Las calles y la ley de memoria histórica

Republico el artículo del compañero Pedro Fresco, publicado aquí. Estoy plenamente de acuerdo con sus planteamientos y por eso lo publico aquí de nuevo porque es mi postura, más o menos. Pedro se preocupa por algunas actitudes “excesivas” y yo estoy de acuerdo. Una cosa es tener una plaza a nombre del General Francisco Franco, otra muy distinta es pretender eliminar absolutamente todo nombre que no haya tenido una implicación directa. Hay muchísimos personajes históricos que son muy indeseables para nuestras sensibilidades modernas y no por ello retiramos sus nombres. No tengo nada que añadir a este artículo.
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Está habiendo bastante polémica con la aplicación de la ley de la memoria histórica por parte de los nuevos ayuntamientos, focalizada en el caso de Madrid por ser el centro informativo del país. Cada noticia, desde la retirada por error de una placa dedicada a unos carmelitas fusilados (posteriormente reparado) hasta un informe que indica que calles con el nombre de Dalí o Pla son susceptibles de ser retiradas en aplicación de la ley, genera un revuelo mediático considerable que tiene parte de artificiosidad y que se sobredimensiona para atacar al equipo gestor del ayuntamiento en cuestión. No obstante hay un debate evidente sobre los símbolos y nombres de calles a retirar, en el que hay tantas opiniones como personas que piensan por sí mismas (las que no lo hacen “compran” una opinión ajena). Sin caer en posturas extremas, voy a intentar dar la mía.

Para empezar tengo que decir que me parece evidente que las calles y figuras que ensalzan a las principales figuras del franquismo deben ser retiradas. Nuestra democracia está sostenida en unos valores determinados que son esencialmente equivalentes a los que había en la II república (libertades públicas, sufragio, sometimiento del poder militar al civil, respeto a la vida, etc.) y, por tanto, nuestro estado no puede tener una mirada neutral sobre el pasado. Más allá de los horrores de la guerra, de los criminales que había en los dos bandos y todas esas cosas, la realidad es que la democracia actual es heredera, en “valores”, de la II república y así debe considerarse.

Esto no es nada raro ni ajeno a lo que hacen otros países. La república francesa no tiene una visión neutral sobre la Francia de Vichy y la Francia de De Gaulle y la resistencia, obviamente rechaza la primera y ensalza la segunda. Ni Italia ni Alemania tienen visiones neutrales sobre el fascismo y el nazismo, ni la tienen los países que fueron repúblicas populares pro-soviéticas ni los EEUU sobre su guerra de secesión. Todos los países tienen una historia “oficial” que se orienta a defender los valores de las estructuras políticas actuales. España también la tiene, no nos confundamos, y se puede ver en la glorificación de la transición sin ir más lejos.
Por tanto la visión del estado y sus representaciones simbólicas no pueden ser neutrales ante ambos bandos (lo que no quiere decir que tenga que defender todas las actitudes del bando republicano). Lo correcto, lo adecuado y lo moral desde nuestros valores colectivos actuales era no alzarse contra la república y defenderla contra los golpistas. Y esto debe quedar claro, porque si no queda claro no hay manera de hacer un argumento sensato.

Una vez esto está claro ¿qué hacemos? ¿Eliminamos todas las calles? Yo creo que eso no tiene sentido y es un exceso. Para empezar creo que los problemas que tenemos ahora se deben a que la ley de memoria histórica fue “cobarde”, como suele pasar en España con muchas leyes. Si en ese momento se hubiese hecho un listado de dos docenas de nombres a retirar y hubiese dado un plazo de dos años, este problema estaría resuelto y la gente lo aceptaría como normal. Se dejó a la interpretación de los ayuntamientos y sin plazo, y por eso estamos así, viendo como nostálgicos, aquellos que sienten un absurda obligación familiar con la rebelión o sencillamente quienes quieren acabar con los partidos de izquierda a toda costa siguen diciendo las mismas cosas que hace 10 años y hablando de un “odio” y un “revanchismo” que prácticamente nadie menor de 50 años de este país siente y que sólo está en sus corazones.
Como no tenemos esa lista de nombres todo es polémico. ¿Se quita la placa de un alcalde franquista de 1970? ¿De un intelectual adicto al franquismo? ¿De políticos antidemócratas de los años 30 cuya imagen fue utilizada por el franquismo? ¿De militares que hicieron la guerra con los rebeldes, pero que eran cargos medios y simplemente obedecían a sus superiores? Hay respuestas distintas a estas preguntas y creo que hay justificaciones para ambas.

