La nueva Ley de Propiedad Intelectual mantiene a los servicios P2P en el limbo jurídico

Entrará en vigor a finales de año, tras la última negociación parlamentaria

El pasado viernes se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual; ahora conocida popularmente como Ley Lassalle, en referencia al secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de la reforma. En realidad, de lo que se trata es del último episodio de la cruzada contra la piratería en Internet emprendida por el gobierno de Zapatero y que continúa por la misma línea el ejecutivo de Rajoy: sin dar voz a todas las partes -entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual, industria y usuarios- y obviando una vez más los referentes europeos en la misma materia.
Conoce tras el salto todas las novedades sobre una ley que nos afecta especialmente a los que vivimos nuestra cultura en Internet y creemos que hay una forma para respetar los derechos de los creadores y empresarios sin vulnerar la libertad de los ciudadanos. Una a la que, desde luego, esta Ley Lassalle ni se acerca.
Esta reforma nos llega casi dos años después del inicio de una gesta que, según informes publicados por Wikileaks, nació a raíz de presiones y amenazas por parte del Gobierno de Obama a Zapatero (la gran mayoría del contenido pirateado en nuestro país procede de Estados Unidos), y cuya misión es llenar las lagunas de su precario precedente, dándole  aún más uso -y medios- a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert para cerrar aquellas páginas que vulneren el copyright y que en su primer año de vida e ha pronunciado sobre casi cuatro decenas de casos. 
El anteproyecto está centralizado en torno dos aspectos fundamentales: un aumento del control y poder sancionador sobre las webs de enlaces y entidades de gestión y a la limitación de la copia privada a la destinada para el uso personal (incluyendo los programas de televisión), aunque su “principal actividad será la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización", ha señalado el Ministro de Educación y Cultura con nombre y vocabulario de Pokemon, Wert. 

Las webs de enlaces
Las webs de enlaces podrán ser multadas con entre 30.000 y 300.000 euros si no retiran los links o no ponen los medios necesarios para que el contenido no vuelva a estar disponible. También se facilitará el cierre indirecto de la página como última medida, ya que el anteproyecto plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil según la cual el juez estaría legitimado para exigir a cualquier empresa que  haya tenido relaciones comerciales con la web durante los doce meses previos a la denuncia que colabore en la investigación, por ejemplo, retirando la publicidad con sus consiguientes pagos para reducir la capacidad económica del supuesto infractor en el caso de los anunciantes y a bloquear directamente el site en caso de los proveedores, siempre bajo la amenaza de una multa de cuantía similar.
La reforma no considera intermediarios dañinos y deja fuera de sospecha a motores de búsqueda como Google y Yahoo! y a blogs que enlacen a terceros de forma ocasional. Lo mismo sucede con las redes sociales, cuyo creciente poder e influencia las convierten en una especie de intocables y a cuya estela seguirán previsiblemente las páginas de enlaces que puedan permitirse una renovación de semejante envergadura (como SeriesYonkis).
Las entidades de gestión, en el punto de mira
En cuanto a las ocho entidades de gestión de propiedad intelectual de nuestro país (SGAE, AGEDI, AIE...), éstas adquirirán nuevas obligaciones y podrán ser multadas, por ejemplo, con hasta un 2% de la facturación del año anterior si no publican en sus páginas las tarifas (en lugar de una simple retirara de licencia, como sucedía en teoría hasta ahora). Además, en lo que es quizás el único acierto de esta reforma, a estas entidades -que necesitan de aprobación del Ministerio de Cultura para constituirse- se les impedirá crear sociedades mercantiles para evitar casos como el que ha llevado a parte de la dirección de la SGAE a comparecer en calidad de imputados frente al juez Ruz.
El nuevo "nuevo" canon
El aspecto más polémico de la reforma tiene que ver con el régimen de compensación de copia privada, ya modificado vía reglamentaria, modificado nuevamente para sustituir al antiguo canon digital con la clara intención de reducir los ingresos de las entidades de gestión, que eran las beneficiadas del mismo en base a una supuesta retribución de perjuicios. 
La nueva copia privada quedará limitada a la realizada por una sola persona a partir de una obra adquirida únicamente por ella y mediante el empleo de un soporte FÍSICO, lo que deja a las obras ofrecidas por proveedores como Itunes con el calificativo de copias licenciadas mientras mantiene a los servicios P2P (torrent) fuera de la legalidad, dejando un último reducto a la comunidad pirata. Lo mismo también se aplicará a las grabaciones de programas de televisión y radio para un único visionado posterior.
Especialmente sangrante es el caso de las universidades, que se verán obligadas a pagar otro canon si los docentes distribuyen material sujeto a copyright a sus alumnos en plataformas digitales como EKASI o Moodle, lo que reducirá ostensiblemente la calidad de la ya deficiente educación de nuestra universidad pública, más sumida que nunca en el caos a pie de aula por la torpe y precaria implantación del plan Bolonia. 
La última reforma también amplía el plazo de protección de los derechos tras la muerte del autor de 50 a 70 años.
En este momento el proyecto se encuentra en la fase de consulta, donde según Soraya Sáenz de Santamaría los implicados podrán hacer sus alegaciones antes de que el texto entre en vigor, previsiblemente en otoño, cuando el Consejo de Estado haya emitido un dictamen y se de una nueva discusión parlamentaria no exenta de polémica social y resonancia mediática. Por desgracia, mientras el foco no se ponga en la búsqueda de consenso el cabreo de todos los lados afectados y el malestar patente en la red están y seguirán estando más que justificados.
/Vía El País, ABC y El Mundo.