Manifiesto de juristas brasileños en defensa de Dilma Rousseff

Logo original del manifiesto.

Boaventura de Sousa Santos encabeza la extensísima lista de juristas, abogados, académicos de Brasil que firmaron este manifiesto en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho de nuestro país vecino, y contra los “ataques sistemáticos” que sectores conservadores, medios de comunicación y políticos de la oposición perpetran contra la Presidenta Dilma Rousseff desde su victoria electoral en 2014. Los promotores del documento expresan su gran preocupación por “la perspectiva de ruptura del orden democrático y la violación de la soberanía popular por la vía del abuso de poder o, en otras palabras, por el ejercicio de un poder que no se somete al Derecho”.

La nueva campaña de la legalidad. Manifiesto de juristas en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho es el título en castellano de la proclama que advierte sobre la posibilidad de que la Primera Mandataria brasileña corra la misma suerte que Fernando Lugo en Paraguay cuatro años atrás. “La ausencia de fundamentos de hecho válidos para motivación de impeachment, el uso reiterado de juicios políticos dudosos e imprecisos y el incumplimiento del principio constitucional de la legalidad son la caracterización instrumental de lo que puede llamarse golpe legal, golpe blanco o golpe de Estado encubierto” explican los autores del pronunciamiento antes de señalar el contexto regional.

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Prosigue el texto: “En el sistema presidencial, el juicio sobre el desempeño político del mandatario es del ciudadano, al votar en elecciones regulares y directas. Jamás del legislativo, bajo pena de romper el estado de derecho democrático”.

Además de afirmar el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, defender la imparcialidad de la Justicia y comprometerse a hacer respetar la voluntad popular, los firmantes apoyan la persecución de la corrupción mientras sea “ética, republicana, transparente” y se haga “por los medios pertinentes”. Asimismo condenan que, en nombre de esa lucha, se recorte derechos y se recurra a los medios de comunicación para la sustentación artificial y no idónea de procedimientos judiciales. “La eliminación de la corrupción no puede corromper los derechos”, insisten.