Manifiesto del 7 de Octubre

LA PLATAFORMA SOCIAL DE CÁDIZCONTRA LA DESTRUCCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS
Las organizaciones sociales, políticas y sindicales que constituimos la Plataforma Social de Cádiz siguiendo el llamamiento del Tercer Encuentro de la Cumbre Social celebrada en Madrid el pasado 1 de Octubre, nos concentramos hoy aquí en la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz, para exigir un cambio en profundidad de las políticas que se están llevando a cabo por el Gobierno y que tienen por consecuencia el la destrucción de los derechos arduamente conseguidos y el aumento de las dificultades, de la precariedad, del paro, la pobreza y la exclusión para amplios sectores populares.
Al igual que la Cumbre Social, la Plataforma Social de Cádiz valora muy positivamente la marcha a Madrid del pasado 15 de septiembre, pero en especial el esfuerzo de los miles de gaditanos y gaditanas que participaron en la misma. Esta marcha permitió la convergencia de amplios sectores sociales diferentes perjudicados por la acción del gobierno que se dieron cita en la Plaza de Colón y alrededores. NO podemos sino denunciar el burdo intento de los representantes gubernamentales y de algunos medios de comunicación, para intentar minusvalorar el seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público. Esto se ha demostrado posteriormente con toda claridad en las concentraciones del 25S, con actuaciones policiales que deberían ser investigadas y determinadas las responsabilidades consiguientes.
La Plataforma Social de Cádiz va a apoyar también la exigencia del que fue el grito más unánimemente coreado el pasado 15S: Referéndum ya! No hay duda de que estamos ante un flagrante fraude electoral, como no hay duda de que el Gobierno está adoptando medidas y decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado, como está sucediendo con la “secreta” negociación del rescate a la economía española. Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática. En este sentido la exigencia de que se convoque un Referéndum sobre el programa que se está aplicando por parte del Gobierno se convierte también en una exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede, porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que atravesamos.
El tercer encuentro de la Cumbre Social celebrado en Madrid el pasado día 1, valoró el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Entre otras cuestiones se analizó el nuevo intento de manipulación de la opinión pública por parte del Gobierno intentando ocultar sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las Comunidades Autónomas CCAA la mayor parte de la responsabilidad en el recorte del gasto social, y por otro, intenta camuflar recortes más duros hasta que pasen las elecciones gallegas y vascas. Pero lo cierto es que se entrevén recortes en temas tan sensibles como las pensiones o las prestaciones por desempleo, entre ellas los 450 euros del plan PREPARA, que dejarán de abonarse a partir del próximo mes de febrero.
En el proyecto de Presupuestos también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente, etc. Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las Comunidades Autónomas, como es el caso de Andalucía, tengan que elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en educación y sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas.
El actual proyecto, junto a tanto recorte en inversión y gasto social si contiene lo que a la inmensa mayoría de la población española nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema bancario. Más crisis, más desempleo, menos protección social y menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las personas de este país de las que solo se salvan las élites económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.
Sin duda unos presupuestos como estos van a tener graves repercusiones en la provincia de Cádiz, que soporta una tasa de paro alarmante y que no cesa de aumentar, con gran parte de la industria desmantelada, unas administraciones locales sin fondos para garantizar siquiera los servicios municipales mínimos, un proceso de privatización que ha ido reduciendo los servicios prestados directamente por la administración en beneficio de grandes empresas privadas y que en mayor o menor medida se está dando en todas las ciudades de Cádiz. Nuestra provincia se sitúa a la cola de esa Europa que es quien realmente nos gobierna y que está solo al dictado de la gran banca y ha olvidado su papel como constructora del bienestar social. Sin unos servicios públicos de calidad y orientados a la reducción de las desigualdades, la ciudadanía queda condenada a una precarización que solo puede agravarse si las políticas económicas continúan orientadas al único objetivo del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
Consideramos que los servicios públicos son fuente de crecimiento económico, empleo y cohesión social. Exigimos a los gobiernos que rectifiquen y sitúen la reducción de la desigualdad social por medio de las políticas públicas como eje fundamental del sistema político y económico. La mala gestión económica de muchos de nuestros Ayuntamientos en la provincia está suponiendo un grave deterioro del empleo público y la externalización de los servicios públicos esenciales a empresas privadas de dudosa gestión laboral, dándose incluso el caso de despidos por defender sus derechos laborales. En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia. En la provincia de Cádiz el 40% de la población está ya en la pobreza y el 15% se encuentra en situación de exclusión grave.
Por todo ello la Plataforma Social de Cádiz, se ha sumado a estas movilizaciones de este domingo 7 de Octubre. Y además considerará seriamente la participación en la prevista convocatoria de una Huelga General durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Para ello va a anunciar en breve la convocatoria de un amplio Encuentro de toda la sociedad de la provincia de Cádiz, de todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, profesionales, etc… para preparar las movilizaciones y la Huelga General que no va a tener sólo un carácter laboral sino ciudadano y profundamente social.
POR LOS DERECHOS QUE NOS ESTAN ROBANDOPARA BENEFICIAR A BANQUEROS Y ESPECULADORES,LA CIUDADANÍA DE CÁDIZ SEGUIRÁ MOVILIZÁNDOSE