Un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, titulado Una economía al servicio del 1%, demuestra que las enormes ganancias económicas de la industria sanitaria están basadas en buena medida en la especulación con los medicamentos. Eso contraviene los intereses de la salud pública.
El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico” en favor de los más ricos. Esto genera desigualdad, que no para de crecer en el mundo y ello conduce al aumento de la pobreza. Así intenta explicarlo la ONG en su último informe.
En 2014, las empresas farmacéuticas destinaron más de 228 millones de dólares a llevar a cabo actividades de lobby en Washington.
Cuando Tailandia decidió establecer una licencia obligatoria sobre varios medicamentos esenciales (una disposición que otorga a los Gobiernos la flexibilidad de producir medicamentos localmente a un precio mucho más bajo sin necesidad de contar con el permiso del titular de la patente internacional) la industria farmacéutica ejerció presión sobre el Gobierno estadounidense y consiguió que incluyera a Tailandia en el listado de países que pueden ser objeto de sanciones comerciales.
Todos esto explica cómo y porqué nuestro actual sistema económico pone la economía al servicio del 1%.
En el mundo, según Intermón Oxfam, 90 personas son milmillonarias gracias a la industria farmacéutica, una de las más rentables del planeta, que protege ferozmente los derechos de propiedad intelectual, especialmente las patentes.
Que es necesario que exista una potente industria sanitaria no cabe duda. Pero no así. Es cierto que el desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso que puede requerir mucho tiempo y dinero pero para buena parte de la esta industria parece que los derechos de propiedad intelectual , conseguir patentes que protejan la venta en monopolio de sus productos, son casi el único incentivo para invertir en investigación y desarrollo.
Al favorecer los monopolios, se fomenta el vicio de inflar los precios a costa de las personas enfermas. Es lo que sucede, por ejemplo, con el medicamento Sovaldi, para la Hepatitis C, que producirlo cuesta unos 100 euros y que en USA se vende a 1.000 dólares la pastilla.
La ONG pone un ejemplo: Lo ocurrido con el Daraprim (pirimetamina), un medicamento desarrollado hace ya 62 años para tratar la toxoplasmosis, una enfermedad parasitaria mortal.
En septiembre de 2015, el precio de este fármaco se incrementó de la noche a la mañana, pasando de 13,50 dólares a 750 dólares por comprimido, después de que la empresa Turing Pharmaceuticals se hiciese con los derechos de comercialización en Estados Unidos de este medicamento esencial.
Las grandes empresas farmacéuticas cada vez arriesgan menos en términos de inversión en I+D. En Estados Unidos, aproximadamente el 75% de los llamados nuevos principios activos calificados como prioritarios (los fármacos más innovadores) deben su existencia a fondos públicos, no a la inversión de las grandes empresas farmacéuticas, que gastan más en marketing que en I+D.
La industria está centrada en hacer lobby para ampliar los derechos de propiedad intelectual, tanto en términos de duración de patentes de fármacos como de ampliar el ámbito de las normas de propiedad intelectual, sirviéndose sobre todo de la presión directa, como la ejercida por Estados Unidos sobre la India para que este país cambiase sus normas de propiedad intelectual o de los tratados de “libre” comercio.
Las farmacéuticas también suelen presionar y movilizarse en contra de las decisiones adoptadas por los Gobiernos en favor de la salud de la ciudadanía. Por ejemplo, Eli Lilly ha llevado al Gobierno canadiense a los tribunales por su intento de hacer que los fármacos sean más asequibles.
Pfizer trata constantemente de influir sobre el Gobierno de Estados Unidos en materia de recortes fiscales, alegando que el tipo exigido por el impuesto de sociedades en Estados Unidos hace que no sea competitiva frente a sus competidoras. Pfizer no ha convencido al Gobierno de que rebaje el tipo de este impuesto, pero prevé trasladar sus beneficios a una jurisdicción como la de Irlanda, de baja imposición, a través de la adquisición de otra empresa en el extranjero.
En la India, sin embargo, los grupos de pacientes, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y al Gobierno, han hecho frente a la influencia de las grandes empresas farmacéuticas dando prioridad al acceso de la ciudadanía a los medicamentos necesarios. Por ejemplo, el Onbrez (indacaterol) podría ayudar a gran parte de los 30 millones de indios que según las estimaciones padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Los grupos de presión de pacientes denunciaron que Novartis, la empresa suiza que posee los derechos sobre el medicamento, había importado cantidades muy pequeñas de dicho fármaco a la India. Para satisfacer la demanda, la multinacional india Cipla, con sede en Bombay, empezó a fabricar su propia versión de Onbrez y a venderla a un precio muy inferior al del original.
Otra empresa India, Natco, vendía Nexavar (sorafenib), un medicamento para tratar el cáncer renal y de hígado, por sólo 173 dólares mensuales, frente a los 5.500 dólares de la empresa alemana Bayer. Ésta acudió al Tribunal Supremo indio para oponerse a la licencia obligatoria concedida a Natco, pero su recurso fue desestimado en favor de la producción del genérico.
Son tantos ejemplos los que podrían ponerse… ¿Cuales serían las medidas a aplicar? Desde Oxfam citan algunas con los que estoy de acuerdo:
-Mantener bajo control la capacidad de influencia de las élites más poderosas. Crear registros públicos obligatorios de las actividades de lobby y el establecimiento de normas más estrictas sobre los conflictos de intereses. Añado yo la prohibición de las “puertas giratorias”.
-Modificar el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación de los precios de los medicamentos para garantizar el acceso de todas las personas a medicamentos adecuados y asequibles.
-Distribuir el esfuerzo fiscal de manera justa y equitativa.
-Combatir la desigualdad a través de un gasto público progresivo que garantice los sistemas sanitarios y educativos públicos. Yo creo que habría que revisar lo que de corrupción y de coladero de los intereses privados hay en ellos.
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