México: Luego de 18 años, se reunirán feministas mexicanas

Las feministas, en grupos y tendencias, han transitado en este país, como en otros de Latinoamérica, una historia de desencuentros en las últimas dos décadas, durante las cuales esta nación ha cambiado y la condición de las más de 50 millones de mexicanas se ha deteriorado en todo sentido.
El movimiento ha sido incapaz de llegar a muchas de ellas, está desarticulado y la tendencia a institucionalizarse le ha disminuido su capacidad de protesta y movilización. La negociación y las mesas interinstitucionales han sustituido a la organización de las mujeres por sus demandas, adoptando, en una tendencia mayoritaria, la política de diálogo.
En noviembre de 2009, tras una andanada gubernamental que penalizó el aborto en todas sus formas, María Eugenia Romero, directora de una ONG de Derechos Sexuales y Reproductivos, reconoció que la política de alianzas con sectores gubernamentales, nacionales e internacionales, fracasó ante decisiones de Estado.
Y mencionó, en particular, el movimiento antiaborto en el que han coincidido gobernantes de todos los partidos políticos, liberales, de izquierdas y herederos de la Revolución Mexicana.
De ese convencimiento y a iniciativa del grupo Feministas Socialistas, surgió la construcción de un Pacto Nacional entre feministas y mujeres del movimiento amplio para realizar una campaña —de distintos grupos y formas de actuar— a fin de impedir la prohibición nacional al aborto, signado con excepciones desde el triunfo de la Revolución Mexicana en 1917.
Igualmente, los observatorios y las redes contra la violencia, tras la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, han constatado la inoperatividad de dicha normativa y el creciente número de asesinadas en el país, a pesar de que persiste una lógica de asesoramiento a los órganos estatales de prevención de tales actos.
Karla Michel, abogada y asesora de la Cámara de Diputados, confirmó que el gobierno no atiende la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sentenció a México para que dé seguimiento al caso de feminicidio conocido como Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ocho cuerpos femeninos en estado de descomposición, con evidentes signos de tortura, violación y mutilación de sus miembros, fueron hallados en noviembre de 2001 en esos predios de Ciudad Juárez. Sólo tres de ellos, los correspondientes a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, fueron identificados.
El balance indica que las cifras de violencia crecen (siete de cada 10 mexicanas son agredidas); el asesinato de mujeres supera cualquier cálculo (18 diarios); la pobreza entraña la muerte por parto o embarazo (16 mujeres mueren diariamente por estas causas). Además, las mexicanas enfrentan enormes dificultades para alcanzar puestos de poder (sólo tres por ciento llega a dirigir municipios).
Para repensar el movimiento feminista, los días 27, 28 y 29 de agosto se realizará, en la norteña ciudad de Zacatecas, de la entidad del mismo nombre, el que sería el VIII Encuentro Nacional Feminista, después del VII efectuado en Acapulco, Guerrero, hace 18 años, buscando su fortalecimiento político y nuevas formas de vinculación entre grupos y tendencias que, según la convocatoria, contribuyan a incidir en la igualdad de género.
En un pronunciamiento lanzado hace unos días, el comité organizador —formado por una docena de feministas— señala que desde la última reunión nacional de Acapulco muchas cosas han cambiado en México. Los infructuosos esfuerzos por transitar a la democracia y la insistencia en un manejo inadecuado de la economía han obstaculizado la consolidación de la ciudadanía de las mujeres.
A pesar que reconoce el posicionamiento alcanzado en estos 18 años, marcados por una política nacional e internacional que busca el avance de las mujeres, también resalta que se ha "incrementado la violencia, la vulneración de los derechos humanos, el deterioro ambiental, la negación de derechos a los pueblos indígenas, así como la impunidad y la propagación de los feminicidios en todo el país".
También se evidencia el fortalecimiento de los fundamentalismos contra los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación por razones de preferencia sexual o identidad genérica, la tergiversación y burocratización de la perspectiva de género, la precarización del empleo, la criminalización de la protesta social, el empobrecimiento generalizado, la incredulidad ciudadana en las instituciones gubernamentales y la sistemática exclusión de las mujeres en las instancias de poder y decisión.
El Encuentro, precedido en los últimos cuatro meses de igual número de reuniones estatales, celebradas en Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, funda su convocatoria tomando en cuenta el contexto probado del deterioro de la vida de las mujeres y hace "prioritario plantearnos la rearticulación del movimiento, para constituirnos en una fuerza política nacional que sea decisiva en la generación de un orden social más justo".
Lourdes García, encargada de la comisión teórica de la próxima cita, en entrevista con SEMlac, reconoció que se avanzó en algunos tópicos, se han elaborado manuales, políticas públicas y programas, pero que éstos en la práctica son muy limitados porque el movimiento feminista carece de base social.
