaña de solidaridad realizada en Santa Cruz— quedó suspendido en Trinidad debido a que la carretera hasta San Borja estaba inhabilitada hasta el martes por anegamientos. Con el objetivo de esperar estas provisiones, la marcha tuvo que retrasarse y esperar la carga.
Hay que considerar adicionalmente que, hasta que se cerró la edición de este suplemento, se contaba con la información de que sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atendían a los aproximadamente 300 marchistas.
Las falencias logísticas mencionadas también pueden atribuirse y haberse agudizado a raíz de que la líder indígena Laida Humadai, precisamente encargada de la comisión de logística de la IX marcha, fuera trasladada a un hospital de Trinidad con el diagnóstico de peritonitis. Al principio de la movilización, el líder de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, también padeció dengue, lo que le privó de comandar la marcha.
‘Pocos marchistas indígenas del parque’: Reymi Ferreira, rector de la Universidad  Gabriel René Moreno
Hay pocos marchistas indígenas de la zona del parque Isiboro Sécure. La gran mayoría de los integrantes de la movilización son de otros lugares del país, ésa es una debilidad. Una demanda de un territorio específico en el que los marchistas no sean de ahí muestra debilitamiento. Esto se debe a un trabajo político del Gobierno para debilitar la movilización.
‘La división tendrá corto alcance’: Leonardo Tamburini, director del CEJIS
La división (de los indígenas) trajo inconvenientes, pero tendrá corto alcance. Las organizaciones que no creyeron en la marcha, revisaron su decisión y se están sumando a ella; es el caso de Central Indígena de La Paz (una de las que primero firmó convenios con el oficialismo). La OICH de la Chiquitanía, la CPIB del Beni y la CIRABO de la Amazonía hicieron lo mismo.
‘Los vínculos de sus líderes la debilitaron’: César Navarro, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales
Los vínculos de sus líderes con la derecha boliviana debilitó y desprestigió la IX marcha. Las principales autoridades políticas de la Cidob tienen lazos y convenios firmados con la derecha, además se evidenció que al interior del TIPNIS existen actividades económicas privadas con el consentimiento de los dirigentes indígenas, restando así sus adeptos.
‘El Gobierno dividió a los indígenas’: Gonzalo Colque, Fundación Tierra
Los pueblos indígenas de las tierras bajas aglutinadas por la Cidob están efectivamente divididos. Ésto debilitó la IX marcha, aunque la división y el debilitamiento han sido propiciados por el Gobierno con el objetivo de que la movilización no progrese ni tampoco sus demandas. Las razones de las fracturas en este movimiento son totalmente atribuibles al Gobierno.