En la XI Conferencia Regional sobre la Mujer en Brasilia, fue acogida la propuesta de la CEPAL de redistribuir la carga de trabajo total (el trabajo remunerado y no remunerado) entre el Estado, el mercado y las familias.
El desafío ahora es lograr que se concreten los reconocimientos necesarios para que las mujeres puedan entrar al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres. La creciente participación de las mujeres en los últimos años en el máximo nivel de representación gubernamental es una muestra de los avances que se han realizado en la región en materia de género. Cinco de ellas ocuparon u ocupan la Presidencia de la República de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tabago y otra mujer acaba de ser elegida a la Primera Magistratura en Brasil.
Asimismo, en los parlamentos de la región hay un importante incremento en la representación femenina, que incluso supera en proporción a la representación de naciones desarrolladas. Un hecho que, a juicio de Sonia Montaño, Oficial a Cargo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, habla de la ruptura de una gran barrera que no había sido superada antes.
Estos avances en la representación política de las mujeres fueron parte de los temas tratados en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Brasilia en julio pasado.
La Conferencia de Brasilia partió del legado de su predecesora, la décima conferencia realizada en Quito en 2007. En esa oportunidad se debatió acerca de la importante contribución de las mujeres a la protección social, los gobiernos abordaron el tema del trabajo no remunerado y de cuidado que realizan las mujeres y se le dio visibilidad, con la consecuente importancia que tiene para la economía de los países.
Entre la décima y la undécima conferencia naciones como la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Dominicana dieron un giro al establecer reformas constitucionales que consagran la relevancia que tiene dentro de nuestra sociedad el trabajo no remunerado de las mujeres y su contribución a las economías nacionales.
Por su parte, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Chile han desarrollado políticas que buscan responder a esta problemática creando programas de cuidado infantil, igualdad salarial y reformas previsionales. “Por esto podemos decir que llegamos a Brasilia con políticas más integrales, que ya no son de corto plazo”, asegura Montaño.
“En la reunión de Quito se recogieron las experiencias de los países de la región en estas materias, y se empezó a elevar a categoría de ley el trabajo no remunerado. Así tenemos, por ejemplo, las reformas en seguridad social que se están aplicando en Ecuador, Uruguay, a las que se incorporan las experiencias de Colombia y Chile”, afirma.
Según Montaño, “nos quedan los desafíos post Brasilia para lograr que lo que se había cristalizado como una agenda política frente al tema del cuidado se convierta en la posibilidad de hacer políticas”. Lo anterior no sólo pensando en el cuidado de los niños y niñas y de cómo asegurarles bienestar y atención, sino tomando en cuenta además el tiempo de las mujeres, desde el punto de vista de su derecho a la superación y el crecimiento. Empieza así a surgir la valoración del tiempo, un recurso escaso que debe redistribuirse equitativamente para favorecer el derecho de las mujeres a acceder a trabajos remunerados y dignos.
A 15 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing se puede decir que el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres es un logro de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en la capital china en septiembre de 1995.
El camino recorrido durante estos años demuestra que los países —en el caso de la región— se comprometieron a tomar en cuenta la doble jornada de las mujeres y a abordar el tema del cuidado incorporándolo en el diseño de sus políticas públicas. Hoy se reconoce que para enfrentar las necesidades del cuidado se debe impulsar la acción del Estado y las empresas.
La propuesta de la CEPAL, que fue recogida por los gobiernos de la región en Brasilia, consiste en redistribuir la carga de trabajo total (el trabajo remunerado y no remunerado) entre el Estado, el mercado y las familias (es decir, los hombres y las mujeres).
“Durante la conferencia en Brasilia esta demanda quedó muy clara y se transformó en un planteamiento mucho más integral y que reclama la necesidad de articular la política social con la política económica”, asegura Montaño. Ya no se trata de compensar a las mujeres a través de bonos por su trabajo en el hogar, sino de abrir un canal, como se estipula en el Consenso de Brasilia que garantice “el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra y los recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto urbano como rural”. En esta materia se dio un salto hacia adelante con esta declaración.
El desafío ahora es lograr que se concreten los reconocimientos necesarios para que las mujeres puedan entrar al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres.
“Para ello —dice la experta— no basta con validar la importancia del trabajo doméstico. Hay que tener en cuenta, además, otras autonomías indispensables que la CEPAL ha planteado hace años: mayor presencia política; autonomía para generar ingresos propios y autonomía física, que implica, por una parte, erradicar la violencia contra las mujeres y, por otra, el ejercicio de sus derechos reproductivos. Es decir, la libertad de decidir acerca de la reproducción de acuerdo a lo aprobado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994) realizada en El Cairo, y que fue ratificado por la mayoría de los países de la región, incluyendo la revisión de las leyes que penalizan el aborto”.
Se espera que muchos de estos logros y desafíos pendientes se consoliden en la duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, que se realizará en la República Dominicana en 2013. Fuente: Notas Cepal n°66 "En Foco"Foto: Jeremiah Carter, Flickr
Revista América Latina
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