La Fiscalía anticorrupción investiga si es delito la pensión vitalicia, y el fastuoso sueldo de 600.000 euros al año que se autoadjudicó la ex directora general de la CAM una vez constatado que la entidad que dirigía era un amasijo de balances oxidados para maquillar pérdidas millonarias. Pues sí, es delito. En época de recortes y prioridades, no hay que destinar mucho tiempo a dirimir la cuestión. Es delito en cuanto es aprovechar el dinero público para uso personal, en forma de pensión y macrosueldo inmerecido del todo. O debería serlo. Porque si finalmente la Fiscalía dictamina que se arregla a derecho, ¿qué podemos esperar? Y cuando nada queda que esperar ni nada que perder, es cuando nos podemos volver más peligrosos frente a los que sí tienen mucho que perder, aun siendo de prestado aunque ya no se acuerden. Hoy, El Roto lo ejemplifica muy bien, como siempre.