Quien vive en Madrid está frecuentemente bloqueado, con las principales calles cerradas y la circulación desviada, por hasta doce manifestaciones simultáneas que confluyen en la plaza de Colón, el Parlamento o la Puerta del Sol.
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que lleva sólo nueve meses en su cargo y no sufrió los casi tres meses de acampadas del 15M en Sol en 2011, pide ya una ley que “module” los lugares y maneras de manifestarse, como en los otros países democráticos.
La Constitución garantiza el derecho de manifestación, sin necesidad de pedir permiso. Sólo debe comunicarse su celebración a las autoridades gubernativas.
Pero esta situación le impide a media ciudad trabajar a su hora, arruina negocios y destroza el turismo, importante base de los ingresos de la ciudad y la Comunidad.
Ahora, además, todo el país viaja a Madrid a protestar, aunque el motivo sea local o provincial, cuando hay 16 capitales de CC.AA. con tanto poder como el del Gobierno regional en la famosa Puerta del Sol.
Es tal la libertad que hasta una masa de espontáneos convocados por internet puede proponerse tomar el Parlamento para abolir la Constitución y crear otra basada en el Ché, el 15M y la Pachamama.
Finalmente se conformaron con “rodear” el Parlamento, pero le hicieron la vida imposible a los ciudadanos, aunque especialmente a los visitantes de los museos del Prado, Thyssen y de Arte Contemporáneo.
En Madrid hay posibles manifestódromos céntricos que no descompondrían la vida de los habitantes, como las grandes áreas del nuevo Madrid Río que bordea el Manzanares, y que unen el Palacio Real al bosque de la Casa de Campo.
Pero proponerlo es de fascistas según los sindicatos y tantos organizadores de protestas cuyos excesos provocan una reacción que hace imbatible a la derecha.
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