La política del suicido energético

La única partida de los presupuestos exenta de recortes en 2013 es, inexplicablemente, la destinada a importar crudo y gas. De Enero a Noviembre, la factura nacional de compras de  combustibles ha crecido cerca del 14%, según el Ministerio de Economía.

Pero según el CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, el coste conjunto anual de las importaciones de petróleo y gas alcanza los 45.696 millones de euros, un 16% más que el año anterior.

El ahorro de energía es desde hace muchos años una auténtica obsesión para la Comunidad Europea. La postura oficial es muy gráfica: un inmenso chorro de dinero sale de las arcas europeas e inunda los países productores. Europa se desangra por una herida que se puede taponar con políticas de ahorro energético. Se pretendía hacer de este ahorro una auténtica industria, que a la vez creara riqueza, innovación tecnológica y, por supuesto, puestos de trabajo especializados. Y apareció el sector de las energías renovables.

La dependencia energética española es del 75%, según datos del propio Ministerio de Industria. Conscientes de ello, España apostó en la legislatura pasada por el ahorro energético, de forma algo descoordinada pero eficaz: fomento de las bombillas de bajo consumo, limitación de la velocidad máxima en autovías, apuesta por las energías renovables, potenciación del presupuesto del IDAE con cientos de millones de euros destinados a proyectos y planes de ahorro y eficiencia. Los particulares y las empresas, incentivados por el dinero público, se lanzaron a renovar equipos térmicos y a mejorar aislamientos. Los resultados no se hicieron esperar: el gasto eléctrico empezó a declinar sustancialmente. Una carga de profundidad en el casco de las empresas productoras e importadoras.

El nuevo Gobierno ha impuesto un giro de 180 grados a la política energética. Según fuentes del sector de las energías renovables, el primer acto del nuevo director del IDAE, Fidel Pérez, un hombre del PP procedente de la fundación FAES, fue dirigir un  absurdo alegato a sus nuevos subordinados, reprochando su implicación en la política de energías renovables del anterior Gobierno. Quizá cuando fue bendecido digitalmente para su nuevo puesto nadie de molestó en explicarle que las siglas IDAE corresponden a Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

El nuevo ministro de Industria anunció en marzo del año pasado que el presupuesto de inversiones del IDAE se dedicaría a algo tan rentable para el país y de tanto futuro como pagar el déficit de tarifa de las compañías eléctricas. Con decisiones como esta, es lícito preguntarse  quién dirige en realidad la política energética española.

El resto de la política del Ministerio de Industria es igualmente reaccionaria y contraria a cualquier noción de eficiencia energética: ha anulado todos los convenios del IDEA con las CCAA para los planes Renove de calderas, electrodomésticos y automóviles; lleva un injustificable retraso en la trasposición de las Directivas europeas de ahorro energético; ha intentado vetar la nueva directiva de eficiencia de la Comunidad Europea, haciendo un ridículo histórico; sigue, en contra del programa electoral, sin modificar un ápice el diseño del mercado eléctrico, que con la caída de la demanda favorece aún más el déficit de tarifa, que ya ha acumulado 30.000 millones de euros. Es sabido que se podría acabar con la trampa del déficit de tarifa a golpe de BOE, empezando por exigir la auditoría del coste real de generación de la energía eléctrica.

Aun así, las declaraciones oficiales siempre niegan que se hayan eliminado las políticas de ahorro, en abierto contraste con la realidad de los hechos. La realidad es que el déficit de la balanza energética es cercano a los 44.000 millones de euros al año, un 12% más que en 2011, igualando el nivel record de 2008;  aunque las cantidades importadas son menores que entonces, ahora el precio unitario es mucho mayor.

España no ha traspuesto aún al ordenamiento español la directiva europea que obliga a los edificios “de segunda mano” a tener una etiqueta de eficiencia como la de los electrodomésticos; es el famoso Real Decreto de Certificación Energética. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Luxemburgo por el retraso de cinco años en su aplicación. El decreto lleva meses preparado para su publicación, pero jocosamente el Ministerio de Economía y “Competitividad” se opone a esta medida, que ve como una carga más para el mercado inmobiliario, al que por otra parte ha hundido ya con sus medidas a favor de la Banca.

Además, el decreto regulador del balance neto de fotovoltaica en pequeñas instalaciones a prima cero sigue paralizado. Es el también llamado Decreto de Autoconsumo Eléctrico. Según fuentes del sector, el ministerio de Industria busca fórmulas de ponerle topes para limitar el número y potencia de las instalaciones domésticas, a las que se seguirá obligando a pagar los derechos de acometida eléctrica y el término de energía, a los que se consentirá una subida sustancial.

En octubre pasado, España votó en contra de la nueva directiva europea de eficiencia energética en los edificios. El Ministerio de Industria alegó que ya en 2010 nuestro país  había alcanzado el objetivo, previsto para 2016, de reducir un 9% el consumo y que la nueva directiva penalizaría a España al no tener en cuenta los avances logrados antes de 2014; y que la obligación de renovar energéticamente los edificios de la administración crearía “desequilibrios en los presupuestos públicos”. Pero el mismo Ministerio sí recurre a la necesidad de reducir la dependencia exterior cuando defiende la búsqueda de gas mediante el denostado sistema del fracking hidraulico, tan dañino para el medio ambiente como probado contaminador de las aguas del subsuelo.