Manifiesto de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear contra el ATC

La gestión de los residuos nucleares es uno de los asuntos no resueltos por la industria nuclear. Después de décadas de operación de estas instalaciones, el debate sigue abierto. ¿Qué hacer con los residuos nucleares? Los enormes plazos temporales que se manejan no permiten afirmar que ninguna de las opciones contempladas sea segura, ni el AGP (Almacenamiento Geológico Profundo), ni los almacenamientos temporales (ATC – almacén temporal centralizado- o ATIs -almacén temporal individual), ya sean en seco o en piscina.

La energía nuclear es contaminante, cara, peligrosa, y socialmente inaceptable, por lo que debe detenerse cuanto antes su funcionamiento. Dejar de producir residuos altamente radiactivos es el primer paso para dar lugar a un debate social, público, transparente, y con la suficiente información y tiempo sobre su gestión.

El debate es necesario, y debe tomarse su tiempo. La urgencia con la que se impone la decisión tomada no es real. Las piscinas de las centrales de Garoña y de Ascó se saturarán entre 2013 y 2015, por lo que difícilmente se concluirá la construcción del ATC antes de esa fecha. En el caso de los residuos vitrificados del reactor de Vandellós I, el dinero que se paga a Francia en concepto de aval será devuelto cuando los residuos retornen a España, descontado el coste de almacenamiento. Por lo tanto hay tiempo suficiente para llevar a cabo un debate amplio que, en cualquier caso, debe darse tras el anuncio de un calendario de cierre de todas las centrales nucleares en el estado.

Por contra, el gobierno español aprobó en 2006 el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos, en el que se contemplaba la construcción de un Almacén Temporal Centralizado, y en diciembre de 2009 se abrió el plazo de presentación de candidaturas. En todo el proceso ha habido un importantísimo déficit democrático y de participación pública, dándose varios casos, como el de Villar de Cañas, en los que los plenos de los ayuntamientos en los que se aprobó la candidatura fueron convocados de forma extraordinaria a finales del plazo de presentación.

Desde el punto de vista de las organizaciones que integran la CEAN, el proceso incluso incumple la legalidad vigente, como el artículo 6 del "Convenio de Aarhus”, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, del que España es signataria. La ciudadanía y las organizaciones sociales no han tenido, en ningún momento, acceso al proyecto de silo nuclear.

También se viola el acuerdo aprobado en el Congreso el 24 de febrero de 2010, recogido en una iniciativa no legislativa por amplia mayoría de los grupos parlamentarios, en el que se instaba al gobierno a elegir el destino del ATC con un amplio consenso social, territorial e institucional.

Estamos aquí para demostrar que no existe ese consenso, que numerosas organizaciones y personas de la región se oponen al emplazamiento en Villar de Cañas de un “vertedero” de residuos radiactivos. El deterioro que supone para la imagen de la región dificultará sus posibilidades de un desarrollo verdaderamente sostenible, basado en los recursos naturales, en la agricultura y la ganadería, o en el turismo rural. El dinero con el que se intenta comprar voluntades no solventará los problemas laborales, de salud, o de abandono de las zonas rurales, como se ha venido dando en las zonas afectadas por centrales nucleares en España. Ese dinero, además, fomentará el caciquismo. El empleo generado será de alta cualificación y especialización, por lo que no beneficiará a las personas que habitan la región.

La construcción del almacén de residuos radiactivos supondrá la posibilidad de aumentar la vida útil de las centrales nucleares por encima de su vida útil de diseño, incluso más allá de los 60 años, y la posibilidad de construcción de nuevas plantas nucleares, ya que el ATC es modular, permitiendo su ampliación. Es inadmisible la imposición a la población de cualquier región de algo que no se conoce, ni su grado de peligrosidad, ni su cantidad, ni su futuro.

Por todo ello, la Coordinadora Estatal Antinuclear, se suma a la lucha de la población afectada por la instalación del ATC, y reclama la suspensión del procedimiento de asignación del Almacén Temporal Centralizado, así como un compromiso de cierre de las centrales nucleares en España, con fechas concretas y comenzando de forma inmediata por la central nuclear de Garoña, así como el necesario debate posterior sobre la gestión de los residuos generados.

Villar de Cañas, febrero de 2012