En mi opinión, hay que tener dos factores en cuenta: El grado de implicación del sujeto en cuestión con la rebelión militar y los principios contrarios a la democracia, por un lado, y la comodidad de los vecinos por otro. Porque cambiar calles es una incomodidad para todos y hacerlo por hacerlo no tiene sentido.
De forma absolutamente subjetiva, yo lo haría de la siguiente manera:

Las calles y estatuas en honor a Franco y los generales sublevados deben ser todas eliminadas. Ni estatuas de Franco ni calles a los generales Mola, Cabanellas, Goded, Queipo de Llano, Fanjul, etc. Alguien que se ha rebelado contra un orden democrático y genera una guerra por ello no debe tener una calle ni una mención pública con la excepción quizá de alguna discreta referencia en sus municipios de origen.
Todos aquellos responsables de la represión y de crímenes especialmente crueles tampoco deben tener ninguna calle o estatua.
Para los cargos del régimen franquista (alcaldes, ministros, generales, procuradores en cortes) que no participasen con responsabilidades en la guerra civil, se debe estudiar caso por caso pero sin que eso lleve necesariamente a su eliminación. En los casos en que el honor sea claramente desproporcionado y sea producto sencillamente de su adicción al franquismo, en principio la calle se debería retirar. En los demás casos, sobre todo en los casos de cargos menores, optaría por el mantenimiento del nombre de la calle.
Importante: A cualquiera de los ministros o políticos del franquismo que luego contribuyesen al restablecimiento de la democracia no debe aplicárseles la ley de memoria histórica. Es decir, por mucho que Fraga participase en gobiernos de la dictadura que firmasen sentencias de muerte su reconocimiento es por su papel en la transición y la democracia, “expiando” la etapa anterior. Fraga, López Rodó, Torcuato Fernández-Miranda, etc. No deben ver cuestionadas sus calles u honores.

Obviamente cualquier intelectual, profesional o personaje destacado que sea reconocido por la historia por méritos propios debe estar fuera del alcance de esta ley, da igual lo adicto al franquismo que fuese. Ni Dalí, ni Josep Pla, ni Manuel Machado, ni Menéndez Pidal ni ningún personaje similar debe sacarse del callejero por sus simpatías políticas.
Las referencias al “alzamiento”, la “cruzada”, a los “caídos por dios y por España”, etc. Deben eliminarse, aun cuando el conjunto arquitectónico se pueda mantener. Con un pequeño cambio en una placa que convierta el lenguaje en más “neutral” puede bastar.
¿Qué hacemos con personajes instrumentalizados por el franquismo, como Jose Antonio o Calvo Sotelo? Esta me parece la cuestión más compleja de todas. Eran fascistas y/o enemigos de la democracia, pero fueron asesinados. Por otro lado, su imagen de asocia a la dictadura y a sus “mártires”. Quizá la solución sea como en el caso anterior, hacer más “neutral” sus referencias, pero no lo tengo claro. Me parece que hay que quitar la mayoría de referencias de los callejeros (sobredimensionadas por su imagen instrumentalizada) pero no sería partidario de una erradicación total como en el caso de los generales golpistas.

Sé que cada persona tendrá un planteamiento subjetivo. Habrá quien no dejaría ni un alcalde franquista de un pueblo de 1.000 habitantes pero en cambio mantendría a Calvo Sotelo, habrá quien eliminaría las referencias hasta a los sargentos que hicieron la guerra civil con los sublevados pero dejaría las leyendas. Al final esta es tan solo una propuesta para acabar de una vez con esto, cumpliendo la ley, siendo coherentes con nuestros valores sociales y democráticos pero, a la vez, causando los menores perjuicios posibles.

Al final este es un debate superado para la gran mayoría de la población y para la práctica totalidad de la gente joven, que no ven ningún drama en esta ley ni en su aplicación más allá de opiniones sobre situaciones concretas. El odio solo lo sienten quienes se oponen con uñas y dientes a esta ley y llenan artículos hablando del “guerracivilismo” de los ayuntamientos y del fanatismo de la izquierda en lo que es una pavorosa proyección de sus delirios. Hágase rápido, pues no tiene vuelta atrás, y a otra cosa.