La Proteccion Social avanza en Guatemala

Foto procedente del Blog Guateland: http://guateland.wordpress.com

El Gobierno acaba de lanzar uno de sus programas estrella, la “Generación de Empleo Temporal a nivel Comunitario”, que permitirá proporcionar unos ingresos mínimos a los cortadores de café que han visto sus empleos cancelados o reducidos debido a los impactos de la roya del café sobre la cosecha 2013. Este programa, a pesar de tener un nombre horroroso desde el punto de vista del marketing político, ha conseguido captar la atención de sus vecinos centroamericanos, pues ya lo he visto en diarios de El Salvador y Nicaragua. Voy a compartir con ustedes algunas impresiones sobre la importancia y el potencial de la protección social de los más vulnerables, para situar en un contexto global este programa de nombre impronunciable.
Tengo la impresión, después de muchos años de esperanzas frustradas, que Guatemala está avanzando, lenta pero decididamente, hacia una mayor (¿tal vez universal?) protección social de sus ciudadanos, especialmente de aquellos grupos más desfavorecidos. Tenemos ya muchos hechos concretos que apuntan hacia la consolidación en el ideario político nacional de un mínimo de protección social del Estado hacia sus ciudadanos: la creación del MIDES y los programas de “Mi Bono” y “Mi Bolsa Segura”, la creación de un Viceministerio especifico de Protección Social, la vinculación del MICIVI al Plan Hambre Cero a través de su programa (todavía en pañales) de empleo temporal para rehabilitación de caminos rurales y la propuesta de creación de una Red de Protección Social contra el Hambre de la SESAN, recogida en su plan de acción azul cielo. Si a esto le sumamos el programa GETC (incluso la sigla es fea) de los temporeros del café, tenemos ya una buena cantidad de hechos relevantes, que apuntan en la buena dirección.
Estos hechos adquieren mayor relevancia al compararlos con la situación que había en el país hace cinco años: casi un desierto de protección social. Guatemala fue uno de los últimos países de América Latina en incorporarse al carro de los exitosos Programas de Transferencias Condicionadas, como el Bolsa Familia de Brasil o el Oportunidades de México. Estos programas habían adquirido años de experiencias probadas y de resultados concretos contra la pobreza extrema, la desnutrición, a favor de la cedulizacion, de la salud y la educación de los más pobres y hambrientos. Incluso los programas que no implicaban condicionalidades eran un éxito para reducir la brecha de ingresos y la conflictividad social. En millones de hogares, estos programas fueron los primeros que mostraron que el Estado podía llegar a todos los ciudadanos, incluso en las áreas rurales más remotas, y no solo a las clases medias y altas urbanas, que son las votan e influyen en la política nacional.

Guatemala está avanzando hacia una mayor (¿tal vez universal?) protección social de sus ciudadanos

Esta realidad social llegó tarde Guatemala, y solo el anterior Gobierno de Colom se decidió a adoptar tímidamente un programa de transferencia condicionada, que luego ha sido continuado, mejorado y ampliado por el Gobierno de Pérez Molina. El porqué de este retraso hay que atribuirlo mayoritariamente a la reticencia del sector empresarial en aceptar más programas sociales que implicasen (a) una mayor transferencia de recursos a los estratos más bajos y (b) una ampliación del rol del Estado. Esta clase empresarial miope ultra-neoliberal quería un estado mínimo, exclusivamente regulatorio y coercitivo, y que fuera el libre mercado y el empleo mal pagado (maquilero o temporero) el que determinara quién tiene acceso a los recursos y quién no. Este mismo sector empresarial (que no son todos los empresarios guatemaltecos, por cierto) es el que se empeña desde hace años en bloquear cualquier ley o política de desarrollo rural que no prime los intereses de los grandes propietarios que cultivan para exportar, aunque esas leyes sean beneficiosas para los cientos de miles de pequeños agricultores que cultivan para comer y alimentarnos. Ahora se hacen llamar Chapines Unidos por Guatemala, y ya hablare de ellos en otra entrada.       
Pero volviendo a los avances en materia de protección social nacional, me gustaría enmarcarlos en el contexto global y regional, pues creo que esto ayudará a comprender mejor que se cuece en el mundo y como Guatemala se conecta con esa dinámica. Actualmente hay tres propuestas circulando en los foros internacionales que pueden ser relevantes para Guatemala y su red de protección social. En primer lugar tenemos la creación de un Fondo Global de Protección Social (idea lanzada por el Relator de Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter), que actuaría como apoyo económico para ampliar la red y como seguro de refuerzo en caso de eventos inesperados con consecuencias sociales (eventos climáticos o impactos financieros). Por otro lado, está la propuesta de un Piso Mínimo de Protección Social Universal (idea promovida por Naciones Unidas y aprobada recientemente en la asamblea de la OIT) para que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país tengan unos mínimos de protección social cubiertos por el estado, entre los que estarían la salud, alimentación, educación, desempleo y/o jubilación. Y en tercer lugar, una propuesta para invertir todos los ingresos que proporciona la extracción de recursos naturales de un país en transferencias directas a sus ciudadanos (propuesta de un think tank norteamericano que se llama Oil2Cash y que viene en un video muy bien hecho), para luego recuperar parte de ese dinero a través de los impuestos. Esto crearía una mayor distribución de riqueza, y una mayor rendición de cuentas del Estado a los ciudadanos, así como una mayor participación de los ciudadanos en la financiación pública. Doble responsabilidad.
Estas tres ideas podrían servir de inspiración para aumentar la cobertura, diversidad y profundidad de la incipiente Red de Protección Social contra el Hambre que Guatemala está comenzando a desarrollar. Requieren voluntad del Gobierno y del Congreso, identificar las fuentes de financiación y establecer un plan de aumento de escala, pero son realizables, socialmente justas y económicamente rentables en el medio plazo. En Guatemala se podría empezar con la vinculación de esta red al problema del Hambre Estacional, para prevenir y mitigar sus efectos, proporcionando un colchón social temporal a las familias más vulnerables.  
Ya para acabar, soñemos… No creo que nos debamos conformar con una protección social temporal y focalizada, que cubra y estigmatice solo a los más pobres. El Estado ha de cubrir a todos los ciudadanos, no estableciendo diferencias en su manto protector hacia ricos y pobres. En ese sentido, ¿por qué no soñar con una renta mínima universal para todos los chapines, independiente de su poder adquisitivo? Hace años que hay una propuesta muy elaborada sobre este tema, ya puesta en marcha en Alaska, y que permitiría que todos nos sintamos bien recibiendo una parte proporcional de los recursos naturales de nuestro país. O ¿por qué no un salario mínimo que cubra al menos el coste de la canasta básica alimentaria? Así, al menos podríamos ganarnos la tortilla con el sudor de nuestra fuente, cosa que la mayoría de los cortadores de café no pueden hacer por muchas horas que trabajen.