Leyes: pocas, predecibles y descifrables

La cultura occidental que domina el mundo está bizcochada al calor del progreso y de la pasión por saber. Por lo tanto, sé que esta reivindicación mía de la ignorancia os parecerá un dislate a primera vista. Pero en España, desde siempre, se ha cultivado la indigencia intelectual entre la población para que, contentos como conejos en repollal, crean que van de excursión cuando van en realidad camino de la carnicería. Especialmente, desde la muerte de Franco, los planes educativos han resultado ser a cual peor, y ni siquiera se le ha dado tiempo a ninguno de ellos para completar un ciclo educativo completo. De manera que eso de la enseñanza universal y el acceso democrático a la cultura es más fingido que el orgasmo de una puta. Los jóvenes salen hoy de los centros de estudio sin saber prácticamente nada: ni leer entendiendo, ni escribir sin faltas de ortografía en cada frase escrita, ni dividir sin calculadora, ni resolver una raíz cuadrada o un sistema de ecuaciones; y si oyen hablar de la banquisa del Atlántico, los más listos pensarán que se trata de alguna nueva tarjeta de crédito. En fin, que, en España, escuelas, centros de grado medio y hasta universidades, son factorías de producción de ceros a la izquierda. Por eso, los españoles piensan que más vale tener en la vida una cucharada de suerte que una olla de sabiduría, y se apuntan a operaciones triunfo, son fieles al augural Tarot y a los juegos de azar, más que ningún otro pueblo del mundo.

Sin embargo, cuando tienen un percance con la Justicia inesperadamente, son inapelablemente apercibidos de que la ignorancia de la Ley no les exime de las penas por su incumplimiento. Aunque haya gente a la que se excluya de esa regla, como los niños, los dementes o los idiotas profundos, es un requerimiento fuera del alcance de cualquier español de normal y corriente capacidad, algo cuyo cumplimiento se sabe imposible. Conocer la ley de modo fragmentario y deficiente no sirve para nada más que para pasar incómodo por la vida, como con un pelo de coño atravesado en el gaznate que ni sale ni se deja tragar. Y si te haces el listo y, pongamos por caso, se te ocurre señalarle a un agente de la Autoridad que su actuación no se ajusta a una de las pocas normas legales que conoces, en vez de agradecimiento por el gratuito consejo, puedes en respuesta tragarte varios dientes, junto con el pelo de coño atravesado. Y con más miedo que vergüenza, aprendes por fin que hay leyes no escritas que aclaran que el poder tiene siempre razón, y más si porta reglamentaria defensa de cuero.

A pesar de lo ya inabarcable de la legislación vigente, los 18 parlamentos españoles siguen excretando leyes y más leyes cada día. Atesoramos miles y miles de preceptos codificados que objetivamente, por tanto, tienen que ser conocidos por todos los españoles. Y algunos de ellos son farragosos y absurdos, y otros, más irracionales que la raíz cuadrada de pi, lo que evidencia que no entra en el ánimo del legislador su comprensión ni, por ende, su cumplimiento. Pondré un ejemplo concreto, uno entre miles: El Estatut de Catalunya tiene nada menos que 223 artículos, y compuestos para colmo en un estilo literario con más circunloquios y subibajas que mojón de acequia. No parece, pues, redactado para que los catalanes lo lean y lo comprendan —en referéndum sólo uno de cada tres catalanes lo apoyó, y uno de cada diez mil se lo leyó—, sino para privativo beneficio de la casta política y de una parte concreta de la ciudadanía de sólo 800.000 personas, que son los auténticos catalanes pata negra. Por eso, al legislador le importa un huevo la perversidad legal de su redactado. Así, en su artículo 7.1 define catalán como todo español con vecindario administrativo en Cataluña. Pero en el artículo 6.2 obliga a todo catalán al conocimiento de la lengua catalana(1). Y no establece excepciones. De modo que, si un zamorano se traslada mañana mismo a vivir a Cataluña, es catalán desde el mismo instante en que se empadrona y, por lo tanto, tiene obligación de conocer el catalán instantáneamente, por ciencia infusa. El abuso de ley es intencionado; si no, establecería un plazo de gracia para que el inmigrante aprendiera el catalán. Y aún así sucedería que algunas personas no serían capaces de aprender el catalán en varios años, como los mayores o los disléxicos. Con este redactado, algunos catalanes estarán fuera de la ley para siempre.

Estos disparates suceden —os lo digo yo, que me he movido más que los huevos de un cojo— porque las leyes están llenas de abusos del legislador que muestra sus orígenes franquistas, dictatoriales: le complace legislar imposibles para ser luego tolerante con el incumplimiento de la Ley de aquellos que estime oportuno, e intransigente con otros. Dependemos todos, por lo tanto, de la voluntad, buena o mala, del ejecutor de las leyes.

