No, no voy a hablar de la famosa película tan de moda últimamente. Voy a hablar del modelo de política y protección social al hilo de algunas reflexiones y diálogos que hemos tenido en otros foros donde me resulta complicado argumentar y profundizar.
Partimos de que, a mi juicio, el modelo actual de política social en España está muy consolidado. Se caracteriza por: un par de sistemas públicos de protección social bastante definidos y universalizados (Educación y Sanidad), lo cual por otra parte no les hace inmunes a los problemas una política para garantizar la subsistencia material fragmentada entre el Sistema de Pensiones o Seguridad Social, el Sistema de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales unos sistemas de empleo y de vivienda no universalizados y que no garantizan los bienes que debieran proteger una presencia del Sistema de Servicios Sociales como residual, fundamentalmente ocupado en atender las carencias de los demás sistemas Este modelo apenas está en cuestión. Hoy, no forma parte del debate político ni ciudadano. Apenas se encuentra en ámbitos académicos y tan sólo hay algunas posturas críticas (lejos de ser mayoritarias), en algunos niveles técnicos.En ese sentido podríamos decir que es una elección bastante estable y que, en cierto modo, hay cierto grado de satisfacción con ella. No se atisban reformas legislativas de calado en el “status quo” conseguido y a nivel organizativo y estructural nadie propone cambios profundos.
Sobre las repercusiones en el Sistema de Servicios Sociales, hemos hablado reiteradamente de ellas. Fundamentalmente ese papel residual (o de última red) está impidiendo que se desarrollen otras funciones más allá de las asistenciales y que tienen que ver con toda una pléyade de cuestiones relacionales y convivenciales a las que apenas se está dando una respuesta coherente y estructurada. Lo cual tampoco parece importar demasiado a nadie, por otra parte, más allá de algunas respuestas reactivas a alguna problemática “emergente”.
Al mismo tiempo, la carta del comodín que supone que los Servicios Sociales se responsabilicen al final de los problemas permite que en el juego de la política social se hagan trampas y se diga que están garantizados una serie de derechos cuando en realidad no lo están. No pueden estarlo si el resto de sistemas (en sus niveles políticos, organizativos y técnicos) no asumen la responsabilidad y se permiten dejar de atender personas y situaciones en la confianza de que ya lo hará esa última red. O lo que es más grave, definiendo que esa es principalmente su función.
Así, es innegable la ventaja de tener una red de servicios sociales con este encargo asistencial y residual. De la misma manera que es muy ventajoso mantener esa red con un componente importante de confusión e indefinición. Si se define se delimita y poner límites implica asumir que hay que cambiar prioridades y funciones, tanto en un sistema como en los restantes. Por eso es mejor no definir y tener un sistema que pueda encargarse de todo, aunque sea de cualquier manera, aunque suponga sobrecargar sus estructuras y profesionales.
Por eso opino que las cosas no van a cambiar sustancialmente. Es el sistema que hemos elegido para la protección social en España y hay demasiados actores que, dadas sus innegables ventajas, piensan que es el mejor de los sistemas posibles. En el fondo todos sabemos que para hacer trampas es mejor tener un joker.