La muerte en Yemen del mejor predicador de la guerra santa tras Bin Laden en el ataque de un avión teledirigido de la CIA, ha iniciado en EE.UU. un debate sobre la legitimidad de esta acción, porque siendo estadounidense la Constitución protegía a Anwar al Awlaki de una ejecución sin juicio.
Varios constitucionalistas se proponen acusar a Barack Obama de asesinato y terrorismo al ordenar la muerte de ese imán nacido en Nuevo México.
Horas antes en Acapulco, México, aparecía una bolsa frente a una escuela primaria con las cabezas decapitadas de cinco maestros que se negaban a entregarle drogas a sus alumnos o la mitad del sueldo a los narcotraficantes.
México sufre una guerra civil iniciada por los cárteles del narcotráfico, que con infinita crueldad han provocado 40.000 muertos en los últimos seis años.
El país no tiene pena de muerte, pero la población pide mayoritariamente que se bombardeen los cuarteles generales de las bandas como hizo EE.UU. con Anwar al Awlaki, o que mate a sus cabecillas como a Bin Laden.
En el debate sobre el valor de la vida de los predadores humanos los ciudadanos tienden a creer crecientemente que es más criminal dejar vivo al multiasesino difícil de capturar que matarlo antes de que siga masacrando personas.
En EE.UU., donde buen número de estados conserva la pena de muerte, la opinión pública apoya esta solución.
En España, un gobierno progresista dirigido por Felipe González organizó los comandos del GAL para matar a los asesinos etarras.
Inicialmente lograron simpatía y popularidad mayoritarias, mientras Rubalcaba negaba la relación de esos contraterroristas con el Gobierno del que era portavoz.
La población sólo los rechazó cuando se descubrió que los dirigían políticos y policías corruptos.
Si hubieran actuado inteligentemente, como la CIA, la mayoría de la opinión pública seguiría apoyando el exterminio de la banda, entonces acorralada.
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SALAS