Madres enfrentan violencia y escollos judiciales para exigir manutención

Al menos 72 reclamos por pensión alimentaria se interponen a diario en los juzgados de paz del país. Cuando una mujer lleva a la justicia al padre de sus hijos para que cumpla con su cuota de manutención, despierta en muchos casos la ira y la violencia del hombre irresponsable, como le sucedió a Yumilka Torres Suero, asesinada por el padre de su hijo.
 Yumilka Torres y Rafael Valenzuela el día que fueron a conciliar en el Juzgado de Paz de Las Caobas. Foto: Roberto Guzmán.A Yumilka Torres Suero, de 22 años de edad, la mató Rafael Valenzuela, padre de su hijo de un año y ocho meses, después de que ella lo obligara a acudir por segunda vez a un juzgado de paz en su afán por lograr un acuerdo sobre la cuota económica que cada uno debía aportar para suplir las necesidades alimenticias del pequeño.El jueves 9 de mayo, Yumilka y Rafael visitaron el Juzgado de Paz de Las Caobas, Santo Domingo Oeste, para conciliar. Pero resultó imposible llegar a un acuerdo, pues el hombre consideraba elevada la suma de RD$3,500 al mes que exigía la madre de su hijo, tras alegar que él sólo devengaba un salario de RD$7,000 como vigilante privado. La joven aseguraba que su expareja mentía en cuanto a su salario.La Ley 136-03, que crea el Código del Menor, establece que la justicia puede gravar con el 50% el salario de una persona a favor de la cantidad de menores que tenga. El padre y la madre tienen el mismo derecho de exigir pensión alimentaria, pero son las mujeres las que más demandan debido a que la guarda de los hijos recae en ellas en la mayoría de los casos.“A él no le importa si yo estoy trabajando o no estoy trabajando”, respondía la joven a los reclamos de Valenzuela de que ella tenía un mejor salario que él. “Yo estoy en una zona franca, que paga dependiendo de la mercancía es que te pongan a trabajar, y te paran antes de los dos meses. Yo estoy en la universidad. Tengo que pagar mis estudios. Quienes están comprándole los ‘pampers’ y la leche al niño son mi mamá y mi papá que me están ayudando”, explicaba a los reporteros de La Lupa Sin Trabas.Al igual que Yumilka, cada día unas 72 madres acuden a los juzgados de paz del país para reclamar una pensión alimentaria. Muchas desisten de demandar a sus ex parejas por lo largo y costoso que resulta el proceso y otras ni siquiera se animan a exigir los derechos de sus hijos para evitar la violencia que esas solicitudes desencadenan en algunos padres.La Suprema Corte de Justicia registra en 2012 un total de 22,292 demandas de manutención, mientras los jueces fallaron 20,507 recibidos en diferentes años. La mayoría de los casos se presentaron en las provincias Santiago (3,093 demandas y 2,718 fallos) y Santo Domingo (5,662 demandas y 4,637 fallos). En tanto que en el Distrito Nacional se presentaron 1,536 demandas y se fallaron 1,588.Yumilka recibió el 19 de enero de este año, hace cuatro meses, los últimos RD$1,000 del padre del niño. Sus afanes por encontrar una salida la llevaron el lunes 13, cuatro días después de conversar con reporteros de La Lupa Sin Trabas, a otro juzgado de paz –en Los Ríos, Distrito Nacional– para intentar una nueva conciliación. Ella se empeñó en confiar en el sistema judicial para demandar la aplicación de la Ley 136-03, a pesar de las dificultades del proceso y los atropellos que sufría por parte del padre del menor y de la misma Justicia.Tampoco hubo acuerdo esta vez. Valenzuela decidió terminar con las reuniones de conciliación eliminando a la demandante: asesinó a la madre de su hijo en su propia residencia del sector Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos.El victimario argumentaba ante la abogada mediadora que los padres de Yumilka lo habían mandado a asesinar. “Aquí nadie me escucha a mí”, se quejaba.Yumilka le interrumpía para denunciar que él la había golpeado en distintas ocasiones, incluso cuando estaba embarazada del niño: “Me rompió todos los trastes y yo le puse una querella en la Fiscalía de Los Alcarrizos. Si no es por mí, lo mandan directo para la cárcel de La Victoria. Pero yo, como él es el papá de mi hijo, lo que hice fue que llegué a un acuerdo con él”.
