Minería en Canaima: Olvidos, fraudes y mutismo

Vuelve a ser noticia el tema de la existencia de minas de oro en el Parque Nacional Canaima, un sitio que se supone está protegido, no solo por las leyes ambientales del país, sino explícitamente por la propia Constitución en su artículo 127. Esto a raíz de las denuncias realizadas por la periodista Valentina Quintero y la toma de la pista aérea de Canaima por parte de miembros de la comunidad pemón.
Como parte de esta nueva situación la periodista Emily Avendaño de El Nacional publicó dos excelentes artículos: "El desplome del turismo empuja a Canaima a la minería" y "Cinco planes de control minero no han logrado frenar la extracción ilegal en Guayana", los cuales recomiendo leer para entender un poco mejor la compleja situación derivada de la minería ilegal de oro y sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.
Pero adicionalmente, es necesario hacer mención de otra noticia surgida a raíz de la toma de la pista de Canaima. Lo importante de ella no es la noticia en sí, sino lo que ella revela, insinúa y esconde: "Pemones levantaron protesta que mantenía cerrado aeropuerto de Canaima" aparecida en el periódico Últimas Noticias. En la misma se indica que "Se va a fortalecer el plan de acción para erradicar la minería ilegal en Canaima", que el levantamiento de la toma del aeropuerto ocurre luego de "llegar a un acuerdo con los manifestantes" y que la declarante, ministra para Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, estuvo acompañada en la negociación por "la ministra de Turismo, el Jefe de la Redi de Guayana y el jefe de la Zodi" (Las negritas son mías).
A partir de estas tres noticias creo que es necesario aclarar y analizar los siguientes puntos, que podemos resumir en temas sobre olvidos, fraudes legales y mutismo institucional:
Los olvidos: Venezuela es un país que a veces tiene la memoria corta y es necesario que constantemente busquemos recordar lo que mucha gente prefiere que olvidemos.
La minería en el Parque Nacional Canaima no es una situación nueva. Existen denuncias al respecto desde hace varios años. Entre otras, podemos recordar un conflicto previo entre indígenas de la etnia pemón y militares venezolanos por causa de la minería en este Parque Nacional, hecho que ocurrió a inicios del año 2013. Al final de todo, y más allá de las sucesivas denuncias, no ha habido ningún avance a este respecto y mucho menos pudiera fortalecerse un Plan de Acción que nunca pareciese haber existido más que en el nivel de las dimensiones fantasmas.
La minería de oro dentro del Parque Nacional ha sido reconocida incluso por las más altas autoridades nacionales. Y muy a pesar del ciudadano general Ministro de la Defensa existen declaraciones reconociendo esta situación por parte de autoridades militares, varios ministros, e incluso por el propio Presidente de la República. ¿Qué ignora o desea que ignoremos este alto funcionario? Y en todo caso ¿Por qué el ministro de la defensa tiene que opinar al respecto de un tema claramente ambiental?
El problema en el Parque Nacional Canaima es solo la punta del iceberg de la grave situación que ocurre en toda la región de Guayana. Lo que está ocurriendo en Canaima es una tragedia nacional. Este Parque Nacional es uno de los tesoros más espléndidos de la naturaleza. Su destrucción nos señala ante el mundo como un pueblo bárbaro a la altura de aquellos que actualmente destruyen por motivos estúpidos sus patrimonios culturales. Adicionalmente Canaima es, en parte, guardián de la cuenca del río Caroní el cual a través del sistema hidroeléctrico del Guri genera cerca del 70% de la electricidad del país. Asimismo, pudiera producir cantidades importantes de divisas para el desarrollo de sus comunidades a través de programas serios de ecoturismo. Pero, y es un pero muy grande, ante esta situación, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en el resto de la región, en la cual la codicia de grandes grupos de delincuentes están destruyendo el ambiente, poniendo en peligro la salud, la vida y la cultura de los pueblos indígenas y amenazando el futuro del país.
Fraudes: No todo lo se anuncia con bombos y platillos y a veces con beneplácito de muchos es bueno y a veces no es legal, ni legítimo. Las "buenas intenciones" (si es que las hay) no legitiman.
La situación retrata la negligencia, incapacidad e incluso posiblemente complicidad de diferentes personas en propiciar y mantener esta situación. Si la situación no es nueva, si ella es grave, si ha sido denunciada en varias ocasiones, incluso por altos funcionarios del gobierno ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Cuántas acciones urgentes han sido anunciadas? ¿Cuántos planes se han elaborado? ¿En qué ha terminado todo ello?... ¿Volveremos a oír otra denuncia parecida lamentándonos por lo poco que quede de Canaima dentro de algunos años?
La ley no debería ser negociable. Cuando la ministra Aloha Núñez habla de que realizó "Mesas de Trabajo" para llegar a acuerdos con "los manifestantes" ¿Qué fue lo que negoció? Dicho de esa manera puede entenderse que los miembros de la comunidad estaban exigiendo algún tipo de reivindicación social, como si protestaran por la falta de agua, la inseguridad u otro problema que los afectara. Ello escamotea el hecho de que se trata de una situación que involucra delitos claramente tipificados en la Ley Penal del Ambiente y que debería llevar a sanciones a sus ejecutores y promotores. No he podido encontrar ninguna información donde, al menos, se anuncie el inicio de una investigación penal al respecto. O es que lo que se quiere es encubrir a los que están detrás de esta situación. Este tema no involucra solamente a mineros ilegales, sino particularmente a grupos que tienen la capacidad de financiar los costosos equipos, materiales, insumos y logística que se necesita para estas operaciones ¿Entonces este es un episodio más para la impunidad como valor nacional?
Mutismo: El silencio puede ser a veces prudencia, pero a veces es complicidad.
Enmudecen los organismos responsables. Cuándo la ministra Núñez habla de sus acompañantes en la negociación, no nombra al Ministerio de Ecosocialismo y Aguasa Inparques o ninguna de sus autoridades ¿Estas instituciones o personas no tienen ya competencias legales al respecto del manejo y de los delitos cometidos en un área natural protegida? Reto a cualquiera a buscar alguna información reciente que involucre al Parque Nacional Canaima y que el ministro, o cualquier miembro de su equipo, haya realizado alguna declaración, comentario o al menos haya lanzado un grito de ¡PÍO! (al menos para no morir sin decir ni ¡pío!).
El silencio señala. Algunas organizaciones no gubernamentales (como el CIEV, la Red ARA, PROVEA) han venido realizando una campaña de denuncia sobre esta situación. Pero por otra parte, los grupos que en décadas atrás tuvieron un papel importante en revelar los efectos de la minería en Guayana, condenar la mala gestión de los Parques Nacionales y otras "Áreas Protegidas" y alertar sobre la mercantilización de los recursos naturales entre otros temas, ahora parece que hicieron voto de silencio. Algún día deberán responder por su omisión ante su conciencia, sus hijos y nietos.
Si ellos callan ¿Qué deberíamos estar diciendo el resto de la sociedad venezolana? ¿Nos debemos callar también? Por otra parte ¿Deberían opinar al respecto las organizaciones ambientales internacionales? O esto último es "injerencismo"y por lo tanto deberían callar también.
Creo en la esperanza. No en creer que algo va a ocurrir porque yo lo deseo, sino de la que hablaba el dramaturgo y presidente checo Vaclav Havel cuando decía:"La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final".
Autor Alejandro Álvarez Iragorry Publicado en: http://notiambienteve.blogspot.com/Ambiente y ecología