La obligación de simplificar la Ley no tiene sólo que ver con que los españoles seamos incultos, ciertamente, debiera ser simple por imperativo moral. Pero si encima lo somos, burros como arados, la concreción y la fácil interpretación de las leyes son imprescindibles, o no hay ninguna fuerza moral para que sean respetadas. Y aunque, como buenos españoles, penséis que nada hay más listo y despierto que vuestro ojo de tuerto, os voy a planchar de una puta vez con otro ejemplo: Cada año cagan Las Cortes Españolas una Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que regula y modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y cada año, la mayor parte de los impotentes contribuyentes se ven obligados que correr a un gestor para rellenar el puto impreso de la Renta, o saben que serán sancionados por Hacienda a causa de los errores que cometan por falta de criterio interpretando tal o cual vericueto de la Ley. La mala intención de los legisladores es la causa del problema, pero vuestra catetez ayuda mucho. Si no reaccionáis, si les dais tiempo, estos hijos de puta acabarán por regular cada minuto de vuestra vida, cada acto, hasta el follar, os cobrarán una tasa por cada corrida y os multarán por cada gatillazo.

Visto lo visto, voy a plantear como exigencia innegociable —una de esas cosas que me hacen, a ojos del poder, molesto como mosca de velatorio—, y que pagaré caro algún día:

1.La Ley debe ser accesible para que pueda exigirse, efectivamente, su conocimiento general.

2. La Ley debe estar muy próxima a la Ley Natural, que es el conjunto de las normas que los hombres deducen de la intimidad de su propia conciencia y que estiman como expresión de la justicia.

Y, además,

3.Debe haber poquísimas leyes, fácilmente comprensibles por el común y de redactado minimalista.

La sabiduría de una sociedad no crece solo por acumulación, sino que también puede hacerlo por sustracción. Los españoles tenemos derecho a que sea tan fácil entender la ley como cagar sentado. Para eso debemos hacer dos cosas: Primera, alejar al Poder Ejecutivo del redactado de las leyes, para evitar su prolijidad evacuatoria por mero oportunismo electoralista; segunda, exigir al Parlamento —basta con uno en toda España, de tipo unicameral— que no redacte más leyes nuevas, sino que se esfuerce en simplificar las existentes y en disminuir su número; que prohiba la menor cantidad de cosas posible; que mantenga en vigor las leyes indispensables y derogue las superfluas, que son muchas, las que están ya contenidas en otras —la Ley de Violencia Doméstica, por ejemplo—; y que se cargue las leyes que, en verdad, más que impartir justicia regulan la injusticia, como la que suprime el Impuesto de Patrimonio.

Se me reprochará que tal política mandará al paro a la inconmensurable caterva de abogados, procuradores y leguleyos que medran al amparo del oportunismo jurídico derivado de la abundancia, complejidad y contradicciones internas de las leyes; esos cuyos despachos parecen tiendas de turco, llenos de legajos con decisiones, resoluciones, fallos, veredictos y laudos, de carpetas pletóricas de papeles que arbitran, condenan, sancionan y dictaminan, y que permiten, merced a alambicados razonamientos e inducciones, que la Ley no rija en las altas instancias sociales, quedando exonerados de su cumplimiento los Botín y otras gentes ricas y elegantes que respiran en atmósferas enrarecidas en las que la flama de la Ley se extingue. Me importa un comino dejarlos a todos en paro, que el campo está cuajado de fanegas por cultivar.

Estimados : aunque sé que tenéis menos luces que la lancha del tabaco, os pido que repitáis hasta la saciedad, en todo foro, lo siguiente: ¡Nuestro derecho a ignorar es inalienable, porque nos lo hemos ganado los españoles tras siglos de desculturización pertinaz! ¡Si el Estado no nos reconoce tal derecho de inmediato, y simplifica la legislación hasta hacerla accesible a la cultura de un calamar, nos arrogaremos nosotros otro derecho, también inalienable, que es el de ignorar al Estado! Algo que magistralmente Herbert Spencer desarrolló en su obra política: el derecho a la ilegalidad voluntaria, a la suspensión de toda conexión con el Estado, a la renuncia a su protección y el rechazo del pago de todo impuesto para su sustento. Si así lo hacéis, algún día formaréis parte de la Historia de España, como partícipes de la Revolución de los Iletrados, y seréis el orgullo de vuestros descendientes, si es que, para entonces, saben aún leer.

por: MALDITO HIJO DE PERRA (ya sabéis de quien se trata)

(1) Hay personas, que se creen cultas, que confunden derechos y deberes. Y arguyen que el artículo 33 te deja la escapatoria de opción lingüística ante la Administración autonómica y estatal. Es decir, que aportan un chanchullo para esquivar un deber legal. Vergonzoso. Un catalán tiene derecho, según el artículo 33, a dirigirse a la Administració catalana en castellano, pero no a no conocer el catalán. ¿Qué tienen que ver los cojones para comer trigo? España, amigos, es así. Llevamos tanto tiempo lamiéndole los huevos al Poder que hasta han acabado por gustarnos sus ladillas.