La Comisión Europea necesita aclararse para poner orden en el fútbol español

Bruselas ha mezclado churras con merinas en la investigación que ha abierto para saber si los clubes hispanos se están beneficiando de fondos públicos en su financiación, lo que puede dañar al fútbol general de este país

Fuente: noentiendonada.es

El 10 de marzo de este año escribí un artículo en este blog titulado La Unión Europea va a ser la que meta en vereda a los clubes españoles de fútbol, en el que aplaudía los expedientes abiertos a los clubes españoles para investigar las ayudas públicas encubiertas que estaban recibiendo. Ahora, nueve meses después, mantengo la alegría por el hecho de que las autoridades europeas intenten aportar claridad en el opaco balompié hispano. Si bien, es necesario matizar que el expediente abierto por la CE, hecho público la semana pasada por el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, mezcla churras con merinas en el combinado que ha presentado como causa de la apertura del expediente contra siete equipos españoles. Porque tienen muy poco que ver que las sociedades deportivas paguen menos impuestos que las sociedades anónimas normales con que el Gobierno valenciano haya avalado créditos para salvar de la desaparición a los clubes más famosos de sus comunidad o con que el Madrid haya firmado convenios ventajosos con un Ayuntamiento en la ruina más absoluta.
Vayamos por partes. El expediente abierto por Bruselas al Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna por ser sociedades deportivas no mercantiles, en lugar de sociedades anónimas deportivas, como el resto de clubes profesionales, está basado en una ley que se aprobó en octubre de 1990 y se desarrollo mediante un Real Decreto en 1999. Es decir, han pasado nada menos que 23 años desde su puesta en marcha sin que nadie tomara medidas en contra de esta supuesta ley ilegal. Demasiado tiempo funcionando como para que ahora nos digan que esta norma no debería haberse implantado. Si se determina que hay que cambiarla, la CE también debería tener responsabilidades por haber estado dos décadas cruzada de brazos. Desde luego, una sentencia en contra en estos momentos no tendría mucha lógica.

Fuente: El ámbito financiero

Según las autoridades europeas, estos cuatro clubes se han beneficiado a la hora de afrontar el impuesto de sociedades, pues solo tienen que pagar el 25%, frente al 30% que deben abonar las sociedades anónimas deportivas. Además del factor tiempo mencionado en el párrafo anterior, este desequilibrio impositivo se da igualmente en el Estado español a la hora de pagar impuestos, pues las empresas mercantiles de Navarra y País Vasco pagan menos impuestos de sociedades que las de Madrid o Cataluña, por poner un ejemplo. Además, esta desproporción se repite en toda la Unión Europea, pues debido a la falta de armonización fiscal, en Irlanda las empresas, incluidos los clubes de fútbol, pagan sobre el 13% en el impuesto de sociedades, frente al 24% del Reino Unido, el 30% de España y Alemania y el 35% de Francia. Es decir, la compañías de unos países están en ventaja impositiva frente a las de otros, como pasa en el fútbol. Y mientras no se llegue a un acuerdo para que todos los europeos paguemos los mismos impuestos por iguales conceptos, este desequilibrio tiene difícil solución.
Además, la ventaja que supone para las sociedades deportivas esta ley cuestionada por Europa supone una desventaja a la hora de liquidar dicho impuesto, pues las sociedades anónimas pueden desgravarse las reinversiones, mientras que las sociedades deportivas no. Según afirmó Florentino Pérez en los Desayunos Informativos de Europa Press, el Real Madrid ha pagado en los últimos años 13 millones de euros más por el impuesto de sociedades que si hubiera podido desgravarse las reinversiones que el club ha realizado. Aunque las cantidades de los otras entidades sean distintas, seguro que en sus cuentas aparecen resultados similares. Por lo tanto, la resolución de esta parte del expediente no tiene muchos visos de terminar siendo gravosa para las arcas de estos clubes.

Fuente: eldiario.es

Otro aspecto muy distinto presenta el expediente abierto al Valencia, Elche y Hércules porque el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente del gobierno de esa comunidad, avalara los créditos otorgados a las fundaciones de estos clubes para acudir a sus ampliaciones de capital. Estos avales ascienden a 86 millones, 18 millones y 14 millones, respectivamente. Como las fundaciones no han podido afrontar el pago de estas altas deudas, los bancos afectados han ejecutado los avales del IVF, por lo que el Ejecutivo de esa comunidad tiene que abonar con dinero público estas deudas de estos clubes privados. El gobierno español afirma que puede demostrar que los avales se concedieron en las condiciones del mercado, como evidencian las dificultades que están teniendo estos clubes para enjuagar dichas deudas. Pero la Comisión Europea piensa que esos avales no cumplieron las normas sobre ayudas estatales de la UE, en un momento en el que esos clubes atravesaban especiales dificultades financieras. Como Bruselas determine dicha irregularidad, estos clubes deberían devolver esas cantidades con intereses, lo que les abocaría casi con toda seguridad a su desaparición.

Fuente: Intereconomía

Y la tercera versión de estas supuestas ayudas públicas ilegales es la que afecta al Real Madrid. En la operación de venta de la antigua ciudad deportiva del paseo de la Castellana quedó pendiente un fleco de un solar de 70.000 metros cuadrados en el barrio de Las Tablas, valorado en 488.000 euros (unos 734.000 con el IPC actualizado). Pero como ese terreno era de titularidad pública, el club no podía explotarlo. Y en 2011, el consistorio capitalino decidió compensar al club blanco cambiando la parcela por otras, pero incrementando su valor hasta 22,7 millones de euros. La entidad dirigida por Florentino Pérez argumenta que el valor catastral de ese terreno es de 25 millones, por lo que la valoración plasmada en el convenio no fue desorbitada. Pero si la CE determina la irregularidad de esa ayuda, el Madrid debería recurrir al Tribunal de Justicia Europeo o abonar al Ayuntamiento dicha cantidad, lo que resultaría un quebranto en sus cuentas, pero no su ruina. En este caso, el club sufriría un daño económico, pero el Ayuntamiento debería ser sancionado mucho más duramente por sus ciudadanos por dilapidar el patrimonio de todos de esa forma tan onerosa. Aunque el firmante de este convenio en su momento fue Alberto Ruiz Gallardón, seguro que la actual regidora, Ana Botella, y los suyos encontrarían alguna excusa para justificarlo todo.     Como se puede comprobar, la naturaleza de los casos que investiga la Comisión Europea es muy distinta, lo que augura un resultado dispar. Pero sea cual sea la sentencia final, los dirigentes de clubes españoles habrán comprobado que ya no pueden administrar sus entidades como si fueran cortijos privados en connivencia con las manirrotas autoridades políticas de turno, que ven un nido de votos en este campo. El Gobierno español les ha atado en corto y les está obligando a pagar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, según un plan diseñado para las próximos años, como otras miles de empresas de este país. Ahora es Europa la que tensan un poco más la cuerda del control. Pero es necesario que paguen por las irregularidades individuales que hayan podido cometer y no por un batiburrillo de cuestiones que afecten a todos y debiliten al fútbol español en general, como buscan entre otros, sus rivales alemanes e ingleses, que también tiene secretos que ocultar, para verse beneficiados en su enfrentamientos deportivos.