Revista Opinión

La descentralización política como base irrenunciable del liberalismo

Publicado el 30 agosto 2012 por Vigilis @vigilis
El rescate a Cataluña, como era de prever, nos está dejando jugosas conclusiones propias de los arbitristas del siglo XVII. En general, la crisis se muestra como un saco de patatas que carece de aristas. La simplicidad del diagnóstico y por tanto de su tratamiento consigue que la gente suelte lo primero que se le viene a la cabeza. Da igual si dentro de la crisis cuentan cuestiones de carácter crónico (como la dualidad del mercado laboral) o que desbordan el ámbito de soberanía del reino (la construcción europea).

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Lo que más éxito tiene, entre socialistas de derechas y -a la chita callando- entre las bases de los socialistas de izquierdas, es esa idea un tanto extraña de la racionalización. No quiero ser pesado con el tema, pero es que me llama mucho la atención cómo a todo un programa ideológico perfectamente identificable y discernible de otros, se le intenta hacer pasar por lo normal, lo que hay que hacer, lo lógico, etc. Resumo mucho pero seré muy gráfico al decir que este programa se basa en tomar la descentralización política como causa de los males de España. Los nacionalistas son peores que los ingleses que molestan en Gibraltar y, en definitiva, una serie de recetas no dirigidas a salir de la crisis, sino a "salvar a España". Es, en definitiva, el programa de alguien que no entiende por qué hay españoles que no están a gusto con la actual concepción política de España. Es el tipo de gente que piensa que un estado nacional puede sobrevivir por el efecto mágico de una ley que diga que debe existir, ignorando los lazos afectivos que realmente crean una comunidad nacional, el sentimiento de pertenencia y las cuestiones relacionadas con la igualdad de servicios de todos sin importar dónde se vive (este último punto es más sutil, pero no pocas veces he oído a gente reírse de que Almería tenga un Palacio de Deportes).
Se confunde al personal por malicie o molicie al decir que tal palacio de deportes es un lujo y una concesión excesivamente graciosa, en lugar de centrarse en señalar irregularidades en la concesión, líos judiciales, burradas en el aparcamiento, etc. Es decir, las cuestiones de carácter técnico o técnico-económico que sí deben ser revisadas con luz y taquígrafo se confunden en la miasma ideológica para llegar a la cumbre del intelectualismo que desemboca en la frase "es un lujo inasumible que Almería tenga un Palacio de Deportes". A continuación, ya puesto el espectador en el plano de la mala leche, se suelta el número de pensiones de mierda que se pudieron haber pagado con los millones que costó el complejo deportivo. Tal desarrollo intelectual propio de un mustélido es el que se repite más de lo que a mi me gustaría escuchar.
Y es que si tanto preocupa el gasto público en la dotación de servicios, el paso lógico es defender cierto principio de política liberal. Sin ir más lejos, dejar que sea el mercado el que dote de servicios públicos buscando un lucro monetario. Además, defender esta postura lleva aparejado el fin de mucho enchufismo y caciquismo. Ah, pero de la derecha socialista eso no lo escucharemos. En el fondo, de lo que se trata es que Madrid sí puede tener un Palacio de los Deportes porque se lo puede permitir, pero Almería no porque es una capitalilla de provincias. Es así cómo funciona la mente de mucha gente (por cierto, ¿desde dónde se emiten los programas de radio y televisión?). El análisis que jamás veremos es el de la búsqueda de las causas de la riqueza de unos territorios frente a otros.

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Ser, es bonito.

