Moralidad y desahucios

Laurence Kohlberg propuso hace medio siglo un modelo que trataba de describir el desarrollo del razonamiento moral desde la infancia hasta la edad adulta. Su modelo se basó en un estudio sobre  una muestra de sujetos a los que planteaba una serie de dilemas morales , por ejemplo, si está o no justificado que una persona robe una medicina que no puede pagar pero que salvaría la vida de su mujer enferma. Su modelo describía la evolución de la moralidad a partir de tres niveles o fases sucesivas: preconvencional, convencional y postconvencional. El avance a través de estos niveles estaría propiciado por el desarrollo cognitivo y por las experiencias personales en un mundo social. Según el psicólogo norteamericano, el nivel convencional, propio de la mayoría de los sujetos adultos, se caracteriza por un apego estrecho a las normas y reglas establecidas democráticamente y que regulan el funcionamiento de la sociedad. El seguimiento estricto de estas normas por parte de los ciudadanos sería lo que caracterizaría el funcionamiento ordenado de la sociedad, y que evitaría el caos social. En esta etapa del desarrollo moral, la sociedad se sitúa por encima del individuo.  Se trata de una ética convencional y racional que carece de la flexibilidad necesaria para tener en consideración las sutilezas de algunas situaciones de personas o grupos, ya que los procedimientos democráticos no garantizan el respeto de los derechos de las minorías.
Pues bien, escuchando las opiniones de bastantes políticos y tertulianos a la hora de justificar que muchos ciudadanos se vean desprovistos de sus viviendas por la imposibilidad de hacer frente al pago de sus hipotecas, parece muy evidente que sus justificaciones encajan en este nivel de razonamiento moral convencional, que dista mucho de ser el más evolucionado.  Según Kohlberg, el nivel más avanzado o postconvencional se caracteriza por ser  una perspectiva  centrada en los derechos individuales: los derechos humanos básicos (vida, libertad, trabajo, vivienda) deben situarse por encima de la sociedad y sus leyes. Sería una obligación moral de los ciudadanos oponerse mediante procedimientos democráticos a las leyes y contratos sociales injustos que  violasen esos derechos individuales.
Si es cierto, que quienes están siendo desahuciados firmaron un contrato "legal" con su banco, también es cierto que la Constitución Española establece en sus artículos 35 y 40, el derecho de los españoles y españolas al trabajo y a una vivienda digna. Me resulta difícil  entender que un gobierno democrático no sea capaz de garantizar estos derechos mediante medidas económicas que permitan un rescate de los particulares afectados (unas 350.000 familias han perdido su vivienda en los últimos tres años) cuando, en cambio, ha destinado millones de euros a rescatar a la banca. Aún más perplejidad produce comprobar cómo en lugar de implementarse políticas económicas  que permitieran una redistribución de la riqueza para paliar las situaciones más dramáticas, observamos con estupor un aumento de las diferencias entre los sectores sociales más favorecidos y los que menos tienen.
No estamos atravesando solamente una crisis económica, sino también una profunda crisis moral en la que sociedad y sus gestores no son capaces de  garantizar los derechos básicos de la ciudadanía pero sí de permitir que  se enriquezcan algunos sectores sociales caracterizados por una falta de empatía y de solidaridad  que rayan la inmoralidad. Y resulta patético que quienes fueron elegidos por la ciudadanía para hacerse cargo de la gestión de lo público muestren una nivel tan poco evolucionado de desarrollo moral, cuando deberían ser los más postconvencionales.  Así no va.