Los gobernantes europeos no han zanjado de momento la cuestión de si ese mecanismo, reclamado por Alemania, requiere o no la reforma del Tratado de Lisboa, como plantea Berlín.
A este respecto, los jefes de Estado o Gobierno de la UE tienen previsto encargar hoy al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que "explore" el marco jurídico necesario para ponerlo en marcha.
Van Rompuy deberá trabajar con la máxima celeridad para presentar un informe a los líderes europeos en la cumbre de diciembre, con objeto de que el mecanismo permanente esté listo antes de 2013.
En esa fecha caducará la "facilidad" financiera temporal creada en mayo, cuando la crisis de la deuda pública en Grecia amenazó con arrastrar a otros países con elevados déficit como España, Irlanda o Portugal.
El funcionamiento del mecanismo de rescate debe ser aún definido y habrá que aclarar, por ejemplo, cuál sería el papel reservado a los acreedores privados en caso de insolvencia o qué participación tendría el Fondo Monetario Internacional.
Berlín pretende, en realidad, crear un marco estable dentro de la Eurozona que permita la cuasi quiebra ordenada de un Estado.
Antes de participar en la cumbre, la canciller alemana, Angela Merkel, explicó que la zona euro necesita "un procedimiento que implique también a los bancos y a los fondos de inversión", para que "el contribuyente no cargue con toda la responsabilidad".
Fuentes comunitarias explicaron que existe consenso entre los Veintisiete sobre la participación del sector privado, pero a ello se opone sin embargo el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
Otras fuentes indicaron que también el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, recibirá hoy el encargo de trabajar en el establecimiento de este mecanismo, y de preparar otro informe sobre "el contenido" de la reforma que se pretende.
Pese a las reticencias de algunos países a reabrir el Tratado de Lisboa, un texto que costó casi una década aprobar, ningún líder se ha opuesto frontalmente a realizar una revisión que se limite al establecimiento del mecanismo financiero.
La otra exigencia alemana, relacionada con la retirada del derecho de voto a los socios que incumplan las reglas presupuestarias, no contó con ningún apoyo.
Especialmente los países "pequeños" se oponen a un castigo que consideran planeado sólo para ellos.
Según fuentes de Moncloa, la canciller Merkel llamó por teléfono esta semana al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para explicarle su punto de vista sobre la necesidad de reformar el Tratado de Lisboa.
Zapatero mostró su comprensión hacia la postura alemana y no descartó una reforma del documento, aunque recordó las dificultades que supondría.
(fuente:efe)