La corrupción

Las reacciones ante los numerosos casos de corrupción aparecidos en los últimos meses están, en general, centrándose más en su cura que en su prevención. Dar, por ejemplo, más medios a la Justicia o endurecer el código penal sin duda ayudaría a reprimir la corrupción. Pero –salvo un pequeño efecto disuasorio-, poco contribuiría a prevenirlo. El mal, una vez hecho, debe ser castigado, claro está. Pero mejor aún sería que no se hiciese.

Por ello, la lucha contra la corrupción debería estar más centrada en dificultar la comisión de actos de corrupción. Es inevitable que haya personas que decidan utilizar sus puestos de responsabilidad política para beneficiarse personalmente de ellos. La cuestión es ponérselo lo más difícil posible. Aquí van 7 ideas sobre cómo hacerlo:

1. Simplificar el ordenamiento jurídico. Un país con 100.000 leyes en vigor dificulta enormemente el cumplimiento de la Ley. Además facilita a los responsables de aplicar dicha Ley una cierta capacidad de presión para imponer la terrible opción de: “o el sobre o la legislación vigente”. Menos peso del Estado sería menos oportunidad para corromperse.

2. Reformar las Leyes del Suelo autonómicas. Una de las leyes más endiabladamente complicadas es la del Suelo. Admito no conocer sus detalles. Ahora bien, lo que no tengo ninguna duda es de que tiende a favorecer la corrupción haciendo ricos a algunos elegidos gracias a decisiones políticas.

3. Separar más claramente las responsabilidades políticas de las funcionariales. La corrupción en España se basa, a menudo, en que un funcionario se vea obligado a tomar una decisión dada por un responsable político. Víctor Lapuente publicó hace unos días un muy buen artículo comparando los procesos de despolitización de la Administración pública de Estados Unidos e Italia y sus efectos en la lucha contra la corrupción. La gestión en la Administración debe ser autónoma de las directrices políticas. Al mismo tiempo, esto implicaría que los funcionarios viesen mermadas sus expectativas de promoción política: ningún funcionario llegaría a ser ministro o secretario de estado cumpliendo órdenes políticas.

4. Separar las responsabilidades de Gobierno de las de Partido. Cuando una sola persona concentra el poder de Gobierno y el de hacer las listas electorales, acumula tal cantidad de poder que puede, fácilmente, creerse por encima de la Ley. Los partidos políticos deben ser contrapoderes de la labor de Gobierno y no instrumentos para acallar críticas a través del miedo que genera la confección de las listas electorales. Me parece llamativo el relativamente bajo nivel de corrupción en el País Vasco teniendo en cuenta la tradicional omnipresencia del PNV; me pregunto si algo tendrá que ver en ello su bicefalia en función de la cual el presidente del partido nunca tiene funciones ejecutivas de Gobierno.

5. Despolitizar la Justicia. Una Justicia autónoma es garantía de que ningún político podrá contar con la complicidad de quien deba juzgarle en caso de presunta corrupción. En este sentido, es muy difícil justificar el concepto de aforamiento según el cual un responsable político es juzgado por los Tribunales que más directamente están controlados por los jueces elegidos por el Congreso de los Diputados.

6. Promover la democracia interna de los partidos políticos. Una de las grandes ventajas de las votaciones es que canalizan una ingente cantidad de información. Como expliqué en este post, una votación permite agregar los conocimientos de todas las personas que participan en ella. Dado que el conocimiento personal de los candidatos es mayor dentro de los partidos políticos, las primarias permitirían que saliesen a relucir los indicios de corrupción antes y que los votantes lo castigasen en las urnas (admito, eso sí, que no siempre se penaliza a los corruptos en la urnas por mucho que se conozca su corrupción; Jesús Gil fue un buen ejemplo de ello).

7. Favorecer la transparencia financiera de los partidos políticos a través de su financiación privada. Es muy difícil que los responsables políticos hagan lo que sus partidos políticos no hacen. La opacidad financiera de los partidos políticos alienta la de sus integrantes. La financiación pública de los partidos favorece su opacidad dados los débiles controles que implica y la escasa rendición de cuentas que exige. Pedir dinero a los afiliados para sostener al partido (y al sindicato y a la patronal) implicaría ser mucho más transparente en las cuentas y, por lo tanto, dar ejemplo a los responsables del partido.

En resumen, la lucha de la corrupción se puede resumir en una sola idea: desconcentrar el poder de las manos de los políticos.