En ese sentido, Lourdes y Rosa Salazar, voceras del Encuentro en marcha, coincidieron en que es necesario fortalecer la estrategia del movimiento, volver a tomar las calles y generar una base social, antes de que opere de fondo un retroceso y para que quede claro que, aunque México haya firmado convenciones y acuerdos para "el adelanto de las mujeres", ellas sufren, en tiempos de crisis y conservadurismo, verdaderos retrocesos.
El Encuentro Nacional Feminista (ENF2010) convoca a todas las expresiones del movimiento a participar con el objetivo de fortalecer vínculos, diversificar estrategias y ampliar alianzas con otros movimientos sociales y organizaciones políticas progresistas.
Advierten las convocantes que no se puede pensar en la unidad a toda costa, sino en conseguir confluencias y conocer rutas y experiencias gestadas en los últimos años, desde la teoría y la praxis feminista; estrategias más eficaces que pongan un dique a la "violación sistemática de los derechos de las mujeres".
Se trata, dice el pronunciamiento político del Encuentro, de discutir cómo replantear el tipo de sociedad para las mujeres. En tal sentido, en estos años se inició un proceso de confluencia para participar en los llamados a una convención nacional que refunde al Estado, desmoronada unos meses después.
Para llegar a la organización de esta cita se hicieron reuniones diversas, con vistas a lograr un amplio consenso a favor de la autonomía del movimiento cuyo significado, señalan Feministas Socialistas, es el asunto más importante a discutir, puesto que un amplio grupo de Organizaciones No Gubernamentales ligadas al movimiento feminista perdieron el rumbo.
Estas partieron del supuesto de que el estado, que se llama democrático, o sectores del gobierno, realmente estaban interesados en los derechos humanos de las mujeres.
El Encuentro se aglutina en torno a tres principios fundamentales, que distinguen a las feministas respecto a otras corrientes ideológicas y políticas del movimiento amplio de mujeres: la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, el reconocimiento y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como del aborto libre y seguro, y el respeto y defensa de las diversas identidades sexo-genéricas y orientaciones erótico-afectivas.
El panorama sobre el que se basa y cuyo reconocimiento llevó a la urgente necesidad de convocar esta reunión, lo definió Julia Escalante, de la Campaña por el Derecho a Decidir:
"En México existen 108.4 millones de personas de las cuales 50,9 por ciento son mujeres, de este porcentaje 67 de cada 100 mujeres enfrentan violencia en su comunidad, con su pareja, en su trabajo, en la escuela y al interior de su familia".
"Las estadísticas señalan que en México las mujeres son objeto de actos de discriminación, violencia, explotación laboral, explotación sexual, y de leyes estatales, reglamentos y normativas que no reconocen sus derechos".
También abordarán el problema del feminicidio y su relación con la guerra contra el narcotráfico lanzada por el gobierno actual, la discriminación específica de las indígenas, el desempleo y las medidas antilaborales del gobierno, que afectan principalmente a las mujeres.
Otros asuntos a tratar serán el estado de las mujeres presas por aborto en algunas entidades del país; las posturas permanentemente discriminatorias en la sociedad a quienes eligen una opción sexual diferente a la institucional y heterosexual; la situación monopólica de los medios de comunicación y las muertes civiles que han afectado a las mujeres, en sí mismas y en su familia.
DISCRIMINACIÓN DE FACTO
La discriminación en la participación política es una realidad. Las mujeres están subrepresentadas en todos los cargos de representación política y de toma de decisión.
Ninguna mujer ha sido Presidenta de la República. Sólo en dos de las 32 entidades federativas gobiernan mujeres, en las presidencias municipales apenas representan cinco por ciento; en el poder legislativo federal, son 24,8 por ciento (19 por ciento en el Senado y 26,8 en la Cámara de Diputados) y en los Congresos locales, el promedio de mujeres es de 21,5 por ciento, el cual bajará a 19 —aproximadamente— con los resultados de la elección de julio pasado.
Sólo para el caso de las legisladoras federales se han impulsado acciones afirmativas. En 2002 se reformó el Código electoral para que al menos 30 por ciento de las candidatas fueran mujeres y en 2008 la cuota se amplió al 40 por ciento, pero en los hechos la ley no se ha cumplido.
Después de la elección de 2009, fueron 136 las mujeres que arribaron al cargo de Diputada Federal, (28 por ciento); sin embargo, ese porcentaje disminuyó casi de inmediato pues algunas de las electas solicitaron licencia para que, en su lugar, ocupara el cargo su suplente del sexo masculino.
Por Sara LoveraFuente: Semlac