El ambiente del juzgadoLa Justicia parece estar sorda. El día que Yumilka visitó por primera vez el juzgado de paz de Las Caobas, la señora Santa Virgen Matos Pérez lo hacía por quinta vez en los últimos 18 meses, tratando de que la justicia ordenara al padre de su hijo de ocho años de edad que asumiera su responsabilidad de manutención.“Nos separamos porque él me daba muchos golpes. Cuando yo estaba embarazada, me quería sacar el niño a golpes, por eso me fui de la casa. Él dice que aunque yo lo meta preso veinte veces, no nos va a dar ni un peso”, afirma la señora, residente en El Abanico, Herrera.Santa Virgen mueve con dificultad los dedos de su mano derecha, como consecuencia de un golpe que su expareja le propinó un día que discutían sobre la manutención del niño. Por esa situación no puede trabajar. “Ese hombre nos tiene odio, a mí y al niño. Yo a veces creo que es que él no nos quiere y que nos va a matar a los dos. Ha dicho que se va a matar él para salir de nosotros”, expresa la señora, que sobrevive gracias a la ayuda económica que recibe de su hermano y su padre.“A veces me pongo a vender té y café de madrugada. Me tengo que llevar al niño. Yo tengo que andar con ese niño para todos los sitios, arriesgando su vida”.Junto a Santa Virgen, una veintena de mujeres espera su turno para querellarse, en una sala que resulta estrecha. Dos hombres permanecen de pie en una esquina, sin hablar entre ellos, observando el ambiente. Uno acudió para informarse sobre cómo puede obtener la tutela de su hija; el otro, sobre qué tiene que hacer para que le reduzcan la cuota de manutención.En un tribunal que conoce hasta cuarenta casos en un día, a veces ninguno se refiere a padres que demandan a las madres por pensión alimentaria para sus hijos. El murmullo es constante entre las mujeres acomodadas en unos destartalados asientos de la sala, que cuentan desinhibidas las penas que les agobian por la irresponsabilidad paternal.“Ese señor hace un año que no le da nada a mi hija”, se le escucha decir a una de ellas, al referirse al padre de su pequeña. “Parece que él cree que la niña no come ni se viste”.Santa Virgen la secunda. Dice que ella pasa por la misma situación. A finales de 2011 acudió por primera vez al juzgado a denunciar que el padre de su pequeño, según ella, propietario de negocios prósperos, hacía tiempo que no se ocupaba de los gastos del niño.Ese día cuenta Santa Virgen, le dieron una carta que debió entregar al señor, mediante la cual se le citaba para una reunión de conciliación dentro de dos meses. “En ese encuentro no llegamos a ningún acuerdo, por lo que mi caso lo refirieron al tribunal”, explica.Pero la Justicia parece no tener la misma urgencia que la madre, y en la tercera ocasión, la jueza le fijó una cita para una audiencia tres meses más tarde.Cumplido el tiempo, Santa Virgen acudió por cuarta vez al tribunal, que dictó una sentencia que fijaba en RD$2,500 la pensión que el demandado debe pagar a la madre como pensión alimentaria. “Él nunca ha cumplido con esa sentencia”, se queja ahora, en su quinta visita, esta vez para denunciar el desacato del fallo.
