Los translúcidos sueldos de los representantes públicos

Soy de los que he opinado que hay sueldos muy bajos para ejercer de político. El Presidente del Gobierno y los Ministros tienen unos sueldos muy bajos. Al menos cuando los comparamos con los que pueden ganar en la empresa privada o los que cobran otros altos cargos en otros estados. El mismo Mariano Rajoy cobra más como registrador de la propiedad que como Presidente del Gobierno.

He pensado, además, que para ciertas responsabilidades políticas estas han de estar bien retribuidas. No podemos aspirar, como ocurre con el tecnócrata que gobierna ahora Italia, que solo puedan gobernar las personas que tienen un patrimonio personal.

Apostar por una retribución digna para los políticos implica también una transparencia en sus ingresos. Tenemos un sistema que incentiva la picaresca. Por un lado tenemos unos representantes públicos que definen que sueldos tienen ellos mismos a numerosos niveles (cualquier alcalde puede definir su propia retribución), pero que el control público mantiene esos sueldos a un nivel más controlado (los alcaldes quieren ser reelegidos y por tanto no se disparan tanto los salarios básicos como cabría esperar). En este aspecto el sistema, con algunas excepciones, funciona.

Ahora bien, por contrapartida, los representantes públicos por el ejercicio de su cargo han de, también, estar presentes en los consejos de dirección de empresas públicas o en órganos de todo tipo. Por estos otros cargos, no cobran un segundo, tercer o cuarto sueldo. La ley es clara y lo prohibe. Ahora bien, sí que cobran sustanciosas dietas. Pondré un único ejemplo, aunque no es el único y todos los partidos, incluido en el que milito, tenemos compañeros que están en esta circunstancia. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, cobra de la AMB 36.800€ anuales como dietas, que sumados a los 110.000€ de su sueldo como alcalde, hacen superar sus ingresos a los del Presidente del Gobierno.

Es cierto que un cargo público que pasa a ser directivo de una empresas pública se le incrementa la responsabilidad, y que las responsabilidades se han de compensar. Pero el sistema actual tiene unos cuantos puntos oscuros:

- La regulación de estas dietas no tienen la misma observación pública que los sueldos que se autoasignan los representantes públicos. Los números de una empresa pública no tienen el mismo control que los de un ayuntamiento. Mientras que el público puede acceder a los debates de los plenos de cualquier municipio o los debates de las cámaras legislativas se emiten por televisiones o internet, las reuniones de cualquier empresa pública u organismo público no son públicas (en algunos casos hasta el acceso a las actas de estas reuniones es imposible conseguirlo sin ser miembro de esa corporación). El control público del sueldo de un alcalde o regidor es muy fácil de hacer, en cambio, los complementos que se aprueban en estas empresas y corporaciones requieren la labor de investigación a posteriori (a pesar de que puedan ser publicados en diarios oficiales).

- El sueldo público no puede ser accedido con facilidad, se ha de calcular comisión a comisión, organismo a organismo, en los que participa determinado cargo público. Ahora mismo para calcular el sueldo de muchos concejales se ha de seguir varias actas y publicaciones separadas en diversos diarios oficiales, con lo cuál se hacen más opacos los sueldos de los cargos públicos.

- La ausencia de control público permite que haya compensaciones que hagan engrosar el salario de cargos públicos de forma dramática. Los alcaldes se han controlado mucho esta crisis de subirse los sueldos. Por ejemplo, Jordi Hereu se recortó el salario un 15% a él y al resto de regidores. Esa reducción de sueldo la ha mantenido Xavier Trias, al dejar su sueldo congelado. Pero esto es una trampa, en cuanto ha podido, se ha aumentado el sueldo un 33% a través de las dietas de la AMB. Lo cuál indica que esta ausencia de control público lo que provoca es que hay icentivos para que los cargos públicos se puedan apropiar de beneficios económicos que no harían en caso de existir.

Por tanto, el actual sistema es perverso. Solo controlamos de forma eficaz y eficiente una parte del sueldo de los cargos públicos. Los incentivos del sistema llevan a que la parte que controlamos se la moderen (más en crisis), mientras la parte menos transparente (la llamaría translucida), no.

La alternativa podría pasar por varios mecanismos:

- Una asignación de sueldos dignos para los cargos públicos, totalmente transparente y abierta. Con una única fuente posible de retribución (por ejemplo, el sueldo de alcalde o de diputado), sin posibilidad de cobrar dietas de ningún tipo. Este caso se produce, por ejemplo, entre los cargos de confianza que también ejercen de consellers de distrito en el ayuntamiento de Barcelona. Una persona que ya recibe un sueldo público no puede cobrar compensaciones adicionales por ejercer funciones complementarias dentro de la misma corporación. Esto se tendría que extender a toda corporación y empresa pública.

- Un tope máximo en las dietas, mediante legislación de ámbito superior (autonómico o estatal). Por ejemplo, un máximo de 100€ por reunión y un máximo acumulado de todos los organismos y corporaciones que no supere el 10% del sueldo base del cargo público. Por tanto, si el alcalde de Barcelona tiene un sueldo de 110.000€ no podrá acumular otros complementos de cualquier fuente, empresa pública, corporación, etc.. que superen en total los 11.000€. Con lo cuál el control público que se ejerce en el sueldo directamente publicado termina también afectando al “sueldo diferido” que ellos mismos se asignan en esos organismos, corporaciones y empresas públicas.

El hecho de que los ingresos “atípicos” de los políticos sean translúcidos y no transparentes, poco sometidos al control público, es una fuente más de desafección política, de desconfianza en los políticos y en tener la sensación de que nos toman el pelo. Los que creemos en el sistema democrático representativo, y los políticos en activo deberían ser los primeros, tenemos que apostar por mecanismos que reduzcan la patina de translucidez en los salarios públicos y los hagan públicos, visibles, transparentes y fáciles de seguir. Como decía Tierno Galván, “los bolsillos de los gobernantes han de ser de cristal”.