La coca ilegal y los retos de la nueva justicia

La coca ilegal y los retos de la nueva justicia
Los recientes conflictos de Yapacaní, el TIPNIS, y La Asunta no pueden explicarse al margen del crecimiento descontrolado de los cultivos ilícitos de coca, tolerado por el gobierno en los seis años precedentes.
La marcha de los cocaleros de CONISUR revela la apuesta del MAS por sus bases, transgrediendo la legalidad constitucional y movilizando a la Policía contra indígenas y pobladores que resisten la expansión de los colonizadores.
En ese contexto de confrontación social y anomia, surgen dudas sobre la nueva administración de justicia.
Bajo el imperio de la coca
Cuatro hechos registrados durante la primera quincena de enero dan una clara idea del “estado de la nación” al inicio del séptimo año de gobierno de Evo Morales. El primero de ellos fue la decisión gubernamental de denunciar la Convención de 1961 sobre Estupefacientes que deja a Bolivia al menos durante un año fuera del sistema internacional de fiscalización del tráfico ilícito de drogas. Esa decisión, derivada de la declaratoria constitucional de la coca como patrimonio cultural, podría dificultar la suscripción, postergada ya dos veces, del convenio entre Bolivia, EEUU y Brasil para el control del narcotráfico. El segundo hecho fue la revelación de que el máximo dirigente de la contramarcha alentada por el gobierno que pide la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS, es un cultivador de coca excedentaria dentro de un parque nacional, lo que constituye un doble delito. La mayoría de los marchistas de CONISUR son cultivadores de coca en una zona en la que se han descubierto grandes laboratorios de cristalización de cocaína. El tercero se produjo en La Asunta con la expulsión violenta de la fuerza de tareas conjuntas encargada de la reducción de cultivos ilegales de coca y el anuncio de los dirigentes sindicales de esa región de organizar “autodefensas campesinas” para resistir la acción de la Policía y las FFAA. Finalmente, el suceso más grave fue la violenta y masiva intervención policial para restituir en el cargo al alcalde de Yapacaní, con un saldo de tres personas muertas y más de sesenta heridas. Una fracción disidente del MAS decidió resistir la ofensiva gubernamental y exigió luego la renuncia de tres ministros. El alcalde saliente era respaldado por la Federación de la Comunidad de la Reserva del Chore que está dedicada también al cultivo de coca en un área protegida.
A esta lista se podría añadir varios otros conflictos sociales que tienen la característica común del desacato a las instituciones del Estado, el desconocimiento de la legalidad y la resolución por la fuerza de las diferencias de intereses entre grupos contrapuestos. La gravitación de la coca y sus derivados en la mayoría de esos conflictos es otro rasgo recurrente que muestra las dimensiones que ha cobrado esta actividad ilegal en amplios sectores sociales a lo largo y ancho de todo el país. Asimismo, llama la atención que el mayor crecimiento de cultivos de coca se produzca justamente en los parques nacionales, que es donde deberían ser menos tolerados. Lo paradójico es que el propio gobierno aliente el desconocimiento de la legalidad constitucional al insistir en la construcción de la carretera de OAS para favorecer la ampliación de la frontera agrícola; al haber autorizado el crecimiento de los cultivos ilícitos y desregular el mercado de la coca desconociendo la Ley 1008; o al violar sistemáticamente los derechos humanos empleando a la fuerza pública contra indígenas o pobladores rurales que resisten el avasallamiento de los colonizadores cocaleros. La doble condición de Evo Morales como Jefe de Estado y simultáneamente presidente de las seis federaciones de cultivadores del trópico, parece haber alcanzado el punto más alto de conflicto de intereses. Si bien es cierto que el gobierno ha cumplido las metas de erradicación de cultivos ilícitos, el resultado neto es que cada vez hay más plantaciones de coca y que este negocio está muy lejos de ser un “factor de cohesión social” como postula la Constitución.
Este es el fruto de seis años de descontrolado crecimiento de los cultivos de coca alentada por el gobierno. La cultura transgresiva y de desacato de las normas nacionales e internacionales bajo la coartada de que este es un proceso “revolucionario” tiene no sólo consecuencias en el orden interno, como en los cuatro casos descritos, sino que debilita la capacidad de negociación del país en el ámbito externo, particularmente con los países vecinos que sufren las consecuencias del crecimiento explosivo del tráfico de cocaína. La coca, que de acuerdo a la mitología oficial llevó a Evo Morales a la presidencia, podría también ser el factor de su descrédito internacional y su insostenibilidad interna.
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NUEVA CRONICA Y BUEN GOBIERNO Nº98