El TSJ de Murcia ha obligado a la Consejería de Sanidad de la comunidad a pagar 180.000 euros a un paciente que sufre una parálisis de un pie tras ser operado de una cadera. La mala praxis médica no queda demostrada, pero sí que no se le informó de las posibles complicaciones.Soledad Valle - Martes, 29 de Septiembre de 2009 Si los expertos, a través de los informes peritales, no han podido establecer la causa última de la lesión, tampoco se le puede exigir al demandante.
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha condenado a la Consejería de Sanidad de la comunidad a pagar 180.000 euros en concepto de indemnización a un paciente por la parálisis que sufre en un pie tras una intervención de sustitución de cadera.
El paciente interpuso la demanda alegando una mala praxis médica, extremo que no se llegó a dilucidar durante el juicio, como pone de manifiesto la sentencia al señalar que no pudo "descartarse una mala praxis médica, pues no consta con claridad la causa última de la lesión". Ante esta circunstancia, el tribunal da la razón al paciente, sustentando su decisión en que "no se acredita que se le informara de la posibilidad de una complicación [en la operación]", ya que no existe el documento de consentimiento informado.
Los hechos juzgados tuvieron lugar en una clínica de Murcia a la que el paciente acudió para ser intervenido de una sustitución de prótesis de cadera. Para la operación se le administró anestesia espinal mediante tres punciones lumbares, que le provocaron "un intenso dolor en la pierna y pie derechos". En el posoperatorio "se objetivó parálisis de musculatura de compartimento anterior y lateral de pierna derecha, asociados a dolor en pierna y pie del mismo lado". Pasados unos meses y sin observar ninguna mejoría, se le practicó una electromiografía en la que se evidenciaba una lesión nerviosa con varias vértebras afectadas de manera muy severa y moderada.
El informe del perito de la acusación apunta que hubo una mala praxis médica en la incorrecta elección de la aguja a través de la que se suministró la anestesia, "responsable de la anómala distribución del anestésico [causa de las lesiones nerviosas, según los informes médicos]"; y, también, en la elección del fármaco analgésico, la lidocaína, con propiedades "más lesivas".
Mientras, el informe del perito de la compañía de seguros,dice que la causa de que el anestésico no se distribuyera correctamente dañando los nervios se debe a "las peculiaridades anatómicas" del paciente, que juzgan "imposibles de conocer y evitar".
El peso de la prueba
Con estos informes periciales realizados por expertos y arrojando resultados opuestos, el tribunal concluye que "si los especialistas no han podido establecer con seguridad la causa última de la lesión, tampoco puede exigirse al recurrente que acredite plenamente cual fue dicha causa", como le correspondería.
Para la resolución, el tribunal termina amparándose en el desconocimiento del paciente "de la posibilidad de una complicación tan grave como la que tuvo lugar", al no presentarse en el juicio ningún documento de consentimiento informado.
SIN UNA EXPLICACIÓN FACULTATIVA CLARA
Hay más casos en los que, con informes peritales enfrentados, el tribunal termina condenando a la Administración. La Audiencia Provincial de Vizcaya admitió la demanda de una paciente que pedía una indemnización de 250.000 por los daños sufridos tras una operación de hernia discal. El mismo tribunal reconocía la existencia de serias dudas sobre el origen de la lesión; sin embargo, aplicó la teoría del daño desproporcionado, según la cual para que el facultativo quede impune necesita ofrecer "explicaciones coherentes del porqué de la importante disonancia entre el riesgo inicial que implicaba una actividad médica y la consecuencia producida". Las explicaciones del médico no convencieron al tribunal que, además, tiene en cuenta que las lesiones de la paciente aparecieron "inmediatamente" después de la operación.
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