Motivos para desistirAlba, madre de dos niños de 6 y 11 años, abandonó la demanda, a pesar de que la había adelantado bastante. El proceso judicial estaba afectando su salud y provocó que perdiera su empleo por las tantas veces que solicitaba permiso para acudir al tribunal. “Yo estaba agotada. Estuve tres años en eso hasta que me cansé de dar tantas vueltas. Ahora mis hijos y yo luchamos por sobrevivir con lo poco que gano como secretaria de un médico”, apunta.El padre de sus hijos se dedica a conducir camiones de carga. “Cuando vivíamos juntos, él me daba RD$12,000 semanales para los gastos. Pero al juez le dijo que él gana muy poco, por lo que le pusieron una pensión de RD$5,500 mensuales. Nunca pagó”, dice.En su artículo 175, la Ley 136-03 ordena que si las partes no llegan a una conciliación espontánea un equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de la Niñez (Conani) deberá realizar las investigaciones socioeconómicas pertinentes en un lapso de diez días. Sin embargo, en los juzgados se le asigna a la mujer la tarea de indagar sobre el salario de su esposo.Alba se alejó de los tribunales porque no pudo lograr que en la compañía en la que labora su expareja le expidieran una certificación en la que constara el sueldo que devenga, a pesar de que presentó un oficio en el que un tribunal ordenaba la entrega de esa información.Igual trauma vive Fior Aquino Ramírez, que le ha afectado su sistema nervioso. Fue al tribunal a buscar una orden de apresamiento para el padre de sus dos hijos porque, supuestamente, éste nunca ha pagado en su totalidad la cuota de RD$3,000 mensuales que le establecieron en 2010.“Yo estoy muy mal, me siento deprimida. Llevo tres días sin dormir, tengo insomnio, porque la situación en la que estoy es crítica; no consigo lo suficiente para mantener a mis hijos”. Dice que tenía un trabajo “muy bueno” del cual la cancelaron porque pedía muchos permisos para asistir al tribunal a demandar a su ex pareja. Ahora trabaja como camarera.Dificultades. El artículo 196, de la Ley 136-06, establece que el padre que incumpla con la pensión alimentaria será sancionado con dos años de prisión, pero rara vez esto sucede. El proceso judicial resulta muy lento, a pesar de que el artículo 175 ordena que, una vez presentada la querella, el Ministerio Público debe citar a las partes para conciliar en un plazo no mayor a diez días.En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la misma ley plantea en su artículo 176 que en un plazo no mayor a diez días se debe apoderar del caso al tribunal de niños, niñas y adolescentes.La procuradora general adjunta Marisol Tobal, encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, atribuye la lentitud del proceso a la falta de personal del Ministerio Público y del Poder Judicial, y de herramientas en los juzgados para desarrollar una logística adecuada.“Los juzgados de paz están sobrecargados de trabajo; tú encuentras un representante del Ministerio Público y un juez para todos los procesos que se ventilan de diferente índole”, apunta la magistrada. En el juzgado de paz de Santo Domingo Oeste, por ejemplo, hay dos personas para recibir las denuncias y otras dos para intervenir en la conciliación. Las cuatro se ven agobiadas por tanto trabajo.No tienen ni una sola computadora para ingresar las informaciones; todo es a puro papel y bolígrafo. Los archivos –ya obsoletos– tampoco son suficientes, por lo que los documentos reposan en cajas de cartón apiladas por fechas en un rincón de la oficina.Gladys Taveras Uceta describe sus carencias como jueza suplente en el juzgado de paz de Santo Domingo Oeste. Dice que al tribunal le falta apoyo logístico, no tiene archivista ni personal suficiente. “En este tribunal hay una deficiencia terrible. Ocurre lo que yo llamo ‘justicia a destiempo’, que se transforma en una injusticia. Hay una realidad que se escapa de mí como jueza. Sucede que estamos cansados de pedir personal. A las mujeres que acudieron a una cita en mayo, se le colocaron fecha de audiencia para septiembre”, sostiene.En un día, Taveras Uceta puede presidir entre 35 y 40 audiencias. Cuenta que cuando sirvió en el tribunal de Los Mina, en Santo Domingo Este, conoció hasta 60 casos en un mismo día.