Muy legal no era. Ni poco.

El Ayuntamiento de Torrejón, a través de su ínclito alcalde, ha anunciado que va a retirar las normas de empadronamiento que regían desde que el PP gobierna en esa localidad y que, en la práctica, impedían el empadronamiento de inmigrantes que legalmente tenían derecho a ello.

Cuando estas normas fueron denunciadas por Izquierda Unida, se apeló al clásico insulto sobre el buenismo. Cuando después de saltar la noticia de lo que pretendía el Ayuntamiento de Vic hacer, se puso en foco en el ayuntamiento torrejonero, el propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid salió en defensa de lo que el equipo de gobierno de su propio partido estaba haciendo excusándose en la prevención de pisos pateras y otras excusas de guardar.

Pues no. Ni muy legal ni poco legal. Las normas de empadronamiento que han regido en Torrejón de Ardoz son ilegales, según el dictamen del Abogado del Estado.

Es cierto que el Ayuntamiento de Torrejón no es xenófobo, como argumenta el propio Alcalde. Las instituciones no son nada, claro, pero los que las gobiernan si. Y el equipo de gobierno popular adoptó una medida tendente a la exclusión de inmigrantes y eso si es xenofobia a tenor de lo expuesto en el Artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que dice que la xenofobia es:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Al parecer, el Partido Popular está decidido a caminar hacia la extrema derecha utilizando no sólo la inmigración de forma maniquea e interesada apostando por exacerbar sentimientos racistas y xenófobos en una población que compite en paro y precariedad con los inmigrantes. Un polvorín en el que las políticas de integración, por mor y gracia de este Gobierno de la Comunidad, son inexistentes.

Hoy nos despacha nuestra dama de hierro particular con otra fascistada, levantando una propuesta que va contra la constitución y contra los más elementales derechos humanos que han construido esta Europa, la cadena perpetua tal y como ella la entiende, esto es, de por vida. Y ayer, al olor de las sardinas también se propugnaba por la reforma de la ley del menor.

Así, tacita a tacita, van inoculando en la sociedad un debate berlusconiano, donde impera la ley del más fuerte y donde el palo se impone a la razón. En ese debate la derecha rancia, que propugna políticas para perpetuar sus privilegios a costa de que los demás nos enfrentemos los unos a los otros, lleva toda las de ganar salvo que haya una posición nítica y nada timorata desde el otro lado, desde una izquierda despistada que puede tener la tentación de comprar el discurso en función de las encuestas electorales.