Nadie explica en voz alta que el periodo formativo es un gasto público (estrictamente sin ingresos), que el periodo de vida laboral tiene lugar donde está la mayor demanda y que, las pensiones se vuelven a cobrar -no pocas veces-, en el lugar de origen (nuevamente, gasto farmacéutico y sanitario). Es decir, no existe un análisis que diga que la prosperidad de unas regiones se basa en la inversión de otras. Nadie explica claramente que el contribuir a la caja común, al desarrollo de todos los lugares de España no es una concesión graciosa en la dirección ricos-pobres, sino más bien un pago de los servicios realizados. Así pues, cuando Mas-Colell habla de "solidaridad excesiva" de Cataluña con España, me dan ganas de abrirle la boca y cagarle dentro. Porque es un argumento muy injusto y es el mismo argumento de los arbitristas mesetarios cuando pretenden salvar a España de los gastos de esa pandilla de "independentistas traidores y antiespañoles".
Porque ésa es otra. Si hablamos de equipamiento cultural, deportivo o de infraestructuras, aún se toma con ciertas dudas: al fin y al cabo se trata de cosas que se pueden usar y tocar. Pero cuando hablamos de programas culturales, de promoción económica, de la educación en otra lengua que no sea el castellano, de la ordenación del territorio, etc. (las cosas que no se palpan), estamos hablando de "fomentar el odio a España". Esta ramplonería es la que se nos está vendiendo como defensa de España y de la igualdad de todos, etc. La obviedad de que no somos iguales parece no importarles. El hecho de que España sea tan rica que en ella conviven al menos tres idiomas, se toma como algo folclórico o anecdótico ("ay, mira que acento tan gracioso"). Incluso sin meternos en el barro, los medidores estadísticos comparativos de las regiones de España indican que la descentralización funciona. Este argumento a mi no me gusta emplearlo. Defiendo firmemente que sin un análisis de si funciona o no (según los muy variados objetivos que se puedan marcar), el derecho político de los ciudadanos a tener distintas representaciones públicas para salvaguarda de sus derechos (entre los que se cuenta el de la propia representación política), es inalienable. El sistema de contrapesos, de equilibrio de poder, de supervisión y demás, es algo que protege las libertades ciudadanas. Cuando tienes gobiernos autonómicos capaces de presentar recursos ante el Constitucional, cuando tienes libertad política para cambiar el equilibrio de poder a mitad de legislatura, cuando te pueden atender los funcionarios en el idioma que hablas en tu casa, cuando puedes votar opciones políticas que propugnan el cambio de relación de la comunidad inmediata con el estado central; puedes decir que tienes un sistema robusto, más complicado de ser tiránico (esto también va en el sentido contrario: toda la historia de España es un continuo apelar a la justicia del Rey frente a los poderes locales), un sistema en el que cabe más gente. Lo contrario, la centralización total supone cargarte los equilibrios de poder, aumentar la corrupción política, reducir la capacidad política del ciudadano (básicamente, la historia del liberalismo político es la historia de aumentar la capacidad política del ciudadano).
Ante esto, un roedor me puede tirar a la cara las cincuenta embajadas de la Generalitat. Quien está en la Generalitat puede hacer la política que le dé la gana mientras tenga apoyo popular. Si hay cincuenta embajadas catalanas, esto se debe a que existe una demanda política detrás. A mi, como a muchos otros, no me gusta ni un ápice. Yo, como tantos otros, priorizaría la sanidad a la influencia cultural y económica, por ejemplo. El caso es que estemos de acuerdo o no con lo que haga Barcelona (o Santiago o Mérida), no significa que los instrumentos para hacerlo deban desaparecer. En todo caso son esas políticas las que deben desaparecer, pero no los instrumentos que las hacen posible. Para cambiar de políticas, es necesario que exista un ámbito político de actuación. Es necesario que exista un mercado de ideas, que la gente debata y explique sus opciones. ¿O acaso alguien piensa que sin CC.AA. e ilegalizando a los nacionalistas (es debatible que se deban presentar al Congreso de los Diputados) se va a arreglar o ahorrar algo?
Y sí, por si preguntáis, yo también pienso que el Título VIII es un horror, incluso que las autonomías uniprovinciales no deben existir. Pero porque opino eso en función de los principios que defiendo, no le ando diciendo a nadie que mi postura es indiscutible y la única válida. Es más, creo que la competencia en educación -de lo que más preocupa a los racionalizadores- no debe regresar al estado central... porque pienso que ningún poder político debe tener competencia en educación (más allá de los instrumentos que garanticen el acceso a todo el mundo, cosa que ya no es estrictamente asunto educativo, sino ayuda social de nivel municipal si me apuráis). Y sí, estoy en contra de los privilegios que disfrutan País Vasco y Navarra, quienes, por el sofisticadísimo método de editar una hoja de excel, se meten en la buchaca 2.600 millones de euros al año. Hay que hablar de la financiación autonómica porque hay que hablar de poner límites al poder, a todo poder. Claro que el tema ya exige una neurona más de la que tiene un mustélido racionalizador.
Hoy, el liberalismo es un fantasma alanceado por sus enemigos, pero acaso porque es mucho menos activo, menos visible, menos temido que durante la Guerra Fría. Motejado de neo o de salvaje, según los socialistas que lo bauticen, el liberalismo es algo más que un monigote teórico para hacer vudú pero también algo menos de lo que debería ser. Arrecogidas en el beaterio académico se acomodan dos clases de intelectuales: los que bajo el marbete liberal habitan un rincón acotado, una cuota, (...) y aquellos que relegados al desván de la vida académica se dedican al liberalismo como otros a la paleontología. En ambas tribus, el liberalismo no aparece como una idea viva, cambiante, que está detrás de las mejores instituciones forjadas por la humanidad en los dos últimos siglos (...)
Federico Jiménez Losantos, La Ilustración Liberal nº1
(...) hay un cierto tipo de liberales que podríamos llamar liberales a cuenta, que proclama como base de la salud pública la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas hasta el último céntimo del gasto público, pero que no se preocupa por las razones esgrimidas por ese Gobierno para llegar al Poder y mantenerse en él. Como si fuera más importante la administración técnica de los recursos públicos que la legitimación del acceso al Presupuesto y la razón de su usufructo.
Federico Jiménez Losantos, La Ilustración Liberal nº2  


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