“Nosotros como jueces debemos velar por ese interés superior del niño, pero si estamos desarmados, no tenemos una computadora, ni una secretaria ni un asistente a la que le puedas pasar una sentencia o que te la fije para breve término, ¿cómo tú puedes brindarle el apoyo necesario a una mujer?”, se pregunta.Tediosa y caraDilia Leticia Jorge Mera, abogada especialista en derecho de familia, describe la ruta que se sigue para interponer una demanda por manutención como “tediosa y costosa”. Critica que las mujeres deban incurrir en gastos como el pago de un alguacil para que lleve la citación al demandado. Muchas madres le pagan al alguacil RD$500, y hay quienes cobran dependiendo de la zona a la que va la citación. Mientras más exclusivo el sector, más caro.“Es un proceso frustrante para la madre; una como abogada se siente mal. Por eso se abandonan los procesos. Las mujeres se sienten juzgadas cuando plantean una manutención elevada, aún teniendo la razón. Creo que el sistema debe ser más amigable”, expresa.Otro inconveniente que señala es que hay padres que tienen sus bienes a nombre de terceros, lo que dificulta establecer sobre una base cierta su patrimonio y por consiguiente, la fijación de una pensión justa a favor de sus descendientes.Demandado en el extranjero. Cuando el padre demandado reside en el extranjero resulta todavía más difícil para la madre llevar a cabo el proceso judicial, como demuestra el caso de Iris Yocasta Parra, madre de trillizas. La joven de 25 años procreó las niñas que ahora tienen tres años de edad, con un señor que no se interesó por reconocerlas legalmente, se marchó a Estados Unidos y las dejó en la indigencia.“Lo que me dicen en el juzgado es que yo tengo que avisarles (a los jueces y fiscales) cuando el papá de las niñas llegue al país. Imagínese usted qué difícil”, relata la madre que ha librado varias batallas para poder permanecer junto a sus pequeñas.El artículo 198 del Código del Menor plantea que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes realizará las diligencias pertinentes, “o lo hará a pedimento de parte, ante organismos extranjeros de protección de niños, niñas o adolescentes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de lograr que se ejecuten las sentencias dictadas por nuestros tribunales”. Pero esta disposición se ignora en la mayoría de los casos.El año pasado, las autoridades de Nueva Jersey y República Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación para recaudar la manutención de los hijos que vivan en ambas jurisdicciones. Establece que ese estado se encargaría de descontar la pensión de manutención a los padres que residen allá y enviarla directamente al custodio del menor en el país.Iris Yocasta cuenta que, en una ocasión, trabajadores sociales del Conani intentaron quitarle a sus hijas porque vieron que ella no tenía condiciones para mantenerlas. Una tía suya ahora paga la renta de la humilde pieza en la que reside en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este. Mientras tanto, sus hijas comen cuando una persona generosa se apiada de ellas. “Hay días en que sólo puedo ofrecerles un jugo de ‘sobrecito’ como único alimento. Es muy triste, sabiendo que su padre tiene con qué mantenerlas”.Asistencia legalLo ideal es que cada una de las partes acuda al tribunal acompañada de un abogado. Pero en la mayoría de los casos eso no es posible, porque se trata de personas de escasos recursos, que ni siquiera tienen para costear el pasaje del transporte para llegar al juzgado. Por eso las personas andan perdidas, sin saber qué hacer.La procuradora general adjunta Marisol Tobal entiende que el Estado debe conformar un departamento de atención legal a la víctima que asista a las personas de escasos recursos, sean padres o madres.Opina que las miles de demandas de pensión alimentaria son un reflejo de la descomposición social que existe en República Dominicana “donde hay un alto índice de irresponsabilidad paterna”.Estima que la mitad de los casos queda en el silencio porque la madre no tiene recursos, y siente desinterés porque el sistema no le responde como espera.
