Las solicitudes recibidas para el Ingreso Mínimo Vital están sufriendo un grave retraso para su aprobación. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social afirma a través del portal de Transparencia que el Gobierno no ha aprobado ni el 1% del total de solicitudes recibidas a día de 7 de agosto. A finales del mes de julio más de 600.000 personas habrían solicitado el Ingreso Mínimo Vital, de las cuales se han tramitado menos de 4.000 solicitudes.
El IMV se puede solicitar desde el pasado 15 de junio. A finales de junio se aprobaron de oficio más de 74.000 ayudas de aquellos hogares que recibían la prestación por hijo a cargo y cumplían con los requisitos, sin embargo después de ese ingreso no se han vuelto a hacer públicos otros cobros.
Las oficinas de la Seguridad Social se encuentran colapsadas, los funcionarios denuncian la falta de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que está suponiendo esta gestión. El personal de la Seguridad Social tiene ahora que sumar a sus tareas habituales la gestión del IMV, lo que está provocando a su vez atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc.
Debido a esta problemática se recurrió a la contratación de trabajadores externos, a través de una empresa pública Tragsatec (Tragsa), que aportó unos 500 efectivos para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Estos empleados han denunciado retrasos en los trámites desde el inicio, con expedientes paralizados por la complejidad de las particularidades de las familias, los requerimientos de información no aportada o los procesos de clasificación previa al envío del papeleo al INSS, quien finalmente es responsable de tomar la decisión sobre la aprobación o rechazo de la prestación.
Los trabajadores de Tragsatec denunciaron que los responsables de esta empresa dieron orden de que los expedientes de la ayuda económica aprobada por el Gobierno aparezcan como "requeridos" y "no conformes", lo que supone que los datos de determinados usuarios que cumplen los requisitos para cobrar el IMV, aparezcan como no aceptados y no cobran la prestación, además, así se mezclarían los expedientes de las personas que cumplen todos los requisitos y han entregado todos los documentos y quienes no lo han hecho.
Estos trabajadores tenían sus funciones limitadas a recabar toda la documentación necesaria de cada expediente y realizar una sugerencia, pero la decisión final siempre está en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Los empleados denuncian varios hechos, como que se les contratase sin apenas formación, con manuales en los que no se contemplan numerosas situaciones y que en el momento que se han trasladado dudas a sus superiores, no les han proporcionado ninguna solución válida.
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