La criminología preventiva de Estado según Zaffaroni

Nadie puede prevenir si antes no agota los recursos técnicos para saber qué es lo que debe prevenir. No hay táctica posible sin un cuadro de situación.

Esto parece tan elemental que no encontramos más argumentos para reforzarlo: muchas veces la evidencia obstaculiza la argumentación, porque nadie se ocupa de lo evidente.

Espectadores interrumpe su cobertura del Festival de Cine de Mar del Plata para presentar el 25° fascículo de La cuestión criminal que (corregimos aquí) es el anteúltimo -y no el último- del compendio. Por razones de tiempo, en esta oportunidad reducimos la síntesis habitual. De ahí la recomendación especial de hacer clic en el último link, al PDF correspondiente.

También aprovechamos la ocasión para anunciar que en diciembre saldrá a la venta este mismo compendio editado por Planeta. Sin dudas, una buena nueva para quienes nos asomamos a la versión por entregas y digital.

 La criminología cautelar debe investigar los riesgos que constituyen las diferentes fuentes de muerte violenta en cada sociedad y proponer las medidas preventivas adecuadas. En última instancia, debe propugnar por la instalación de una criminología preventiva de Estado.

 Esta tarea no se agota mejorando el sistema penal, cuya eficacia preventiva es reducida y que además es un mecanismo lento que casi nunca se mueve. Incluso él mismo lo produce, a veces en forma de masacre.

 Por precario que sea, todo lo que los Estados destinan a la represión es muy caro, dato nada menor cuando tenemos en cuenta las necesidades de nuestros países, que deben invertir en desarrollo e infraestructura. Todo lo que se destine a evitar violencia es economía en el mediano plazo, pues, por lo menos importa un ahorro en represión.

 La criminología cautelar también debe prestar especial atención a las policías, que en nuestra región padecen diferentes grados de deterioro, y cuyo diagnóstico es imprescindible para emprender un proceso de reconstrucción institucional. El investigador deberá desdramatizar muchas situaciones, porque el oncólogo que se desmaya cuando mira la radiografía no sirve.

 Salvo los casos intolerables, no se trata de imputar a personas, pues éstas se formaron en instituciones que la política descuidó durante muchas décadas. Los deterioros tienen causas estructurales a las que se debe apuntar.

 Dos deben ser los objetivos para eliminar la recaudación autónoma: las formas de compensación legal antes de obturar los canales de recaudación ilegales y la distribución equitativa de los nuevos beneficios legales. En este sentido, no cabe duda de que la sindicalización del personal policial puede aportar soluciones más igualitarias.

 En la actualidad, la policía todo terreno tiende a desaparecer, reemplazada por policías especializados conforme a las diferentes funciones y, sobre todo, a la distinción entre la función de seguridad pública y de investigación criminal. La tecnificación policial no obedece sólo a mayores conocimientos, sino también a la formación cívica e ideológica del personal.

 El personal debe formarse de preferencia en las universidades y no ser por completo entrenado en ghettos profesionales. Esto permitirá abatir prejuicios absurdos y destruir estereotipos.

 El personal policial suele ser la más próxima representación del Estado que tiene el habitante, y a veces la única. De ahí que deba tener un mínimo de entrenamiento para manejar la conflictividad cotidiana, orientar a la población, derivar los planteos a las diferentes agencias del Estado con capacidad para resolver. La comisaría, la escuela, el hospital y el municipio deben coordinarse, porque de eso depende la resolución de muchos conflictos que de otro modo pueden volverse violentos e incluso costar vidas humanas.

 Debe suprimirse la pura meritocracia estadística, que deriva en prácticas viciadas. El control de la calidad del servicio debe ser valorado conforme a criterios de eficacia preventiva y no de puro número.

 Si bien en nuestros países no sería muy imaginable la elección popular de los jefes policiales, no estaría de más pensar en consultas locales sobre la evaluación pública de las policías y en consejos de vecinos, puntos de encuentro con instituciones públicas y privadas, ONG locales.

 Pensamos que el único modo de reducir la prisionización es el establecimiento de cupos, o sea, determinar cuál es la capacidad de cada establecimiento y limitar el número de presos a esa capacidad, sometiendo al resto, en orden de menor gravedad o mayor proximidad al egreso, a penas no privativas de libertad. Como hay una general resistencia a esta solución, las cárceles se siguen degradando con el consiguiente efecto reproductor.

 Si el preso por infracciones de supervivencia está preso no tanto por lo que hace, sino porque lo hace mal, porque ha elegido un camino para sobrevivir que lo lleva a su destrucción y que es funcional a la legitimación del poder punitivo, lo cierto es que está preso por su vulnerabilidad, de la que forma parte central la introyección del estereotipo, o sea, su propia autopercepción, que le otorga un alto nivel de vulnerabilidad al poder punitivo.

 Si el preso está preso por su vulnerabilidad, de lo que se trata es de ofrecerle (no imponerle) la oportunidad de elevar su nivel de invulnerabilidad, no conforme al precepto “sé bueno”, sino “no seas tonto”. Algo así como “sos un ser humano, tenés que darte cuenta de que esa imagen que te construiste de vos mismo es falsa, te degradás a vos mismo y sos funcional al poder, te hacen creer piola y te usan como gil, te están usando”.

 Un trato y una clínica de la vulnerabilidad son posibles y su teorización tendría enorme valor para dotar de un nuevo discurso no contradictorio al personal penitenciario.

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La versión completa de este fascículo se encuentra aquí.