En horas de la noche de hoy el portal electrónico del Tribunal Constitucional fue objeto de un ataque por parte del grupo Anonymous Perú en protesta por la Ley 30288 (Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, también conocido como Ley Pulpín).
Como se sabe, el congresista Jhony Lescano ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra dicha norma con el aval del Colegio de Abogados de Puno, que será materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional cuyo Presidente (Oscar Urviola) ha señalado en los medios de prensa que la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley 30288 no podrá adoptarse antes de Abril del 2015.
La Ley Pulpín ha originado movilizaciones de protesta por parte de colectivos de jóvenes debido a que establece un nuevo régimen laboral para trabajadores de 18 a 24 años con derechos menores que los establecidos en la legislación laboral general.
Dichas protestas no sólo se están dando en las calles y en las redes sociales sino que además han causado que el Tribunal Constitucional vea vulnerada la seguridad de su página web institucional, que esta noche mostró a sus lectores una página de bienvenida con dos logotipos relacionados con Anonymous (grupo de hackers o ciberactivistas que esporádicamente atacan sistemas informáticos y sitios web de organismos públicos en diversas partes del mundo) y un titular que señala #OpNoLeyLaboral.
Líneas más abajo los hackers sugirieron veladamente mayores ataques y publicaron un fotomontaje que muestra al Presidente de la República corriendo mientras es seguido por jóvenes que protestan. Al final de la pagina modificada los ciberactivistas consignaron los seudónimos de los autores del ataque.
Cabe señalar que en twitter el grupo Anonymous Perú se adjudicó la autoría del hackeo de la página web del Tribunal Constitucional aproximadamente a las 20:15 pm. Sin embargo, el portal institucional del Tribunal Constitucional estuvo nuevamente operativo al cabo de dos horas aproximadamente.
Frente a ello es preciso establecer que medidas de esa naturaleza son absolutamente incompatibles con la protesta que legítimamente vienen realizando los jóvenes que manifiestan su desacuerdo con la Ley 30288, por lo cual invocamos desde esta tribuna a que las discrepancias se mantengan en el plano estrictamente jurídico al margen de cuestiones políticas, ideológicas, tecnológicas y de cualesquier otra naturaleza. Pero también revela la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de las entidades públicas que facilitan hechos como el ocurrido. Son puntos que se deben evitar.
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