Fue necesario que los delincuentes acabaran con la vida de seis policías, cuatro de Guadalajara y dos de Zapopan, para que las autoridades federales, estatales y municipales se decidieran finalmente a reestablecer en esta zona metropolitana retenes policíacos, con el fin de detectar y retirar las armas que portan por las calles los criminales.
Claro está que estos operativos de seguridad representan una molestia para los ciudadanos que nada tienen que ver con las organizaciones criminales, pero ante las dimensiones que han alcanzado las actividades delictivas, no hay otra alternativa que tolerar estas molestias, sobre todo cuando es bien sabido que el que nada debe, nada teme.
No es la primera vez
Tampoco es la primera vez que las autoridades locales se deciden a instalar retenes para frenar el tráfico de armas. Ya en otras épocas de la historia se adoptaron medidas similares que dieron buen resultado, especialmente durante el gobierno de Flavio Romero de Velasco, uno de los gobernantes que más ha hecho por la seguridad de los jaliscienses.
Precisamente, durante su toma de posesión como gobernador, a fines de los setenta, al anunciar que no habría tregua en la lucha contra los criminales, Romero de Velasco pronunció aquella famosa frase de que “los delincuentes portan pistolas del tamaño de su miedo”, y de inmediato emprendió la campaña de despistolización que redujo significativamente el índice de criminalidad en el Estado.
Respeto a los derechos humanos
La principal preocupación social manifestada ante estos operativos de seguridad es que atentan contra los derechos individuales, porque incluso hay quienes argumentan que los vehículos deben considerarse prolongación del domicilio de las personas, donde sí se permite guardar armas para legítima defensa de sus dueños.
Sin embargo, en una ocasión, interrogado al respecto, el presidente fundador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Lic. Carlos Hidalgo Riestra, expresó que los derechos humanos son perfectamente compatibles con los operativos de seguridad pública, de suerte que, no por temor a atentar contra estos derechos se debe dejar indefensa a la sociedad ante los delincuentes.
Autoridades muy lentas
En la integración de los retenes participan policías del Estado, de los municipios y de la federal, además de observadores de la Comisión de Derechos Humanos que estarán al pendiente de que no se cometan abusos contra los ciudadanos, máxime que, se supone, la policía no detendrá indiscriminadamente a todos los automovilistas, sino sólo a los que sean sujetos de sospecha o reporte.
Aquí lo importante es que el automovilista, cualquiera que sea el caso, esté siempre dispuesto a colaborar con la autoridad, porque como señalaba al principio, quien nada debe, nada tiene qué temer, además de que estará cooperando en una acción de vital importancia para la sociedad como es la seguridad pública, que en los últimos años se ha salido completamente del control del gobierno.
Con estos retenes las autoridades demuestran que son demasiado lentas para adoptar las medidas que exige la sociedad, pero vale más tarde que nunca. ¡Enhorabuena!
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Artículo publicado en el semanario Conciecia Pública en su edición del lunes 17 de septiembre de 2018.