Valorar en términos económicos los servicios medioambientales y establecer un coste de mantenimiento por su utilización, al menos por encima de ciertos límites, tiene, en mi opinión, toda la justificación ética. En primer lugar, porque frenar el deterioro medioambiental es urgente; es una ilusión peligrosa pensar que la humanidad puede aceptar de forma voluntaria un cambio radical en su forma de vida actual y en sus niveles de consumo. En segundo lugar, porque aplicar una solución basada en el mercado para proteger los activos medioambientales en riesgo, aunque sus resultados puedan no ser siempre ideales, es un mecanismo eficaz. Y en tercer lugar, porque la situación actual es injusta, ya que el consumo de la riqueza ecológica del planeta y los costes derivados de ese consumo están repartidos de forma profundamente desigual.
En muchos casos, la solución del mercado es más eficaz y más justa que decidir de forma discrecional sobre quién puede y quién no puede utilizar los recursos del medio ambiente. Hasta el momento, los modelos políticos basados en la idea de la conservación no han funcionado. El capital ecológico del planeta se está reduciendo a una velocidad exponencial y necesitamos detener esa tendencia.
El crecimiento de la economía y el aumento de la población ha hecho que el capital natural pase de ser un recurso ilimitado a un recurso cada vez más escaso. La humanidad impacta en la práctica totalidad del medio ambiente; y donde no hay un precio y, por tanto, no hay un coste para quien utiliza esos recursos naturales, no hay un incentivo para conservarlos. El resultado es la sobreexplotación y la degradación. En ausencia de precios y costes, existe un incentivo económico muy poderoso para consumir el capital ecológico del planeta por encima de los límites de seguridad. Si la ética y las normas sociales no son suficientemente vinculantes, solo nos queda la regulación y, sobre todo, el instrumento del mercado.
Fijar precios para limitar y proteger la utilización del medio ambiente no debe confundirse con ningún tipo de valores morales. Los valores tienen que ver con los fines; los precios son solo instrumentos para alcanzarlos. Establecer un sistema de precios con relación al medio ambiente es una forma de coerción para alcanzar un fin, la de imponer un pago a la economía que persigue mantener un stock agregado de capital ecológico y de activos naturales críticos por encima de los límites de seguridad. El objetivo es evitar que los recursos medioambientales renovables se conviertan en no renovables y se ponga en peligro la estabilidad ecológica del planeta.
"Si la ética y las normas sociales no son suficientemente vinculantes, solo nos queda la regulación"
Como he dicho en el pasado: "La falta de confianza en el mercado parte, en muchas ocasiones, de prejuicios ideológicos o del miedo a la libertad, y supone desconocer su esencia social y profundamente democrática. Como contrapartida, sin Gobierno e instituciones, el mercado no puede operar. Los Gobiernos tienen la obligación de garantizar un nivel adecuado de 'bienes públicos' como la estabilidad medioambiental y un reparto justo de la renta y la riqueza entre generaciones. Muchos culpan al mercado de los fallos imputables a los Gobiernos. Creo firmemente que el mercado es la solución para frenar la degradación medioambiental. No existe otra alternativa. Si consideramos el medio ambiente un recurso de acceso libre, ilimitado y gratuito, le damos un mensaje equivocado al mercado. El mercado tampoco puede elaborar una lista con todos los costes que provoca nuestro modelo de desarrollo y enviarnos una factura con el importe".
La decisión de los límites al consumo de recursos ecológicos y del nivel de precios adecuado para ese límite requiere seguir un proceso que, de nuevo, debe basarse en la ética de la gestión adaptable y del pragmatismo medioambiental. Pero la política debe seguir unos pasos. Primero: debemos escuchar a la ciencia para definir los umbrales a partir de los cuales resulta necesario garantizar la protección del capital ecológico. Segundo: siempre es necesario un análisis de potenciales alternativas y estudiar el conjunto de los costes y beneficios de cada una de ellas. Tercero: necesitamos incorporar una visión más holística del medio ambiente. El todo es siempre más que la suma de las partes, y proporciona servicios específicos. Resulta necesario combinar la valoración del conjunto de los ecosistemas con la de los elementos que los integran.
Sin información veraz y completa sobre los impactos medioambientales no se pueden tomar decisiones políticas ni empresariales, y tampoco se pueden construir consensos sociales amplios. El mercado no reconoce la posibilidad de que algunos activos puedan no ser sustituibles por otras formas de capital. Para funcionar, el mercado necesita información y señales en términos de precios.
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