En el medio, los hijosHay casos en los que cuando el padre se separa de la madre, también se aparta de los hijos. Fior Aquino Ramírez expresa que el padre de su niño de ocho años y su niña de once nunca más se ha preocupado por la salud de sus vástagos desde que se divorciaron. “El niño lleva una terapia con una psicóloga porque es hiperactivo. Todavía su papá no ha ido a la primera sesión, a pesar de que la doctora ha solicitado su presencia en varias ocasiones”.Dice que su niña le manifiesta que la lejanía de su padre la hace sentir mal. Para agravar la situación de los niños, la madre ha debido llevarlos a vivir con su abuela para que ella pueda trabajar.  “La niña me dice: ‘Mami, papi no nos quiere. Porque ni siquiera nos llama’. Yo le digo que las cosas no son así”, apunta Fior.La psicóloga infantil Marina Orbe recuerda que los padres no deben involucrar a los hijos en las consecuencias de su separación y deben tratar de que el niño no tome partido de si su papá o mamá es bueno o malo, porque lo importante, dice, “es que el pequeño crezca sano emocionalmente”.“El niño no puede entender cómo siendo su papá no puede darle lo que le corresponde. Eso hace que se sienta mal, le baja su autoestima, siente que su papá no lo quiere, comienza a tener dificultades al nivel académico, al nivel social. Se va aislando, se va poniendo violento y agresivo, y como consecuencia, se deprime”, puntualiza.En el caso de Santa Virgen Matos, su hijo, que ha presenciado cuando su papá golpea a su madre, expresa que quiere matar a su progenitor cuando crezca. “Mi hijo está raro. No quiere estudiar, nada más vive peleando y tiene mucha violencia para todo”, lamenta.Sobre esta situación, Orbe expresa que el niño debe asistir a terapia porque se crean en él “raíces de amargura” y se le forma una concepción muy mala de la figura paterna.
MonoparentalesMás del 35% de los hogares de República Dominicana son monoparentales. De esa cifra, más del 90% está a cargo de mujeres.El 20.1% de las familias con mando femenino vive con menos de dos dólares al día, de acuerdo con el estudio más reciente que cuantificó la cantidad de madres solteras en el país, realizado en 2007. El informe de la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) para ese año proyectó en un millón 400 mil las mujeres que en República Dominicana crían solas a sus hijos.
PobrezaUn estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial establece que los hogares monoparentales de jefatura femenina registra una tasa de pobreza de 20.1%, casi 8 puntos porcentuales más que las familias dirigidas por hombres o por la pareja.
DivorciosLa Oficina Nacional de Estadística registra que en 2011 se concretaron 17,927 divorcios, 1,158 más que en el 2010, cuando se registraron 16,769. Es decir, que en promedio, unas 49 parejas casadas legalmente se separan a diario en República Dominicana.
La diferenciaEn el sector Gazcue, Distrito Nacional, opera desde 2006 el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial, para facilitar que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo consensuado mediante el diálogo.En su mayoría, los casos que recibe la dependencia están relacionados con la repartición de bienes; en segundo lugar, está la pensión alimentaria y en tercero, la regulación de las visitas y decidir quién tiene la tutela de los hijos.El director del centro, Alexis Rafael Peña, indica que a diferencia de los juzgados de paz, las personas que ponen una querella en el centro no tienen que pagar alguacil para que envíe la notificación al demandado ni tampoco contar con un abogado, pues esa institución les provee de forma gratuita todo lo que puedan necesitar para llegar a un acuerdo con su expareja.“Cerca del 70% logra conciliar aquí y el acuerdo es homologado por un juez que lo convierte en sentencia. El resto que no concilió se remite a un juzgado de paz”, explica.Como el centro no tiene jurisdicción, reciben casos de todas partes del país. El ambiente despejado y tranquilo que caracteriza ese lugar dista bastante del alboroto que caracteriza a los juzgados de paz.
…Después de que El Informe con Alicia Ortega difundiera un reportaje sobre el trágico caso de Yumilka Torres Suero y su verdugo y padre de su hijo, Rafael Valenzuela, la Fiscalía de la provincia Santo Domingo envió a la redacción de La Lupa Sin Trabas a una fiscal para recoger como pruebas las declaraciones grabadas de la víctima y su victimario en su conversación con Felivia Mejía y Roberto Guzmán. Otra vez la justicia dominicana actuó con lentitud. Ya era tarde para la manutención del niño de Yumilka y tarde, sobre todo, para salvar a una mujer más que estuvo bajo amenaza, hasta perder la vida ante los ojos de las autoridades”.…