La transparencia nos hace invisibles

Mañana acaba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Sí, con mayúsculas y el plazo, ampliable si lo piden los partidos políticos. Por no saber, no sabemos ni por dónde van las enmiendas que presentarán los mismos partidos a los que esa ley pretende sacar los colores. El proyecto de Ley de Transparencia, tal y como está redactado, mantiene la opacidad de que tradicionalmente han hecho gala los sucesivos gobiernos en España, una opacidad ante la que los ciudadanos asisten entre resignados, malpensados para, finalmente, caer en la desconfianza como forma de desentenderse de la vida pública. La falta de transparencia alimenta la conciencia de que el dinero público, el de todos, se escapa por los coladeros de la cocina donde se cuece lo que de verdad importa y atraviesa una intrincada maraña de cañerías hasta diluirse finalmente en un mar de ignorancia. A esa cocina nos está vedada la entrada, como si fuéramos un niño que pudiera quemarse con el fuego del cocido o ensuciarse con la grasa de una estancia que hace tiempo que nadie limpia. Y para que no moleste mientras los mayores hacen y deshacen en la cocina, se le pone la televisión. Allí podrá comprobar qué fácil es ganar dinero rápido y tener cinco segundos de gloria ficticia. La Ley de Transparencia nacerá coja, manca, ciega y sorda: la escriben los que esconden, los que rodean la verdad de un paño oscuro para hacerla desaparecer ante la mirada incrédula de la platea, los favorecidos por el status quo imperante basado en el ostracismo y la ignorancia del antes respetable público. La Administración podrá responder con un silencio administrativo que servirá como una negativa como respuesta a cualquier interpelación ciudadana, sin necesidad de motivar ese silencio. Seremos todavía más invisibles. Además, lejos de ser un derecho fundamental, lo que aquí se entiende por transparencia se inscribe en el apartado sobre acceso a los archivos y registros administrativos del Título IV, del Gobierno y de la Administración. No conviene hacer fundamental lo fundamental: el acceso libre y sin cortapisas a conocer, entre otros muchos desmanes, los contratos millonarios con empresas privadas a las que la administración externaliza tareas que hasta ese momento habían sido llevadas a cabo y, por tanto gratuitas, por funcionarios. Debe opinar esa administración silenciosa que, con la que está cayendo, no conviene soliviantar los ánimos de una población ya demasiado machacada: mejor que siga viendo la tele y no moleste ni se cuestionen más allá el comportamiento de sus mayores. Pero la crisis, innegable, no ha caído del cielo como una maldición divina contra la que poco o nada se puede hacer excepto salvar los trastos o irse lejos. No es una inclemencia del tiempo: es una tormenta perfecta orquestada en el laboratorio de un equipo de neoliberales enloquecidos que empezaron a experimentar con humanos. Por algún sitio tenía que pinchar la insostenible y anabolizada burbuja inmobiliaria de la que se aprovecharon políticos, constructores y entidades financieras. Con la crisis muchos han continuado y otros nuevos se han subido al tren del dinero y viven aún más por encima de nuestras posibilidades. Les está siendo muy útil y, mientras, y ante la algarabía y alboroto general, silencio en la sala.