El pasado fin de semana, el periodista Jordi Évole ponía contra las cuerdas - dialécticamente hablando - al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Le preguntaba acerca de la libertad de expresión y de cómo se vería afectada con la próxima ley de seguridad ciudadana, que recoge que los internautas podrían ser detenidos por la publicación de comentarios o por la difusión de ciertos documentos audiovisuales, como la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y desahucios.También le preguntaba acerca de las detenciones que la policía había hecho días antes basándose en declaraciones y amenazas recogidas en Twitter, así como el criterio seguido para hacer estas pesquisas. A colación de esto último quiso saber cómo actuaría el ministerio en el caso que él recibiera alguna.
Tentado por la inquietud de Évole, un tuitero identificado como @Antisionista14, le envió la siguiente amenaza: "Voy a aplicar la libertad de expresión. Jordi Évole, cuando te vea, te voy pegar dos tiros y el remate final en la cabeza". Ante los comentarios de otros usuarios recriminando el desproporcionado tuit, se reafirmó en su posición afirmando que "Empieza la horda de subnormales a tocarme los cojones por querer, y si puedo, hacer lo que le voy a hacer a Evolé".
Ante situaciones como esta, podemos preguntarnos si las amenazas en este tipo de medios constituyen delitos. Y el caso de que lo constituyeran, el siguiente problema sería que, a pesar de ser un servicio global, al estar los servidores en distintas jurisdicciones ¿cómo podría actuar la justicia? alfonsovazquez.comciberantropólogo