La ética del derecho

Desde la creación de los Estados democráticos se ha venido considerando a la ética del derecho como la filosofía esencial que regulaba la legitimidad de los actos sociales. Sin embargo, en el pasado y ahora, esta consideración ha sido quebrantada multitud de veces por quienes son usuarios de esos derechos y por quienes administran y vigilan porque esa relación sea lo más justa y ética posible, ya que es un bien que repercutirá en la tranquilidad de todos. Por lo tanto, es factible pensar que el hándicap endémico de la ética del derecho estriba en considerar por razones de ignorancia que su aplicación práctica, sin tener en cuenta el orden social, político y económico en el que opera, resolverá todas las carencias sociales que muchas veces se implementan con erróneas decisiones políticas. Es decir, la ética valora todos los contenidos de bien que se dan en una relación, pero no es capaz de hallar las condiciones de verdad en que se establece la relación. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque el gran problema actual de la ética del derecho reside en el desacoplamiento con los postulados de las filosofías sociales que indagan la verdad universal. Mientras que la ética del derecho es un ciencia eminentemente práctica, la filosofía social es una ciencia especulativa; una busca el bien y otra la verdad. El no confundir el bien con la verdad, es la clave para poder investigar con rigor que esas relaciones sean un bien porque se ajustan a la verdad. Es decir, de la Verdad siempre sigue bien, pero lo estimado como Bien no siempre es verdad. Como ejemplo esclarecedor, aunque existen cientos a lo largo de la Historia, podemos mencionar al régimen constitucional nazi, que basaba su ética del derecho sobre una filosofía social falsa y aterradora. El error de pueblo alemán fue hacer converger el bien (ética del derecho) con la verdad (filosofía social nazi)

Actualmente, la degeneración moral a la que asistimos perplejos los ciudadanos ante los casos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, clientelismo no son sino síntomas contumaces de lo explicado renglones arriba, o sea, de cómo el orden social degenerado amolda la ética del derecho a los postulados de ese paradigma social enfermo. De esta manera, se deduce que la ética del derecho que practicamos en nuestro país, como en gran parte de los países del mundo, ha sido arrastrada hacia una degradación de sus fundamentales principios, en los cuales, ha echado raíces la desvergüenza y la falta de una ética que modere las acciones de todas las instituciones que conforman el entramado social. Cada día asistimos a un alud de noticias que nos dejan constancia  tangible de ese déficit ético-moral en la que se encuentra las élites gobernantes y empresariales del mundo, adobado con el consentimiento de una ciudadanía resignada y abúlica. En nuestro país, el caso Dívar es ejemplo paradigmático de la disfunción de decoro que sufre nuestro país y los administradores de los poderes de Estado. Este risueño magistrado puesto en consenso por la oligarquía partidista solapó el bien con la verdad, creyendo en la inocuidad de sus actos sin advertir que las condiciones de verdad de sus acciones se sostenían en una filosofía social corrupta. Pero esto también pasa en el campo de la economía; se pensó que todas las maniobras financieras e inmobiliarias que los agentes económicos y sociales intercambiaban eran éticamente legítimas además de un bien social, pero no se advirtió, o no se quiso advertir, que ese modelo socio-económico radicaba en una filosofía social destructora y depredadora como bien se encarga la crisis de detallar cada día. Así pues, mientras no seamos capaces de discernir esta disyuntiva entre bien y verdad, estamos abocados al fracaso social permanente, ya que para desarrollar y preservar derechos consuetudinarios éticos es imprescindible que la práctica moral se vertebre y sea auxiliada por un modelo social que indague sobre la verdad de los fines antropológicos más humanizadores. Toda acción humana lleva aparejada un distintivo moral, ya sea negativo o positivo, por eso cuando la regresión moral es patente hay que actuar intentando modificar el diseño y la estructura social, en la cual, se insertan las relaciones comunitarias, porque si no, este mal diseño estructural minará lentamente los soportes éticos de la sociedad. De todos depende subsanar esta anomalía, porque de poco vale culpar siempre a los grupos políticos y económicos si la sociedad entera no les exige un plus de decencia y honestidad;  pero claro, para eso primero es necesario que el propio cívico de a pie se conciencie de que es condición “sine qua non” una filosofía social de la verdad para que los actos interrelacionales se desenvuelvan en una verdadera ética del derecho social.

Luis Fernando López Silva