Si bien hay que remarcar que la Infanta ha sido imputada, no condenada, no hay que ignorar que la continuidad de su relación con la entidad catalana no ha dejado indiferente a nadie. Lo que también podría haberse entendido como un ejercicio de lealtad hacia uno de sus empleados, ha acabando despertando cierta suspicacia por parte de una ciudadanía que ve como, día tras día, afloran en los medios diferentes casos de corrupción política.
Independientemente de lo acertado o desacertado de la decisión de la entidad, hay que asumir que ésta entraña un cierto coste reputacional, difícil de cuantificar, especialmente teniendo en cuenta que el juicio no se ha producido todavía y, por lo tanto, no es posible valorar aún el impacto que este asunto pueda acabar teniendo.
La decisión de apartarla de la esfera nacional, más que resultar una solución, ha supuesto un paliativo a la espera de acontecimientos. Sin embargo, en aras de evitar posibles perjuicios a la imagen de la entidad, probablemente hubiera sido más conveniente optar por una desvinculación, preservando y evitando poner innecesariamente en riesgo la buena reputación de "La Caixa".
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