Por Jorge Gómez
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Russo también se definió como periodista y como militante a favor del Gobierno nacional porque considera propias muchas de las causas K. Su conducta adquiere relevancia, no sólo porque trabaja en la televisión pública y en un programa que le niega trascendencia al episodio formoseño, sino porque incluye una declaración ideológica contraria, por un lado, a las acusaciones de adoctrinamiento y, por otro lado, al mito del periodismo independiente, objetivo, neutro.
Nos preguntamos entonces: ¿será posible algo así en las empresas privadas de comunicación?; ¿pueden los periodistas de TN, por ejemplo, cuestionar la poca (por no decir nula) relevancia que el canal de noticias le da a la adopción irregular de los hijos de la dueña del multimedios?; ¿Puede Russo criticar a los propietarios de Página 12, diario para el que también trabaja?
Casi no veo 6,7,8 porque sus ediciones me parecen espantosas. Por otra parte, también cabe preguntar si la represión de Formosa se habría ocultado en caso de ocurrir en la Buenos Aires de Mauricio Macri.
Sin embargo, me parece que este nivel de libertad de expresión sólo se da en la pantalla del Estado. Por lo pronto es impensable que, por interpelar a la Presidenta, Sandra Russo corra la misma suerte que Nelson Castro o Reynaldo Sietecase cuando distintos propietarios mediáticos los despidieron por sus declaraciones contrarias a los intereses patronales.
Porque lo estatal no tiene dueño, porque sería un escándalo para la credibilidad de la TV pública, o por motivos que desconocemos, parece que al final -y pese a las críticas– la disciplina corporativa es más férrea en los medios privados que en los medios públicos. Al menos una periodista de 6,7,8 puede expresarse con mayor libertad que cronistas, columnistas y editores contratados por empresas periodísticas.