La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha tramitado en el primer semestre de 2013 un total de 2.080 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida en Andalucía.
Con estos datos son ya 51.120 las personas que cuentan con este documento en vigor.
Este documento es personal e intransferible,
Acredita a sus titulares a que puedan estacionar los vehículos a motor en los aparcamientos reservados para las personas con discapacidad y movilidad reducida, al tiempo que disfrutar de las ventajas que los ayuntamientos establezcan en su favor.
Aparte de en Andalucía, tiene validez en todo el territorio nacional y en los países integrantes de la Unión Europea, indica la Consejería en una nota.
Del total de títulos en vigor en este año, 27.542 pertenecen a hombres y 23.578 a mujeres.
Por provincias:
- Sevilla tiene 11.446 tarjetas activas
- Málaga tiene 11.203 tarjetas activas
- Cádiz tiene 10.107 tarjetas activas
- Granada tiene 5.123 tarjetas activas
- Huelva tiene 3.848 tarjetas activas
- Córdoba tiene 3.425 tarjetas activas
- Almería tiene 3.157 tarjetas activas
- Jaén tiene 2.811 tarjetas activas
La tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento de una movilidad reducida.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
La tarjeta cuenta con medidas de seguridad, Como un holograma para evitar su falsificación, Y tiene una vigencia de cinco años para las personas mayores de 70 años y dos años en el caso de las mayores de 80.Los organismos encargados de determinar las condiciones de los solicitantes son los centros de valoración y orientación de la Consejería de Igualdad, Salud y de Políticas Sociales, que se ocupan, entre otras cosas, de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial.
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